Siempre creí que las “Actas de responsabilidad institucional” y la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) de la dictadura cívico-militar del 24 de Marzo de 1976 eran el testimonio arqueológico e irrepetible de la época más trágica de nuestra historia nacional.

Para los desmemoriados o desinformados, que dada la realidad política e institucional de nuestro país no parecen ser pocos, resulta necesario refrescar la memoria.

El 23 de Junio de 1976 la Junta Militar (Videla, Massera y Agosti) dictó el “Acta de Responsabilidad Institucional” que la facultaba para juzgar a toda persona que la Junta considerara pertinente. Si, así tal como se lee, se juzgaba o a quien la Junta decidiera, independientemente de sus conductas, de sus derechos y obviamente de la Constitución.

En esa Acta incluyeron en una primera lista a: María Estela Martínez de Perón, (Presidente de la Nación) Jorge Taiana (Ministro de Educación), Oscar Bidegain (Gobernador de la provincia de Buenos Aires), Esteban Righi (Ministro del Interior), José B. Gelbard (Ministro de Economía), Ricardo Obregón Cano (Gobernador de Córdoba), Lorenzo Miguel (Secretario General de la UOM), Casildo Herreras (Secretario General de la CGT), Carlos Menem (Gobernador de la Rioja), Carlos Rukauf (Ministro de Trabajo), Julio Broner (Titular de la CGE) y Héctor J. Cámpora (Presidente de la Nación).

Luego vinieron otras listas con empresarios y periodistas, entre ellos, Jacobo Timerman y la familia Graiver, propietarios en ese entonces de Papel Prensa, que fabricaba y fabrica el papel para diarios. Pero dejemos que nos “cuente” Clarín en su edición del 26 de Marzo del 2001 que fue la CONAREPA:

Por esas cosas del destino (o de la Argentina, donde todo hace juego con todo) el 1 de octubre del 2010 firme el decreto 1411 por el cual se transferían los expedientes de la CONAREPA al Archivo Nacional de la Memoria. Esta vez es Página 12, en su edición del 4 de Octubre del 2010 la que da cuenta con una breve reseña de los atropellos cometidos por la CONAREPA.

Dicen que la historia primero se da como tragedia y luego se repite como comedia. Pocas veces tan acertada la reflexión que, no por vieja, pierde actualidad.

Ayer Bonadío hizo trascender en distintos medios oficialistas (Clarín, Infobae, La Nación) que envió la causa de “dólar futuro” al Fiscal para que el caso sea elevado a juicio oral. Sin embargo, en forma paralela, Bonadío mantuvo en reserva (los medios oficialistas mencionados también), su resolución en la que dictó el sobreseimiento (absolución) de los que se beneficiaron con la operatoria “dólar futuro”.

O sea, los funcionarios de Macri (en adelante los M): empezando por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui –ambos en la jefatura de Gabinete-, Martin Lousteau, embajador en Estados Unidos, Pablo Curat, en el directorio del Banco Central y José Maria Torello, asesor privilegiado de Mauricio Macri.

Todos ellos (los M) operaron con “dólar futuro” y obtuvieron ganancias importantes gracias a la mega devaluación decidida por el gobierno que ellos mismos integraban. Es más, en el caso de Quintana, fue uno de los que decidió EL VALOR DEL DÓLAR QUE IBA A PAGAR EL BCRA, cuyo pago fue autorizado… por el propio Bonadío en dos oportunidades. “No se puede reprochar penalmente la conducta de los compradores (de dólar futuro) frente a tan atractiva oferta” dice el propio Bonadío salvando a los funcionarios M. Y agrega que no importa si después esas mismas personas, ya como funcionarios, decidieron la devaluación. Ya se sabe, no es lo mismo ser un “K” que ser un “M”.

A esta altura de los acontecimientos y tal como lo reconoce un prestigioso columnista en materia judicial: “Toda la movida en Comodoro Py alrededor de la causa dólar futuro exhibe el alineamiento del aparato judicial contra los anteriores funcionarios”, “Comodoro Py muestra una desesperada carrera por enjuiciar y condenar a quienes fueron parte del gobierno que dejó la Casa Rosada en diciembre de 2015”. Cualquier similitud con el pasado no es coincidencia. El alineamiento del Poder Judicial con los sectores económicos y financieros es una característica, de nuestra historia.

Pero en la resolución de ayer lo más impactante aun es que Bonadío sobreseyó a los funcionarios M que están siendo juzgados… ¡En otro juzgado! por su participación en los contratos “dólar futuro”, si leíste bien, absolvió a funcionarios que están siendo investigados por el “dólar futuro” por otros Jueces y por otros Fiscales en otros expedientes. Delicias de Comodoro Py. Nada que envidiarle a la CONAREPA.

Hoy Bonadío en un nuevo capítulo de lo que ya constituye una clara e inocultable maniobra dirigida, desde lo más alto de los Poderes del Estado contra mi persona, la de mi marido fallecido y la de nuestros dos hijos (al mejor estilo de la dictadura) ORDENA INTERVENIR la sucesión de Néstor Kirchner (la que se encuentra finalizada) y la sociedad familiar Los Sauces SA, designando interventores y administradores en abierta violación a las más elementales normas del Derecho y sentido común.

Todo el patrimonio familiar no sólo es legítimo, sino que puede seguirse desde su origen en todas y cada una de las declaraciones juradas que hemos presentado desde el año 1995 en mi carácter de Senadora Nacional y a partir del año 2003 en mi carácter de cónyuge primero, y de Presidenta después.

Declaraciones juradas que por cierto, (a diferencia de la de los jueces y magistrados del Poder Judicial que ningún ciudadano/a conoce) todos los argentinos han podido acceder no solo por internet, sino fundamentalmente a través de todos los medios de comunicación: escritos, orales y televisivos que dedicaron kilos de papel, cientos de voces y miles de imágenes, a las mismas. O también las declaraciones impositivas en la AFIP, organismo que controla el Gobierno, en el cual nuestra familia pagó y paga sus impuestos desde hace décadas.

Patrimonio que además, fue objeto de investigación, pruebas, pericias y sentencias en tres juicios por enriquecimiento ilícito. Como nunca fue investigado, ni seguramente será, ningún otro presidente en nuestro país. Lo digo con la certeza de que fuimos los únicos presidentes que desendeudaron al país al mismo tiempo que lo reindustrializábamos generando millones de puestos de trabajo que permitieron la inclusión de millones de argentinos y el crecimiento de la actividad económica al mismo tiempo, en un proceso inédito, en las últimas décadas de crecimiento, e inclusión y movilidad social.

El expediente del mega canje que terminó en el corralito y apoderándose de los ahorros de los argentinos provocando la crisis sin precedente del 2001, lleva 15 años de trámite y aún no fue elevado a juicio.

Paradojas del destino: uno de los funcionarios que estuvieron involucrados en el mega canje es actualmente el Presidente del BCRA. La paradoja no termina allí: Fue nuestro gobierno el que en el año 2012 se hizo cargo de la totalidad de los ahorros confiscados en el 2001, pagando el bono conocido como boden 12.

La maniobra de persecución en la (que ahora sí, está definitivamente claro), Bonadío es solamente un engranaje, alcanza a cualquier persona física o jurídica que haya tenido cualquier tipo de vinculación con nuestra familia. Mejor dicho a casi todos. Hay curiosas y sugestivas omisiones.

No menos curioso y sugestivo resulta que la existencia de sociedades y fondos no declarados y hallados en paraísos fiscales a nombre del Presidente y todo su grupo familiar, y otros funcionarios M, no hayan merecido una sola medida similar o parecida a las de Bonadío, por parte de Comodoro Py. Y si en cambio requerimiento por parte de Fiscales… alemanes. Lo dicho, primero tragedia después comedia.

No es casualidad tampoco que se condene anticipadamente a todo aquel vinculado con la persona a perseguir. Durante la dictadura se lo conocía como “Delito de agenda” y era el hecho de merecer condena o algo peor por figurar un nombre en la agenda de alguien que el Estado quisiera encarcelar, despojar de sus bienes o desaparecer su persona.

Por si alguien todavía duda le recomiendo la lectura del expediente por el cual el Ministerio de Desarrollo Social con el dictamen del Procurador del Tesoro decidió unilateralmente y sin derecho a defensa eliminar el pago de mi asignación como ex presidenta a diferencia de lo actuado con otros ex presidentes, ex vicepresidentes y ex miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Tampoco tengo dudas que las medidas dispuestas por Bonadío contra sociedades de medios de comunicación que no tienen ni han tenido nunca ningún tipo de vinculación jurídica con mi persona o con el patrimonio de mi familia, son contra la libertad de expresión en un país donde la situación económica y social está adquiriendo ribetes de catástrofe y en donde nuestro sistema judicial está siendo acusado de violaciones a los derechos humanos por los organismos internacionales de los cuales somos miembros, frente al silencio cómplice (como durante la dictadura) de los medios hegemónicos de comunicación.

Papel Prensa, las Actas de Responsabilidad Institucional en las que fueron incluidas la familia Graiver y el llamado a indagatoria, nunca realizado, de quienes se apoderaron de sus bienes, durante la dictadura, son el testimonio más elocuente de la articulación entre Poder Judicial , sectores económicos y medios de comunicación, cuando de arrasar derechos y garantías individuales y sociales se trata.

Lo dicho al principio: creía que las Actas de Responsabilidad Institucional y la CONAREPA de la Dictadura cívico-militar eran una triste pieza de museo. Sin embargo, el pasado una vez más nos alcanza. Lo que alguien identifico como categoría política: “La repetición argentina”. O como tropezar dos veces con la misma piedra.

Cristina.