Álvaro Herrera es el hijo de Graciela Bonino, quien tiene 70 años y en 2012 recibió un certificado de discapacidad, por una enfermedad psiquiátrica que le genera trastornos de la personalidad y por la cual no puede valerse por sí misma.

«El martes pasado cuando fui a cobrar la pensión de mi madre, como todos los meses, me di cuenta de que no habían depositado su pensión. Me contacté con la ANSeS y me dijeron que fuéramos al Ministerio de Desarrollo Social. Allí nos informaron que mi mama no tendría más su pensión por discapacidad porque sus Ingresos eran superiores a dos pensiones mínimas, algo que no es verdad», arranca Álvaro.

Y sigue: «Mi mamá, desde 1998, está separada de su marido, mi padre, y pero el Ministerio no se percato de eso y computó a mi mamá como casada porque su ex pareja, mi papá, cobra hoy $ 12.000 de jubilación. Nos pidieron que llenáramos un formulario y lo presentáramos junto con dos testigos. Le tomaron declaración a mi mamá y aun estamos esperando una respuesta. El problema es que mientras tanto, al quitarle la pensión le quitaron también la cobertura médica».

Álvaro detalla más números: «Mi mamá gasta $ 2.500 por mes sólo en medicamentos y los $ 4.445 que recibía como pensión lo destino a un hogar especializado en problemas psiquiátricos, donde vive actualmente, porque por su enfermedad requiere un cuidado constante y yo trabajo y no la puedo dejar sola, pero por su enfermedad tampoco cualquier persona puede cuidarla. La decisión de internarla llegó cuando en un descuido le abrió la puerta de casa a un desconocido, la robaron y violaron. Soy docente de la Provincia, no soy propietario y mis ingresos no me alcanzan para poder pagarle el hogar especializado».