Toda la academia y todos los juristas pedían este cambio. Y también lo pedía la sociedad… la sociedad tal vez no por las razones técnicas, jurídicas o específicas que muchas veces tenemos los abogados, sino por razones más sencillas, más vitales, más cotidianas: asegurar una administración de justicia penal mucho más segura y que contemple la reparación de las víctimas y también la participación de las víctimas como contralor de los procesos.