Esta semana, las palabras de Agustín Rossi, durante la última sesión del Parlasur en la ciudad de Montevideo, reflejaron la violencia de época: “¿Se está construyendo una fuerza paraestatal (…) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?”. Han pasado días y nadie del Gobierno Nacional contestó los graves interrogantes del ex Ministro de Defensa, ex Presidente del Bloque de Diputados Nacionales del FPV y actual miembro del Parlasur.
Las preguntas tienen respuesta y, lamentablemente, no es negativa. Fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como inevitable resultado una Democracia de nula intensidad, como nunca se vió desde 1983. Persecución ideológica y hostigamiento mediático. Armado de causas judiciales de funcionarios del Gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de patadas con la Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano. Y si es necesario, cárcel: hasta que declares y hagas lo que ellos quieren.
Causas armadas que llegan a ser delitos en sí mismas, como la de “Dólar futuro”, en la que se procesó a funcionarios del anterior Gobierno, incluida su Presidenta, su Ministro de Economía y todo el Directorio del Banco Central, por el precio de los contratos del dólar a futuro.
El actual Gobierno fue el que tomó la decisión de devaluar después del 10 de diciembre. Hombres de negocios, que el año pasado compraron esos contratos llegaron al Gobierno, y como funcionarios pactaron el precio de lo que habían comprado como empresarios. Un verdadero escándalo. Todo ello bajo la impunidad de un “juez”, que para ocultar los delitos de los funcionarios del actual gobierno, procesa a los del anterior. La denuncia había sido efectuado por dos Diputados del actual Gobierno.
Tan escandaloso y demostrativo de la persecución como el llamado a indagatoria efectuado por el mismo “juez” de 70 figuras relacionadas con la cultura, por una “supuesta” malversación de fondos públicos del INCAA. Como señala hoy el diario Página/12, la intención es clara: “hacer desfilar por su despacho de Comodoro Py a partir de ésta semana y hasta noviembre, imputados (…)”. El mismo periódico informa que desde el año 2010, en que la causa quedó a cargo de Bonadío -“el juez”- “(…) comenzaron los allanamientos y las denuncias contra los artistas que se identificaban con el anterior Gobierno, bajo el señalamiento de que sus posicionamientos eran ‘sobornados’ con plata del Estado”.
El procesamiento, en el día de la fecha, de ex funcionarios en una causa contra lo que constituyó la verdadera la recuperación del “Fútbol para Todos” los argentinos, tampoco es casual. Hoy, como es de público y notorio, el Gobierno actual, sí está negociando con los dirigentes de la AFA como se van a repartir el negocio entre ellos. Del negocio del fútbol, entre otros, provienen muchos funcionarios del Poder Ejecutivo. Empezando por su titular, y el Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien aún no obtuvo el acuerdo del Senado, tal cual lo exige la ley.
Cristina.
