Versión traducida. Leer el artículo original (en inglés) en el sitio de The Guardian.

Si los buitres de la deuda se salen con la suya, jamás habrá un nuevo comienzo para los países endeudados… y nadie estará de acuerdo con la reestructuración.

Una reciente decisión del tribunal de apelaciones de Estados Unidos amenaza con voltear los mercados de deuda internacionales. Incluso puede llevar a que Estados Unidos deje de ser visto como un buen lugar donde emitir deuda soberana. Como mínimo, hace inviables todas las reestructuraciones de deuda en los contratos estandarizados de endeudamiento. En consecuencia, se ha derrumbado un principio básico del capitalismo: que cuando los deudores no pueden pagarles a los acreedores, hace falta un nuevo comienzo.

Los problemas empezaron hace doce años, cuando Argentina no tuvo otra opción que devaluar su moneda y entrar en cesación de pagos sobre su deuda. Bajo el régimen vigente, el país venía cayendo en espiral de un modo muy similar al que hoy nos resulta familiar por lo que está pasando en Grecia y en otros países de Europa. El desempleo se estaba disparando y las medidas de austeridad, lejos de reconstruir el equilibrio fiscal, exacerbaron la recesión.

La devaluación y la reestructuración de la deuda funcionaron. En los años siguientes y hasta el estallido de la crisis financiera mundial en 2008, el crecimiento del PBI de Argentina fue del 8 % anual, uno de los índices más rápidos del mundo.

Hasta los antiguos acreedores se beneficiaron de este rebote. En una medida altamente innovadora, Argentina intercambió deuda vieja por deuda nueva, a un valor aproximado del 30 %, junto con un bono indexado según el PBI. Cuanto más crecía Argentina, más les pagaba a sus antiguos acreedores.

Los intereses de Argentina y de aquellos acreedores estaban, consecuentemente, alineados: ambos querían que hubiera crecimiento. Era el equivalente al “Capítulo 11” (del Código de Quiebras de EE. UU.) de reestructuración de la deuda corporativa estadounidense, en el que la deuda se intercambia por participaciones, convirtiendo a los tenedores de bonos en nuevos accionistas.

Las reestructuraciones de deuda a menudo implican conflictos entre los diferentes demandantes. Por eso, para los conflictos internos de deuda, los países tienen leyes de quiebra y tribunales. Pero no existe tal mecanismo para resolver las controversias internacionales de deuda.

Había una vez un tiempo en el que este tipo de contratos se ejecutaba mediante intervenciones armadas; a esto lo aprendieron México, Venezuela, Egipto y un montón de países más a un altísimo precio en el siglo XIX y principios del siglo XX. Después de la crisis argentina, el gobierno del presidente George W. Bush vetó las propuestas que buscaban generar un mecanismo para la reestructuración de la deuda soberana. El resultado: ni siquiera se finge interés en hacer reestructuraciones justas y eficientes.

Los países pobres están generalmente en gran desventaja en las negociaciones con los grandes prestamistas multinacionales, que por lo general están respaldados por los poderosos gobiernos de sus países de origen. A menudo, los países deudores ajustan tanto para pagar, que vuelven a quebrar pocos años después.

Los economistas aplaudieron el intento de Argentina para evitar este resultado a través de una profunda reestructuración acompañada de los bonos vinculados al PBI. Pero algunos fondos «buitre» -más notoriamente el fondo especulativo Elliott Management, encabezado por el multimillonario Paul E. Singer- vieron los esfuerzos de la Argentina como una oportunidad para obtener grandes beneficios a costa del pueblo argentino. Ellos compraron los bonos viejos por una fracción de su valor nominal, y luego usaron el litigio para tratar de forzar a Argentina a pagar el 100 %.

Los estadounidenses saben que las empresas financieras ponen sus propios intereses por delante de los del país y el mundo. Los fondos «buitre» han llevado la codicia a un nivel nunca visto.

Su estrategia de litigación se aprovechó de una cláusula contractual estandarizada llamada pari passu, pensada para garantizar que se trate a todos los demandantes de manera equitativa. Lo insólito es que la Corte de Apelaciones de EE. UU. resolvió que lo que esto significaba, es que si Argentina les pagaba en su totalidad a aquellos que habían aceptado la reestructuración de la deuda, tenía que pagarles en su totalidad a los fondos «buitre».

Si este principio prevalece, nadie aceptará jamás reestructurar deuda. Nunca habrá un nuevo comienzo – con todas las consecuencias desagradables que esto implica.

En las crisis de deuda, la culpa suele recaer sobre los deudores: pidieron prestado demasiado. Pero los acreedores son igual de culpables: prestaron demasiado y con imprudencia. De hecho, se supone que los prestamistas son expertos en evaluación y gestión de riesgos y, en ese sentido, la responsabilidad tiene que caer en ellos. El riesgo de cese de pago o reestructuración de deuda impulsa a los acreedores a tomar decisiones de préstamo más cuidadosas.

Las consecuencias de este aborto de la justicia podrían sentirse largamente. Después de todo, ¿qué país en vías de desarrollo que sí tenga en cuenta los intereses a largo plazo de sus ciudadanos va a elegir emitir bonos a través del sistema financiero de EE. UU., cuando las cortes de Estados Unidos (como tantos otros elementos de su sistema político) parecen permitirles a los intereses financieros atropellar el interés público?

Los países harían bien en no incluir cláusulas pari passu en los contratos de deuda futuros, por lo menos sin especificar con más detalle lo que se pretende. Tales contratos deberían incluir también cláusulas de acción colectiva, lo que hace imposible a los fondos «buitre» sostener la reestructuración de la deuda. Cuando una proporción suficiente de acreedores dé acuerdo a un plan de reestructuración (en el caso de Argentina, los titulares de más del 90 % de la deuda del país lo hicieron), los otros pueden ser obligados a estar de acuerdo.

El hecho de que el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Justicia de EE.UU., y las ONG que luchan contra la pobreza se unieran para oponerse a los fondos «buitre», es revelador. Pero también lo es la decisión del tribunal, que evidentemente asigna poco peso a sus argumentos.

Para los países en vías de desarrollo y los mercados emergentes que albergan resentimientos contra los países más desarrollados, se suma una razón más para el descontento hacia este tipo de globalización que ha sido gestionada para servir a los intereses de los países ricos; específicamente a los intereses de sus sectores financieros.

A raíz de la crisis financiera mundial, la Comisión de Expertos sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional de las Naciones Unidas nos ha instado a diseñar un sistema eficiente y equitativo para la reestructuración de la deuda soberana. El tendencioso fallo del tribunal de EE.UU., una sentencia económicamente peligrosa, muestra por qué necesitamos un sistema así ya mismo.

• Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente es El precio de la desigualdad. Cómo la división social pone en peligro nuestro futuro.

Copyright: Project Syndicate, 2013.