Por Raúl Kollmann, Página/12.

El aparato judicial de fluidas relaciones con el macrismo intentará en las próximas semanas volver a sentar a Cristina Fernández de Kirchner como acusada ante un juez de Comodoro Py. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques produjeron su anunciado dictamen justamente destinado a pedirle al juez Julián Ercolini que cite a indagatoria a CFK. El primer dato llamativo es que se expidieron ocho años después de iniciada la causa, en 2008, lo que muestra la dimensión política del escrito. Y como fundamento sostienen que se le otorgaron 16.000 millones de pesos en obras a Lázaro Báez y que a cambio el constructor pagó, como coimas, alquileres por unos 40 millones.

En la defensa de la ex presidenta señalan que el ejercicio de deducción de los fiscales supone la existencia de una coima del 0,2 por ciento de lo adjudicado, algo que no cierra por ningún lado según el propio discurso de los acusadores, que siempre dijeron que el kirchnerismo cobraba coimas Movicom: había que ponerle el 15 delante. Además, los mismos fiscales sostienen que la maniobra empezó en 2003, incluso antes de la asunción de Néstor Kirchner, pero se contradicen porque no hubo alquileres hasta cinco años después, en 2008.

De todas maneras, el principal problema de la imputación es que no pudieron encontrar una cuenta en el exterior de CFK, fondos ocultos o no declarados, ni propiedades que no estuvieran registradas, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con Báez y con José López. Y a diferencia de las sociedades que le detectaron a Mauricio Macri en Panamá (ver nota de tapa). Es evidente que necesitan más pruebas contra CFK, pero por ahora no aparecen y por lo tanto todo el escrito tiene un fuerte contenido político, más que judicial. Aún así, habrá que ver si el magistrado no convoca a la indagatoria.

Por las dudas, en el horizonte está la insólita acusación por traición a la patria en el caso del Memorandum con Irán y la denuncia de Alberto Nisman, ahora sostenida por el aparato de fiscales que trata de equiparar los problemas económicos del Ejecutivo con citaciones a Comodoro Py. En septiembre habrá definiciones.

De apuro

Desde hace más de un mes se viene anunciando con bombos y platillos que los fiscales presentarían un escrito vinculando el caso Báez con Hotesur, Los Sauces, las valijas de José López y todo lo que se pudiera. Las 170 páginas de Pollicita y Mahiques son el resumen del intento y en sí mismo muestran la hilacha política: es un escrito presentado ocho años después de iniciada la causa y cuando las turbulencias políticas por tarifas y recesión requerían de movidas contra el anterior gobierno. La idea del texto es que primero Néstor y luego Cristina le dieron privilegiadamente obras por 16.000 millones de pesos a Báez, lo que incluyó sobreprecios, obras no terminadas y pagos adelantados, recibiendo los Kirchner, a cambio, alquileres por hoteles y oficinas.

Para vincular a la ex presidenta se recurre esencialmente a argumentos políticos. Por ejemplo, que durante los mandatos kirchneristas se adjudicaron obras a Santa Cruz que representaron el 11,2 por ciento de la construcción vial del país, una cifra que los fiscales señalan supera la adjudicada a ocho provincias juntas: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

El tema es que Santa Cruz representa el 9,5 por ciento del territorio nacional, de manera que no es demasiado desproporcionado el porcentaje que recibió de la construcción vial.

Al mismo tiempo, la mayor parte de las obras estaban en el Presupuesto Nacional votado por el Congreso, aunque hubo decretos de necesidad y urgencia y reasignación de partidas de jefatura de Gabinete, algo habitual en todos los gobiernos. Mauricio Macri acaba de hacer una reasignación a favor de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.

Un dato curioso es que los fiscales le dan una especie de tono delictivo a la reasignación de partidas de Jefatura de Gabinete y sin embargo no piden la indagatoria de esos jefes de gabinete, Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich o Aníbal Fernández, sino únicamente de la ex presidenta que, por otra parte, no firmó buena parte de las resoluciones.

Otro de los argumentos políticos de los fiscales es que los Kirchner armaron los equipos de Obras Públicas con demasiados santacruceños, es decir funcionarios que ya habían sido funcionarios de su gobierno provincial. Sobre esa base sostienen que se constituyó una asociación ilícita para beneficiar a Báez. No les sería difícil utilizar el mismo argumento contra Macri que, con cierta lógica, también recurrió en gran parte a funcionarios que ya integraban su equipo en el gobierno porteño.

Cohecho

La hipótesis básica de Pollicita-Mahiques es que se benefició a Báez con adjudicaciones siderales, 16.000 millones de pesos, a cambio de una coima escondida en los alquileres, que no llegaron a 40 millones. No se aporta ninguna prueba, sino sólo se trata de una deducción. Cerca de CFK sostienen que no tiene ninguna lógica, los alquileres representan apenas el 0,2 por ciento de la cifra en obras mencionadas por los fiscales. Y además, no se explica qué pasó con el resto de la obra pública que alcanzó más de 100.000 millones de dólares, es decir 100 veces más que lo que se le otorgó a Báez.

Tampoco hay coherencia temporal. Los fiscales aseguran que toda la trama se empezó a montar en 2003, cuando Néstor Kirchner perdió el ballotage y ya se decía que Carlos Menem se retiraba de la segunda vuelta. A partir de ahí, se planificó la adjudicación a Báez y se le dieron obras desde que Néstor asumió.

Sin embargo, las transacciones por los hoteles empezaron en 2008, es decir cinco años después, y en verdad el grueso fue después de 2009 y hasta 2013. Después de ese momento, no hubo más alquileres, pero aún así continuó la obra pública.

Como se sabe, Ercolini tiene la llamada causa Hotesur, en la que se están haciendo dos pericias. La primera es contable, para ver si está todo registrado. La segunda es económica, para evaluar si los precios de los alquileres eran los del mercado. Lo asombroso es que ya hubo una causa en la que el juez en lo penal económico, Javier López Vizcayart, se expidió en 2015 diciendo que no había ninguna irregularidad y que la empresa de Báez, Valle Mitre, era una operadora de envergadura en Santa Cruz. También Ercolini se expidió en otro expediente igual de 2011 señalando que no existía delito. Ahora habrá que ver cómo se pronuncia, en línea con gran parte de Comodoro Py.

Defensa

La ex presidenta y su abogado, Carlos Alberto Beraldi, ya difundieron en su momento que la empresa de Baéz ocupó el puesto número 39 en la obra pública argentina, es decir no fue de las más beneficiadas. Y en el equipo de Infraestructura ya explicaron que no es lo mismo construir en Santa Cruz que en la Provincia de Buenos Aires. No es lo mismo en tiempo porque hay muchos días que no se puede trabajar por el clima y no es lo mismo en valores, dado que construir tarda el doble y se requieren otros materiales. Por otra parte, señalan quienes manejaron la obra pública, no había muchas empresas en condiciones de competir en el sur, dado que son pocas las que tienen el personal que puede trabajar en condiciones extremas y las máquinas adecuadas. Aún así –insisten– todo se hizo mediante licitaciones manejadas por la provincia.

Por ahora, los informes respecto de sobreprecios están basados en trabajos hechos por las nuevas autoridades de Vialidad, es decir alineadas con el macrismo, y anteriores informes de la Auditoría, también alineada con lo que era entonces la oposición. Ningún dato surge de una auditoría en la que hayan participado todas las partes.

Hoy por hoy, dice la defensa, hay un intento de imputar a CFK sobre la base de deducciones y números aportados por el propio macrismo. Ercolini se expidió casi sobre lo mismo hace cuatro años, señalando que no había delito, pero la política cambió y Comodoro Py está con todos los cañones apuntados: juegan sus cartas el ex espía Jaime Stiuso, el aparato radical-macrista, la ofensiva de Ricardo Lorenzetti y la sombra de la derecha norteamericana que apuesta a escarmentar a los llamados gobiernos populistas para que no haya chances de que vuelvan a gobernar.