¿Qué políticas se han implementado hasta ahora para enfrentar el Trabajo No Registrado?
Este Gobierno con la Ley 25.877 de 2004 restauró la inspección nacional del trabajo. El Ministerio de Trabajo, la AFIP y las autoridades provinciales, se aliaron para recuperar la fiscalización del trabajo diezmada por el neoliberalismo.
También se recuperó para el Estado, la seguridad social y el sistema jubilatorio.
Elaboramos leyes para sectores críticos con alta incidencia de trabajo no registrado: Régimen del Trabajo Agrario (Ley N 26.727) y Régimen especial de contrato para el Personal de Casas Particulares (Ley N 26.844).
Tenemos en la agenda legislativa la regulación del Trabajo a Domicilio, una actividad básicamente urbana que ha verificado altos índices de informalidad y trabajo esclavo.
Evolución y situación actual del trabajo no registrado
La informalidad laboral creció sin pausa en nuestro país CON TODOS LOS GOBIERNOS desde la irrupción del neoliberalismo en 1976.
Solo comenzó a bajar con nuestro proyecto político desde 2003: de casi el 50% a alrededor del 33% en la actualidad. Además, el empleo asalariado registrado en empresas privadas creció un 82%, alcanzado en el nivel más elevado de los últimos 40 años.
Pero la Tasa de Empleo No Registrado está estabilizada en esta proporción desde 2009 y es innegable que presenta aún magnitudes que afectan las condiciones de inclusión e igualdad de nuestra sociedad.
Nosotros tuvimos que ocuparnos primero, de restaurar derechos laborales a un nivel global y general. Ahora es el momento de profundizar mecanismos para continuar la mejora de esta situación.
Ningún gobierno, incluso aquellos en los que, a diferencia de nosotros, creció la informalidad laboral, pensó un conjunto de instrumentos articulados para enfrentar globalmente este problema, como los que se incluyen en este proyecto de ley.
Principales acciones que contempla el proyecto de Ley:
-Fortalecemos las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional llega menos, y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos.
–Creamos el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
-Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán, desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
-Ampliamos dos instrumentos actualmente existentes para fomentar las contratación de trabajadores formales:
La Ley 26.476 que prevé beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, incluirá mayores incentivos a las pequeñas empresas.
Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, un instrumento que a través de un acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos, facilita la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.
-Creamos un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de menores niveles de productividad y competitividad:
Las empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual, tendrán una reducción en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en este sector.
El objetivo central de esta política es reducir, en la medida de lo posible, los costos laborales NO salariales para aquellas empresas de baja productividad. Esto NO afectará ningún derecho laboral de los trabajadores.
Las diferencias de este Proyecto de Ley con esquemas de otras épocas son sustantivas:
Aquellos planteaban rebajas generalizadas y permanentes de cargas laborales (aportes y contribuciones) para TODOS los empresarios, sin exclusiones, ni restricciones. Y además bajaban el costo del despido.
En cambio, esta política otorga el beneficio siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, como por ejemplo, el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Los beneficios de contratación son sólo por dos años (excepto para las microempresas), se privilegia a las PyMEs, y NO modifica el costo del despido.
