Pedido de preferencia para tratamiento de ley para frenar el Tarifazo

Es para pedir preferencia, con despacho, de un proyecto que ingresó en el
curso de esta semana, de mi autoría, y que tiene como objeto el tratamiento del severo problema de las tarifas en la República Argentina. El tema del proyecto que trata sobre suspender los aumentos sobre las tarifas de agua, luz y gas en todo el ámbito de la República Argentina, a partir del 1º de enero de 2017, tiene que ver con una situación que no es menor, señora presidenta. Las tarifas constituyen uno de los cinco precios relativos de la economía. No estamos hablando del precio del tomate, al que le dedicaran editoriales enteros, durante nuestro gobierno; cuando variaba el precio del tomate, parecía que se acababa el mundo. Acá, estamos hablando de uno de los cinco precios relativos de la economía, con inmenso impacto en toda actividad económica y, fundamentalmente, en uno de los problemas que el gobierno se ha confesado imposibilitado de cumplir en sus promesas electorales de haber resuelto y que es la inflación. Los otros precios relativos de la economía, tasas de interés, dólar, salarios, etcétera, dan cuenta de la importancia de este tema. Y la verdad es que yo creo que cuando empezó el gobierno de Cambiemos, y anunciaron inmediatamente la eliminación de los subsidios, dijeron que era por dos motivos. Uno, porque las tarifas estaban demasiado bajas y, además, también producto de que nos habíamos quedado sin energía. Es más, se prometió que íbamos hacia el autoabastecimiento en materia energética… Confieso que creí que era producto de las ideas del gobierno acerca de cómo manejar la economía de un país. Está claro que este gobierno siempre ha sostenido que el problema es de oferta, o sea, de inversión, y no de demanda. Nosotros, que sostuvimos siempre que para que haya inversión, para que haya actividad económica, necesariamente tiene que haber demanda, porque esta es la que motoriza la actividad económica –la demanda agregada–, concebíamos a los subsidios como salario indirecto, de modo tal que no era regalar a la gente o tener un precio barato, sino, a través del salario indirecto, con los subsidios, incentivar el consumo y que ese salario indirecto se volcara también a la actividad económica. Son cinco minutos los que tengo. Además, he escuchado atentamente a todos. Al cabo de dos años no hay autoabastecimiento. Es más, se importa más crudo que durante toda nuestra gestión, a punto tal que ha caído en Chubut, en Santa Cruz y en las provincias petroleras, la actividad petrolera que llevaba adelante fundamentalmente YPF, nuestra empresa petrolera de bandera. Santa Cruz ha perdido 88 millones en regalías petroleras, Chubut ha perdido 80 millones; amén de la destrucción de puestos de trabajo de la actividad petrolera, que en todo el flanco norte de la provincia de Santa Cruz y la parte sur de Chubut, en el golfo San Jorge, era una actividad económica sumamente importante. Así como cae YPF, productora nacional,  tanto en el upstream como también en el downstream, vemos que sube Shell como importadora. Shell jamás actuó en el upstream, sino que siempre actuó en el downstream, o sea, refinando y distribuyendo. Es la que mayor incremento ha tenido frente a la pérdida que ha sufrido YPF. Mínimo crecimiento, del 0,1 en las estaciones de servicio de Axion y Shell, pasando al frente ya no solamente como distribuidor de combustible, sino como importador. Está en el up como importador, con lo cual ha aumentado… Es mentira que vamos al autoabastecimiento. Las tarifas se han disparado y la Argentina produce menos petróleo y menos gas. O sea, no vamos al autoabastecimiento, cada vez importamos más, con un problema. También impacta terriblemente en el déficit comercial, porque, obviamente, la importación tiene que ser pagada en dólares. O sea que además de producir inflación, han aumentado el déficit comercial y no van al autoabastecimiento. La tercera cuestión tiene que ver con que a raíz de la concentración energética que hay, resulta ser que están ganando fortunas empresas energéticas vinculadas al presidente de la República Argentina. Y también se produce esto en la provincia Buenos Aires… Sra. Presidente.- Senadora: le doy más tiempo que el habitual –todo el mundo lo sabe– para que usted pueda justificar un pedido…
Perdón, estamos hablando de un pedido de preferencia. Es para explicar por qué la pide. Todo el mundo lo ha hecho en… Y estoy explicando el porqué de la preferencia. Es importante que tratemos este tema. Porque, ¿sabe lo que pasa? Más temprano que tarde el gobierno lo va a tener que abordar también.
Preferencia con despacho, si puede ser, por favor, para la primera sesión del
mes de mayo.

Debate por la falazmente llamada ley de defensa de la competencia

Como en otras oportunidades viene al debate y a la votación una ley en la cual se dice que hay una defensa de la competencia. Yo escuché a la miembro informante afirmar que no había ningún tipo de legislación al respecto y que se estaba cumpliendo, en este caso, con una manda constitucional. Yo creo que, más allá de la valoración y de la opinión que les merezcan a los actuales miembros de la coalición gobernante las gestiones anteriores, me parece que hay cuestiones que no se pueden inventar. Se dijo que no hubo ninguna política; por ejemplo, que esta ley de competencia iba a defender a las pymes porque no hubo nunca políticas públicas de defensa de las pymes. Para no olvidarme, voy a leer simplemente algunos de los numerosos programas que en materia de pymes desarrollamos desde el año 2003 al 2015: Promoción de Clúster y Redes Productivas con impacto en el desarrollo regional con el PNUD; Programa de Apoyo a la Inserción Internacional y Comercio de las Pymes Argentinas con el Fonplata; Programa de Apoyo al Crédito y la Competitividad de Pymes, 20082014, con asistencia financiera para las Pymes; Fondo de Financiamiento para la Mejora de la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, FONCER, 2013- 2015; Programa de Promoción de las Exportaciones de las Pymes Argentinas, ArgenPymex 2015. Créditos a las Pymes, señora presidente, señores legisladores. Reformamos la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina precisamente para obligar. Sí, no me asusta la palabra, de que un gobierno obligue al sector financiero a destinar parte de los recursos del ahorro público para asistir a las pequeñas y medianas empresas. Y así, en 2012, se creó la Línea de Crédito para Inversión Productiva, LICIP 2012/2015. Según registros del Banco Central de la República Argentina, se otorgaron préstamos por 137.000 millones de pesos en esta línea que fue una directa consecuencia de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Programa de Financiamiento del Bicentenario, 2011-2015; Fondear, 2015; inclusión financiera para pymes en numerosos instrumentos financieros: incremento en el límite de facturación, pago diferido, nuevo régimen de pagaré avalado, aumento a los topes a la emisión y así podríamos seguir. En realidad, señora presidenta, deberíamos hacer un poco de memoria y veríamos que durante los doce años y medio de esa gestión no nos encontrábamos diariamente en los diarios, en las provincias y en los barrios con cierres masivos de pymes y comercios. Independientemente del conjunto de líneas de crédito objetivas que se desarrollaron, reitero, reformamos la carta del Banco Central, precisamente, para destinar una parte de los recursos financieros del ahorro de los argentinos a las pequeñas y medianas empresas. Pero ya referidos a esta ley concretamente, señora presidenta, después voy a hacer algunas consideraciones, porque esto tiene que ver con el precio de las cosas. La señora miembro informante hablaba de para qué queremos la competencia. Y, queremos la competencia para que haya mejores precios y mejores condiciones para usuarios y consumidores; va de suyo. Pero resulta ser que en la Argentina −como decía la miembro informante del dictamen de minoría y como alguien refirió en la Universidad de Columbia les había dicho Francis Fukuyama, aquel famoso que había dicho que la historia se había acabado, cuando, en realidad, no se había acabado− vemos la concentración de la economía argentina. Hizo algunas referencias la senadora Fernández Sagasti. En el mercado de las cervezas, una sola empresa tiene el 75 por ciento del mercado. Una sola panificadora −un bien de consumo masivo, como es el pan tiene el 80 por ciento. Luego de la quiebra de La Salteña… porque saben que La Salteña está cerrando. Fue una fábrica de capitales nacionales creada en 1989. Pasó la política de los 90, pasó la política de la Alianza, pasó la crisis de 2001, pero ha cerrado y echó, el otro día, a 300 trabajadores, con lo cual, seguramente, esta panificadora que hoy concentra el 80 por ciento de la porción de mercado que le corresponde a las panificadoras, ahora tendrá un 85 o, tal vez, un 90. Y así podríamos seguir en chapa, en aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también en la provincia de Buenos Aires –y que tiene que ver con el precio, señora presidenta− tenemos el tema de la competencia en la electricidad. En la provincia de Buenos Aires, provincia que represento en esta banca, en los años 90, cuando se produjo la privatización de los servicios eléctricos, se estableció que se debían crear cuatro empresas, precisamente, para comparar precios y que no fuera monopólica la prestación del servicio eléctrico a usuarios y consumidores de la provincia de Buenos Aires. Así se crearon EDEN, EDES, EDEA Y EDELAP, cuatro empresas destinadas a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, de modo tal de que nunca, nunca, nunca una sola persona o una sola empresa pudiera controlar la facturación energética de la provincia de Buenos Aires que, como todos sabemos, tiene una importante participación en la actividad económica y en el PBI de la República Argentina. Este gobierno hoy lo ha unificado en una sola empresa, DESA Sociedad Anónima, que actúa como controlante de estas cuatro distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires. Un solo titular, el señor Rogelio Pagano −no tengo nada contra él, no sé quién es− es el titular de DESA S.A. que también se ha comprobado que tiene capitales y formación en el exterior y también en Uruguay. Bueno, ya sabemos que es casi un leitmotiv esto de las sociedades en el exterior. Pero lo cierto es que esto ha influido terriblemente en el tarifazo que hoy tiene la República Argentina y, en especial, la provincia de Buenos Aires. Este monopolio eléctrico bonaerense ganó 2.233 millones de pesos en el año 2017. Hoy estábamos hablando, porque parece que las cosas no tuvieran relación unas con otras, y esta es una de las maravillosas del neoliberalismo y de los que han concentrado la economía: que todo parezca disociado, que nada tenga que ver con nada, que las tarifas de la electricidad no tienen que ver con los monopolios, que esto no tiene que ver… Todo tiene que ver con todo y, sobre todo, en economía, señora presidenta. Esta ley no es para la defensa de la competencia. Esta ley es porque la OCDE está reclamando. Y no me parece mal, les aclaro, porque yo creo que si el gobierno considera que es conveniente que la Argentina integre la OCDE y lo han votado, tiene todo el legítimo derecho a ingresar en la OCDE. Pero digamos la verdad: que traemos esta ley a tratamiento porque es lo que
ha exigido la OCDE, entre numerosos requisitos, para poder ingresar. No importa. Pero les puedo asegurar que si uno ve la legislación comparada en materia de defensa de la competencia, con todos los capitalismos del mundo, verá claramente que no hay posibilidades de definir una defensa de la competencia si no se establece un número que sea el que defina la posición dominante de mercado, porque sería como querer crear un impuesto sin decir cuál es la alícuota, cuál es la base imponible y cuánto tienen que pagar. ¿Cuándo vamos a definir que alguien tiene una actividad monopólica? Yo he leído atentamente los tres incisos del artículo 6º donde se define lo de posición dominante. Es de una abstracción y de una generalización tal que realmente el juez…, porque esto después tiene que ir a la justicia, como no hay número: la diputada Carrió creo que había hablado de un 40 por ciento, estableciendo ese porcentaje como posición dominante de mercado. No importa; ella opinará el 40, otro opinará el 50, otro el 60, otro el 20, pero es imposible definir posición dominante en legislación comparada, y acá mismo, si no tenemos un número que defina cuál es la posición dominante, porque luego va a surgir la interpretación… ¿De quién? De los jueces. Van a ir a la justicia demandando que es práctica monopólica y va a ser el juez el que, a la luz de los tres incisos del artículo 6º, defina qué es posición dominante. Y yo los invito a todos y a cada una de las legisladoras, abogados o no abogados, economistas o no economistas, a leer esos tres incisos del artículo 6º, y yo les puedo asegurar que va a servir para cualquier cosa menos para determinar qué es posición dominante de mercado. Por lo tanto, creo que si sinceramente estamos queriendo sacar una ley de defensa de la competencia, necesitamos definir
cuándo alguien tiene posición dominante de mercado. ¿Usted cree que Estados Unidos…? Estados Unidos, su admirado y adorado Estados Unidos… Miren las leyes de competencia de Estados Unidos ¡Miren lo que le pasó a Bill Gates! ¿Cómo determinaron que Bill Gates tenía posición dominante de mercado? ¿Cómo hacen? Porque tienen que definir; tiene que haber un criterio objetivo, numérico, porcentual. Posición dominante de mercado: ¿cuándo es posición dominante de mercado, señora presidenta? Cuando tiene el 10, el 20, el 30… Discutamos la cifra, podrá haber opiniones diferentes en cuanto al monto o el número, pero sin número no existe, es un eufemismo; es un eufemismo. Con respecto a lo que hoy charlábamos –y hubo algunas manifestaciones después de que yo hablé respecto de los subsidios y demás–, que tiene que ver con el precio de las cosas también –en este caso el precio de los servicios que hoy atormenta a ciudadanos, ciudadanas, pymes, etcétera–, alguien se horrorizó de que yo hubiera dicho que teníamos en la política de subsidios, al concebir a la demanda agregada como uno de los instrumentos más valiosos para la actividad económica, como salario indirecto. Los subsidios han sido objeto de críticas. Dijeron que en realidad había cortes de luz porque había subsidios, y este fin de año 2017 hubo más cortes de luz después de los terribles tarifazos como nunca se recordaba. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que la televisión te esté diciendo cada 5 minutos que cortaron en tal parte, que cortaron en tal otra, y van a ver a tal o cual lugar de la provincia de Buenos Aires o de la Capital Federal un barrio en donde los vecinos protestan… Pero hubo días enteros en el conurbano bonaerense, señora presidenta, que no hubo luz: Almirante Brown, Adrogué, Longchamps, Avellaneda, y no salía en ninguna parte, en ningún noticiero. Bueno, son las reglas del juego. No vamos a pretender que los medios concentrados de comunicación defiendan políticas populares. Mire: acá tengo los subsidios a la energía per cápita, dólares nominales, 2015, países avanzados y la Argentina. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Fíjese… Esto que está acá, que es el mayor porcentaje de subsidios, es Luxemburgo. ¿Sabe quién le sigue en materia de subsidios? Estados Unidos, y siguen Corea, Singapur, Hong Kong, Canadá, Australia… Mire dónde está la Argentina, 2015 es esto. Esto es subsidios 2015. ¿Quiere otra fuente del Fondo Monetario Internacional, porque lo que mostré son los subsidios a la energía per cápita? Relación entre PBI per cápita y subsidios a la energía per cápita. Mire (exhibiendo una planilla): es esta línea de puntos. Acá arriba, a  cabeza en materia de subsidios: Alemania, Noruega, Francia, Australia y Estados Unidos. La Argentina está en el medio, bastante más abajo, bastante más abajo. ¿Sabe quiénes son los últimos tres acá, y yo calculo que, a esta altura, ya vamos también nosotros a estar por ahí? Kenia, Haití y Etiopía, sin que esto implique ninguna cuestión peyorativa. Con respecto a lo que se afirmó no bien terminé de hablar, que hubo una encendida alocución a favor de Salta y no sé qué cosa… Bueno, mire: realmente, el consumo residencial de gas, por ejemplo, ha caído en todo el país, Salta incluida con el 4,6. Es más, hoy la producción de gas de Salta ha caído, cuando se había incrementado durante la implementación del Plan Gas. Pero voy a lo siguiente, porque es importante esto de la competencia. Es muy difícil, no solamente a partir de que se carece de un determinado porcentaje, definido, de cómo tiene que ser el número para considerar posición dominante de mercado, sino que además es muy difícil también que se defienda la libre competencia, cuando quienes ocupan los cargos han tenido o siguen teniendo –nunca lo sabremos– intereses en empresas multinacionales o que prestan servicios. Más allá de alguna interpretación acerca de lo altruistas que son los empresarios, que vienen a darnos a nosotros, los argentinos, dirigentes políticos que nos gobiernen. Esto siempre tiene una contrapartida: los políticos son feos, sucios y malos, cualquiera sea el partido, y los altruistas que vienen a brindarnos a los argentinos bonanza, a dar parte de su valiosísimo tiempo a favor de nosotros, son verdaderos próceres. Bueno: la verdad es que si uno mira la posición que tenía Shell, por ejemplo, en el downstream con respecto a YPF…; YPF, aclaro, no es del gobierno; YPF es de los argentinos, YPF es la empresa energética de bandera nuestra que desde el año 2015 al 2017 ha perdido un 7 por ciento en la cuota de mercado. Ya que estamos hablando de competencia, quiero decirles que YPF, que no es mía, ni suya ni de ninguno de nosotros, y es de todos nosotros en tanto ciudadanos y ciudadanas argentinas, ha perdido un 7 por ciento en la cuota de mercado. Estoy hablando en el downstream, en lo que hace a la distribución. Mientras que Shell y otra aliada de Shell –holandesa, anglosajona–, Trafigura, han crecido casi un 5 por ciento. ¿Será la libre competencia? Bueno: yo, sin imputar ni acusar a nadie… ¿Qué dirían ustedes si el que estuviera en Energía fuera un empresario que, casualmente, cuando llega él a esa cartera, la empresa de  la cual no solamente era CEO en la Argentina, sino que además poseía acciones –era accionista–, pasa a desplazar a la empresa de bandera en sana competencia. Está bien, por ahí han competido y por ahí ha sido muy ineficiente YPF y ha sido muy eficiente Shell. Es una posibilidad. ¿Pero por qué no prueban con poner a alguien que no tenga que ver con ninguna empresa energética y así vamos a ver si realmente todos son tan competitivos como dicen? Es más: el tema que hoy yo planteaba, señora presidente, que tiene que ver con esto, era también el tema del autoabastecimiento energético, otro de los caballitos de batalla por los cuales se eliminaron los subsidios. No hay energía. “Se nos acabó la energía”, nos dijeron. Por eso, tenemos que aumentar las tarifas. Se había acabado la energía. Hoy se está produciendo menos petróleo y menos gas que hace dos años. Tengan en cuenta, además, que el 90 por ciento de lo que aumentó en el 16 y en el 17 fue producto de Vega Pléyade, del yacimiento Vega Pléyade que, como saben los fueguinos, fue una inversión y una decisión de la Total durante nuestra gestión y que comenzó a inyectar gas en la red, en el gasoducto, recién en febrero de 2016. Pero hoy estamos abajo. Salta está produciendo hoy menos petróleo que en el 2015. Además… Pero, mire: si no me creen a mí, le pueden creer al señor este que era funcionario del gobierno… Déjeme encontrarlo –presidenta– el papelito… Declaraciones de… ¡Acá está, acá lo tengo! Había un secretario de Recursos Hidrocarburíferos, Juan José Sureda; Una familia muy conocida también de Santa Cruz; nada que ver con el kirchnerismo le puedo asegurar: antípodas, nada que ver. Pero mire lo que decía este señor que, aparentemente, no se fue en muy buenos términos. Refiriéndose a Vaca Muerta hablaba de que podría convertirse en una aspiradora y sacar inversiones a otras provincias. ¡Pero miren lo que decía!: Me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde lamentablemente languidece la producción. No lo digo yo, lo decía un funcionario de su gobierno, que además también venía del sector privado: ejecutivo de PAE. PAE es la Pan American Energy, hoy Axion: el nombre es Axion en el downstream. Yo digo que PAE fue uno de los mayores inversores y productores del crudo de la cuenca del Golfo San Jorge. Dice: Me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde lamentablemente languidece la producción. En estos lugares vamos a tener problemas. Bien; podemos decir también que ha caído exponencialmente el consumo de gas en todo el país. Hay solamente cuatro provincias en las cuales no cayó el consumo: muy chiquitito La Pampa –que está ahí, como una linita arriba de la línea–; y las otras tres que crecieron en consumo residencial de gas fueron –por razones de ubicación geográfica, naturalmente, porque nos morimos de frío– en el sur Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el resto el consumo de gas cayó estrepitosamente, señora presidenta. Por lo tanto, creo que la Ley de Defensa de la Competencia, yo lo he dicho en otras oportunidades aquí… No se puede crear competencia, no se pueden crear cuestiones económicas a partir de leyes. Las leyes pueden apoyar, ayudar a procesos virtuosos de la economía, pero la  leyes sirven si las decisiones que se toman en la Casa Rosada –no en este Parlamento: en la Casa Rosada– y en las respectivas dependencias del Poder Ejecutivo nacional son políticas públicas que tiendan, realmente, a generar trabajo, a proteger a las pymes. ¡Esto no quiere decir que durante nuestra gestión todo era maravilloso y divino! ¡No, señora presidenta! Pero no me cabe ninguna duda de que hoy, ¡hoy!, el país está mucho peor que en 2015: en materia de trabajo, en materia de precios, en materia de pymes, en materia de inflación. Porque la verdad, señora presidenta, es que cuando uno escucha hoy los índices del INDEC, digo: ¿pero cómo puede ser posible, cómo puede ser posible que tengamos el
mismo índice hoy de inflación que cuando los servicios estaban subsidiados, cuando el combustible, ¡cuando el combustible!, estaba regulado por el Estado y no por las empresas, cuando los peajes no valían lo que valen hoy, cuando había –sí– una política de promoción a la producción nacional? Después vamos a hablar de compre nacional. Y la verdad es que hablar hoy de compre nacional… Y yo lo escuchaba atentamente a un senador preopinante hablar del capitalismo y la competencia. Es cierto: los libros dicen eso. Es cierto. La competencia fue planteada como uno de los instrumentos fundamentales del capitalismo, pero ya sabemos cómo es esto: haz lo que yo digo, pero no lo que
yo hago. La política proteccionista, que está prohibida la palabra por las convenciones de la OMC y de todos, en realidad hoy es moneda corriente en el mundo. Y nosotros, mientras el mundo ya ejerce un proteccionismo desenfadado y sin que pueda haber dudas al respecto… ¡Mírenlo a Trump con respecto a las regulaciones del aluminio y del acero con respecto a los chinos! Yo, cuando observo que estamos todos contentos de que entren los cerdos estadounidenses a la Argentina, digo: ¿Pero para qué sirvieron entonces todas
las políticas públicas que llevamos adelante? Me tocó a mí recibir a productores de cerdos, a los titulares de las cámaras, porque siempre tuvimos un déficit en materia de producción porcina. Exportamos maíz e importamos cerdos, ¡un negocio chino!, pero en serio, chino. En realidad, el maíz no debería ser exportado: debería salir convertido en carne de vaca, carne de pollo o carne de cerdo, pero nunca exportarlo. Por eso considero que el haber
eliminado la retención al maíz fue una medida que, además de disparar los precios internos en materia de carne, avícola, etcétera, bueno, plantea lo que plantea: la inviabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces, digo: ¿es solamente un dogma lo que se está ejerciendo hoy a partir del gobierno nacional? Y vuelvo al principio de mi exposición. Cuando se dijo: “vamos al autoabastecimiento, no a los subsidios, que apaguen las estufas, que cocinen –no sé– con velas”; en fin, todas esas cosas, lugares comunes que, además, seguramente están en los focus group y dan bien, pero que,
cuando lo llevamos a la práctica, chocan con la realidad de los argentinos… Sería creíble si por ejemplo, en el tarifazo, no estuvieran precisamente empresarios directamente vinculados al presidente de la República. ¡Es de público y notorio, señora presidenta, la vinculación del titular de Edenor, de los dueños también de Edesur, en este caso, del monopolio de la provincia! Con el tema del tarifazo, estas empresas embolsaron más de 11.000 millones de pesos: o sea, a razón de un millón por hora, creo. Alguien había hecho los cálculos que siempre hacen: “un millón por tanto”, “dos por segundo”… Porque
en definitiva, señora presidenta, lo que vamos a tener que discutir en la Argentina es si subsidiamos a los usuarios o subsidiamos a las empresas en sus ganancias y rentabilidad. Esto es lo que tiene que discutir la Argentina, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos. ¡Porque, además, no estamos hablando de celulares! No estamos hablando de cosas que yo sé que usted considera muy lujosas para el conjunto de los argentinos, como los celulares, los televisores: esas cosas que solamente puede tener la gente como uno; no cualquiera que, por ahí, quiera tener un televisor… Entonces,
digo, señora presidenta: cuando hablamos de servicios públicos – ¡servicios públicos!, esto es– hay que garantizar su universalidad y su acceso a todos los usuarios. No podemos obviar estas cuestiones. Entonces, me parece que la gran discusión en la República Argentina –porque vuelvo a repetir: todo tiene vinculación con todo– es que siguieron habiendo cortes de luz como siempre, no hubo inversiones y las tarifas se dispararon. Ahora, claro, ¡subsidiamos en fabulosas rentabilidades a los empresarios! ¡Antes, nos horrorizábamos de que estaban subsidiando las tarifas! Es cierto que, por allí, muchas tarifas, o algunas tarifas debían acomodarse, pero lo cierto es que cuando lo intentamos,
señora presidenta –y lo recordarán muchos de los colegas que están sentados acá–; cuando intentamos aumentar tarifas de luz y de gas, la Justicia nos planteó medidas cautelares: sí, medidas cautelares. Se nos aplicó un criterio tributario diciendo que se había aumentado más del 30 por ciento y, por lo tanto, era confiscatorio. Criterio absurdo, porque el criterio del 30 por ciento es referido a la política tributaria; y la política de tarifas de servicios públicos, más allá de que la gente acostumbra decir “los impuestos”, lo cierto es que los servicios públicos no tiene la restricción del 30 por ciento para considerarse
confiscatorio del tributo. ¿Por qué? Porque es un servicio y, por lo tanto, su precio debe estar vinculado con el servicio, la calidad y lo que recibe. Pero fundamentalmente en el caso –reitero– de agua, de luz y de gas, querer manejarse con los criterios del mercado, o sea, de oferta y demanda… ¡Claro, pero si es una demanda cautiva, señora presidenta! ¿Quién puede prescindir de la luz, del gas o del agua? Además, es monopólico el servicio. Si no quiero que me lo preste Edenor o Edesur, ¿quién me lo presta? ¿Tengo otro? No. Si
un pantalón es caro, voy a otro lugar o no compro ninguno porque puedo prescindir de comprarme un pantalón. ¿Puedo prescindir de la luz, del agua y del gas? No, ¡porque es un bien no transable! ¡Necesito consumirlo! Pero además, cuando lo consumo, ¿tengo tres o cuatro o cinco para ir a ver quién me presta la luz, el agua, el gas? ¡No, es uno solo! Y no estoy criticando que sea uno solo o que sean dos: estoy criticando que no se pueden aplicar las reglas del mercado a cuestiones que no son de mercado, que tienen que ver con los derechos humanos. Tener agua, luz y gas no es un lujo. Podemos discutir lo del celular. Yo considero que tampoco. Pero, bueno: hay gente que piensa que tener esos teléfonos lindos –el iPhone, por ejemplo–, es para la gente que siempre ha tenido. Son concepciones. No me voy a poner a discutir eso porque eso se discute en elecciones y es la gente la que  decide. Así que, en definitiva, tampoco me preocupa. Pero sí me preocupa cómo vemos la competencia, cómo vemos los servicios públicos, cómo vemos los precios. ¡Y sepamos, además, que esta ley que estamos aprobando es una ley que no va a interferir en absoluto en las prácticas monopólicas! Porque ya hay monopolios, ya hay monopolios: en construcción o insumos básicos para la construcción; en insumos de bienes no transables, como el caso de los que acabo de referir; en bienes de consumo masivo como gaseosas. Hay dos compañías de gaseosas, que es la bebida que consumen los sectores
populares, que tienen el 80 por ciento y son las que finalmente terminan fijando
precio. Porque una de las cosas que también vamos a tener que discutir, si quieren tratar el tema de la competencia en serio en la República Argentina, es cómo se integran los valores en la cadena de la producción: desde el que produce… Tuvimos durante tres días acá productores… ¡Mire usted la competencia capitalista! ¡Mire usted la competencia capitalista, tan perfeccionista! Acá tuvimos a todos los productores que no son titulares de la tierra durante tres días regalando 30.000 kilos de verdura. ¿Saben cuánto le pagan a cada uno de esos de verdura? ¡Y esto no es un problema de este gobierno: es un problema que hemos tenido en la Argentina! No lo estoy achacándoselo acá: esto no. Lo de los servicios públicos, sí; esto no. Pero es lo que tenemos que discutir en la Argentina para abordar en serio el problema de la inflación, entre otras cosas, como la economía bimonetaria. ¿Cómo hacemos competir al de las frutillas, al de la lechuga, al de la cebolla, al de la papa cuando le compran…? ¡Porque además ahora es peor todavía! Antes tenían que comprarle. Ahora compite con la papa de no sé dónde, con las naranjas de no sé dónde y demás. Entonces me parece ser, señora presidenta, que el gobierno necesita… Y se lo digo, realmente… Porque la verdad es que… ¡No es por ustedes; también se lo quiero decir! No es por ustedes: es porque la gente ya no da más. No le alcanza para comer. Van a tener que elegir entre pagar la luz, el gas o pagar la comida. ¡Y eso no es bueno nunca; yo se lo puedo asegurar; me he cansado de decirlo en este recinto! Pero no es bueno.
Hay gente que ya no puede más. Entonces, pónganse a pensar cómo replantean algunas cosas; no digo que todas, porque evidentemente están muy convencidos de lo que están haciendo. Pero deberían, si no les da resultado –y evidentemente no les está dando resultado–, probar con otra cosa. Yo no sé: pero si quiero hacer tal cosa, y lo hago, lo hago y cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor, probaría con otra cosa. Por eso pienso que, en el caso de los servicios, no es que están confundidos: creo que hay intereses,
señora presidenta. Creo que hay gente que está acumulando mucho dinero –¡mucho dinero!– a partir de este tarifazo. Mírenlo, véanlo, porque es algo grave; se está extendiendo en todo el país. ¡No sale en ninguna parte, pero hay problemas en todos lados! Y cuando dicen que había subsidios porque la gente del interior pagaba cosas que los del Gran Buenos Aires o la Capital… ¡Error, señora presidenta! ¡Cammesa, que es el que vende la energía eléctrica a todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, cobraba el mismo megavatio a Edenor y a Edesur que a EPEC, en Córdoba, o a la empresa de servicios públicos en Santa Fe! Para tomar los distritos grandes, para tomar los distritos
grandes… Qué hacían las empresas locales, algunas públicas, otras privadas:
no le pagaban a Cammesa el megavatio subsidiado, o se lo pagaban, y a los usuarios de sus respectivas provincias, porque estaban a cargo de la distribución, les ponían unas tarifas brutales. La gente pensaba que éramos el gobierno nacional el que subsidiaba a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires. ¡No, señora presidenta! El precio del megavatio de electricidad era el mismo de Ushuaia a La Quiaca. Después, en cada provincia, los que administraban la distribución utilizaban el diferencial que le cobraban a sus
comprovincianos para hacer caja en las respectivas empresas. ¡Esto es lo que pasaba, señora presidenta! Para terminar, voy a comentarle una infidencia. Una vez, con esta discusión de los subsidios, los que se quejaban –me acuerdo, los cordobeses– porque tenían tarifas muy altas y entonces, el gobierno nacional… Entonces, cuando veo la situación de la provincia, veo que obviamente le cobraban el megavatio a Córdoba lo mismo que a Edenor y a Edesur: exactamente al mismo precio, exacto. ¿Qué hacía en Córdoba la distribuidora EPEC? Ponía el resto y hacía caja en la provincia; y, además, no
le pagaba a Cammesa. Entonces, me acuerdo de que dije: “Bueno, pero habría
que cortarle… Si no pagan a Cammesa, además le cobran a la gente barbaridades en las tarifas, ¿qué hacemos? Hay que cortarle…” ¡No, claro! ¿Qué pasa? Si se la coartaba, no se la cortaba al que no pagaba: se la cortaba a la gente, a la sociedad, porque este es el otro tema. Toda esta discusión, esta disquisición entre los que opinamos de una manera y opinamos de otra, y demás, y que se ve en el ámbito de las decisiones del Estado, sea en su nivel provincial, municipal o nacional, esto finalmente siempre lo termina pagando el
pueblo: ¡siempre lo termina pagando el pueblo! O en mal servicio, o en tarifazos, en fin… Por eso digo, señora presidenta, que la competencia va a exigir una mirada muy fina por parte de todos. Yo celebro que hayamos acordado en discutir estas cuestiones, porque creo que es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa. Seguramente por eso también, quiero aclarar, cuando presenté el proyecto lo hice congelando… –no me gusta la
palabra “congelar”; no me gusta la palabra “congelar”–, sino suspendiendo el aumento tarifario al 1º de enero de 2017. O sea, dejando vigente todo el aumento tarifario que hubo en 2016, de modo tal que nadie interprete que se quiere volver acá o acullá… ¡No, no, no! Queremos algo sensato. Por eso también el Comité de Revisión Integral de Tarifas: para que con la doctrina que fijó la Corte en tarifas justas, razonables y con acceso universal, podamos llegar a un acuerdo. Por eso creo que una vez más, señora presidenta,
estamos con un proyecto de ley que tiene un hermoso título, pero que va a tener nulo impacto en la concentración económica que hoy tiene la República Argentina, que sería bueno fijarle un porcentaje. Nada más, señora presidenta; muchas gracias.