Al fallecer el Sr. Aroldo Rosso -aficionado a la arqueolgía- la colección por él colectada y exhibida en el Museo Ambato de la Ciudad de la Falda fue objeto de una disputa entre sus herederos a raíz de intereses privados que advirtieron el alto valor de dicha colección, integrada por piezas del Valle del Ambato, sobre todo de cerámica Negra.

La disputa consistía en definir si esta colección formaba parte del patrimonio histórico cultural de nuestra Nación -y por lo tanto la tutela y propiedad correspondía al Estado Nacional- ó pertenecía a la órbita de la herencia privada de Aroldo Rosso, pasible de ser vendida por sus sucesores.

En ese marco, un grupo de ciudadanos de la ciudad de La Falda preocupados por el robo y el saqueo que la “Colección Rosso” comenzaba a sufrir, decidieron acudir a la Justicia por medio de una acción de Amparo, buscando protección de lo que consideran Patrimonio Cultural de la Nación.

Todo ello se llevó a cabo con fundamento en la ley 25.743 promulgada por el Presidente Néstor Kirchner en el mes de junio de 2003 que permite a cualquier ciudadano exigir al Estado Nacional la tutela sobre toda riqueza arqueológica que yace en el subsuelo argentino.

La Justicia Federal de Córdoba admitió el reclamo, declaró a la colección patrimonio cultural histórico y nombró depositario de la colección al entonces Intendente de La Falda, Marcos Sestopal, quien en franco reconocimiento a la labor desplegada por la Asociación de Amigos suscribió un convenio con ellos otorgándole la gestión y administración del Museo Municipal Ambato, donde se encontraban las piezas.

A comienzos del mes de abril de 2008 se produjo el brutal saqueo de alrededor de 1.000 piezas, que estaban en un sótano de la Casona del Museo.

La Asociación de Amigos realizó la correspondiente denuncia penal por ante la Justicia Federal de la ciudad, pese a que la Justicia Provincial sostenía que la competencia era de carácter local.

La cuestión debió ser llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió por unanimidad que la competencia era federal debido a que el saqueo se había cometido con fines de tráfico ilícito, siendo el Estado Nacional quien debe ejercer la tutela de la riqueza arqueológica.

Cabe destacar que la Provincia de Córdoba es la única provincia del territorio argentino que no ha adherido a la referida Ley Nº 25.743 de protección de patrimonio arqueológico y palenteológico.

Avanzada la investigación, a comienzos del año 2012 se realizó un allanamiento en un departamento de Barrio Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de propiedad del Sr. Mateo Goretti, miembro de la Fundación Pensar (usina de ideas del Partido PRO de Mauricio Macri), en el cual se secuestraron 60 piezas de aquéllas saqueadas en el año 2008.

De la Investigación Penal surgen claras evidencias de una relación entre el Sr. Mateo Goretti y varios traficantes de la Provincia de Córdoba, junto con personajes de la política provincial.

A partir de allí comenzó una denodada actividad por parte de un equipo de abogados de la defensa a los fines de que la causa prescribiera. Se destaca que el equipo de profesionales que asesoran al imputado Mateo Goretti están estrechamente vinculados con grupos del poder económico concentrados, entre ellos el abogado Jorge Anzorregui, vinculado profesionalmente a la Sra Ernestina Herrera de Noble. No es un dato menor que la causa está radicada en el Juzgado Federal Nro. 1 de Córdoba, cuyo titular es el Dr. Ricardo Bustos Fierro, tristemente conocido por sus fallos favorables al Grupo Clarin.

A raíz de un artículo publicado por el diario Tiempo Argentino en el mes de junio de 2013, la Presidenta de la Nación, en sus redes sociales, destacó la lucha de los ciudadanos de la ciudad de La Falda, criticando la posibilidad de que la causa contra Mateo Goretti prescribiera.

Aún más: el 10 de julio de ese mismo año recibió a los miembros de la Asociación y ordenó que el Gobierno Nacional interviniera en solidaridad con la lucha de la Asociación de Amigos del Museo; y a su vez dispuso que la Asociación suscribiera un convenio con la Subsecretaria de Obras Públicas por medio del cual se le otorgó a la Asociación un subsidio por casi cinco millones de pesos destinados a la refacción y puesta en valor de la casona del Museo Ambato de La Falda. El área técnica de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura de la Nación fue la encargada de la elaboración del proyecto para la concreción
de la obra.

En este año 2015 el Juez Ricardo Bustos Fierro decidió sobreseer a Mateo Goretti por los delitos de encubrimiento agravado y declarar extinguida la acción penal por prescripción, sentencia que no se encuentra firme y que ha sido apelada por el Fiscal Enrique Senestrari, Fiscal del Juzgado Federal Nº1. Incluso dicho Fiscal ha ampliado la imputación sobre dos hechos que no habían sido investigados, situación que ha sido apelada por la defensa de Matteo Goretti. La labor desempeñada por la Asociación de Amigos del Museo Ambato tiene un profundo arraigo en la comunidad del Valle de Punilla, siendo reconocida
por distintas instituciones comunitarias, constituyéndose en un puntal en la lucha por la defensa del Patrimonio Cultural.

Finalizada la obra financiada por el Estado Nacional en el Museo Ambato, resta la firma de un convenio tripartito entre la Municipalidad de la Falda, la Asociación de Amigos del Museo Ambato y el Ministerio de Cultura de la Nación, por medio del cual la Municipalidad dará en comodato el inmueble, el Ministerio colaborará para la financiación del funcionamiento del Museo y la Asociación de Amigos lo administrará y gestionará para que se encuentre abierto a todos los habitantes de la comunidad.

En relación al contexto político, la Municipalidad de la Falda está en manos de un Radical aliado al PRO llamado Eduardo Emilio Ardhu, que este año ganó la reelección de la Intendencia con el 48.27% de los votos.

La Asociación de Amigos del Museo Ambato y el Ministerio de Cultura están de acuerdo en el texto del convenio tripartito que se requiere para que el Museo comience a funcionar, pero la Municipalidad está indecisa respecto de algunas cláusulas; si bien se comprometió públicamente a firmarlo, se opone a la cantidad de años de duración del comodato, exige que el Estado Nacional financie el festejo de las fiestas locales y no se muestra del todo de acuerdo con la eximición de todas las tasas municipales.

Así que una vez que se firme el acuerdo, el Museo comenzaría a funcionar.