Discurso de Néstor Kirchner en la firma del decreto que cambia la designación de los jueces, 16 de junio de 2003.

Señor Vicepresidente de la Nación; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; señor gobernador de la provincia de Buenos Aires; señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores secretarios y subsecretarios; señores legisladores; señores juristas y representantes del Colegio y entidades académicas, ONG; señoras y señores; ciudadanos y ciudadanas: hemos sostenido desde el momento inicial de nuestro mandato que resulta necesario en nuestra Patria reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno con la sociedad.

Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan avanzar hacia una sociedad mas equilibrada, mas madura, mas justa.

Hemos asumido un fuerte compromiso personal para lograr el incremento de la calidad institucional y así forjar una reconciliación entre las instituciones y la sociedad. La calidad institucional empieza por el apego de cada uno a las normas y el cumplimiento de sus roles por las instituciones.

Queremos cambios profundos. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. Queremos el cambio, que el cambio no se reduzca a lo funcional. Buscamos un cambio profundo y conceptual.

El artículo 99 inciso 4° de la Constitución de la Nación Argentina confiere al Presidente de la Nación la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con acuerdo del Senado por dos tercios de los votos de sus miembros presentes. Al igual que la Constitución de otros estados, el sistema de nuestra Constitución ha seguido la opción de investir al Presidente de tan importantes poderes políticos librando su ejercicio a su exclusivo arbitrio, responsabilizándolo desde el punto de vista político sólo ante su pueblo y desde el punto de vista ético, ante su propia conciencia.

Se trata de un importante poder político que el origen popular de su elección confiere al Presidente. Es a la vez una gran responsabilidad.

Desde que el entonces presidente, general don Bartolomé Mitre, en 1863, dejó instalada la primer Corte Suprema de Justicia de la Nación, la totalidad de los Presidentes ejercieron esa facultad de modo personal. Con razón se ha dicho que ninguno de ellos se sustrajo a la necesidad de colocar en ella a jueces identificados con su credo político.

A mediados de la centuria pasada se agregó la circunstancia de que cada cambio institucional de facto y los consiguientes gobiernos de derecho que les sustituyeron, modelaron a su manera sus Cortes Supremas de Justicia, sumando a aquellas facultades constitucionales la circunstancia de producir la renovación íntegra de sus miembros.

Es verificable que en cualquier punto de nuestra historia la Corte ha servido de elemento de apoyo político para el presidente de turno, de modo que se ha sostenido que en la mayoría de los casos, aquí y en otras latitudes, los jueces de la Corte se han mantenido leales a quien los designó.

Seguramente la suma de esas prácticas y aquellas interrupciones constantes de la vida institucional tienen mucho que ver con el estado de la percepción ciudadana respecto de la Corte.

Hemos dicho que tenemos como ideal la prestación desde el Estado de un servicio de justicia próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia y de equidad que garanticen una real seguridad jurídica para la totalidad de los habitantes de nuestra Patria, cualquiera sea su condición económica y social.

Por su rol como poder del Estado, por su carácter de rectora de la Justicia Federal, por su función como rama judicial del gobierno, por ser la intérprete final de la Constitución, por su importante papel como tribunal de garantías constitucionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación necesita ganarse la confianza de la sociedad, para solidez de sus decisiones.

No hay país serio en el que las decisiones judiciales no deban respetarse por imperio de las magistraturas de los jueces.

No se nos escapa que elegir a quien deba ocupar un lugar vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un momento histórico como el actual donde cambiar es imprescindible, significa algo más que intentar fijar un rumbo para esa institución de la Nación.

En circunstancias como las actuales implicará una señal llamada a recorrer hasta los pliegues más recónditos de la República que impactará en múltiples aspectos de la vida institucional y social.

En el incremento de la calidad institucional que buscamos tendrá un importante papel la modalidad que elijamos para seleccionar los nuevos miembros del máximo Tribunal.

Por eso no nos sirven las viejas prácticas. Por eso es necesario no tener en cuenta en este punto los acostumbrados precedentes. Es necesario abrir un nuevo camino que arrime luz a la vida republicana y despeje de desconfianzas las relaciones de las instituciones con la sociedad.

Hemos dicho y repetimos que no nos interesa conformar una Corte Suprema adicta. Queremos agregar que el único compromiso que requeriremos será para con el país. Compromiso para con el Estado. Compromiso para con la Democracia. Compromiso para con la defensa de los derechos humanos. Compromiso para con la República. Compromiso para con la Constitución.

Y la manera de ser fiel a esas palabras es autolimitar la propia facultad constitucional, siempre dentro de los parámetros mismos de la Constitución y de una manera que no resulte contraria a lo que ella establece.

No se trata de eludir la responsabilidad de proponer un nombramiento al Senado de la Nación. No se trata de diluir esa responsabilidad en una responsabilidad colectiva.

Se trata de tener presente a la hora del ejercicio de esa facultad constitucional no sólo a las circunstancias atinentes a la composición del actual Cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales y sentido regional y federal, sino también y, de modo central, los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica así como el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

Queremos adoptar un mecanismo de selección que en su ejercicio, por su transparencia y la participación del ciudadano, de la sociedad, produzca un crecimiento cierto de la calidad institucional para impactar positivamente en la credibilidad de la institución a la que el magistrado deberá incorporarse.

Queremos que en la misma medida en que disminuya el arbitrio presidencial crezcan los derechos de los ciudadanos. Es que queremos motorizar la ayuda de la sociedad para mejorar, para no errar, para dar ejemplo de cómo se puede cambiar el futuro con el compromiso de todos.

Nos autolimitamos en nuestro arbitrio para terminar con la práctica extendida de gobiernos que para obtener gobernabilidad necesitan forjar tribunales adictos o caer en crípticas negociaciones. Queremos mejorar el sistema de selección con la participación de los ciudadanos para tratar de mejorar a la Corte Suprema como institución.

Descontamos que con este primer paso dado en el sentido de mejorar la calidad institucional otros darán otros tantos pasos que terminen por poner a quienes tenemos responsabilidades institucionales en ocasión de ofrecer a la sociedad que representamos un futuro mejor.

El más largo camino comienza por un primer paso. Damos hoy este importante paso sabedores de que iniciamos un largo camino irreversible en la medida que sea comprendido por la sociedad y el resto de quienes puedan ayudar a transitarlo con los menores traumas posibles.

La transparencia del método que ofrecemos, el control social que queremos que se ejerza respecto del ejercicio de esta función que la Constitución nos encomienda, tiene que culminar en la preselección de quien mejor exprese estos anhelos para que una vez en la función y desde su lugar de actuación pueda ayudar a la obtención de un resultado que se acerque al país serio que la gran mayoría de la sociedad espera.

La repetición de este proceso tantas veces como vacantes se produzcan en la Corte Suprema tiene que tener el efecto que la sociedad reclama: instituciones con el grado de credibilidad necesaria como para cubrir con solvencia el rol que la Constitución de la Nación Argentina les tiene reservados.

Así queremos que sea entendido este gesto, el que está ausente cualquier tipo de grandilocuencia así como de importante y simple es el aporte que pretendemos. Tenemos plena conciencia de que no se trata de poca cosa. Sabemos que en este punto no se agotan los cambios que deben concretarse. Se trata de un buen comienzo.

En el marco de la preservación del buen nombre y honor de los propuestos buscamos instrumentar un mecanismo que nos permita realizar una valoración prudente de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.

Con esa finalidad y en un plazo máximo de treinta días de producida una vacante, se publicará en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante tres días y en forma simultánea en la página de internet del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se decida poner a consideración para la cobertura del cargo.

Los propuestos deberán cumplimentar la declaración que exige la Ley de Etica de la Función Pública y otra en la que tendrán el deber de expresar datos que permitan evaluar cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio, así como la probable existencia de incompatibilidades y conflictos de intereses.

En un plazo posterior de quince días, los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y las asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán por escrito y de modo fundado y documentado presentar sus posturas, observaciones o datos que consideren de interés.

Por supuesto, sólo las objeciones imprudentes o irrelevantes para la finalidad perseguida, así como las que impliquen una discriminación de cualquier tipo, no serán tenidas en cuenta.

Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen espontáneamente, el Ministerio podrá requerir opinión a aquellas organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos para enriquecer la evaluación.

Adicionalmente se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, observando las formalidades y la reserva que por ley correspondan, sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los postulados.

Luego de un plazo que no podrá superar otros quince días, y haciendo mérito de las razones que abonen la decisión tomada, si esta es positiva, se elevará con los actuados, el nombramiento respectivo al Honorable Senado de la Nación.

Esta es la manera simple y práctica en que queremos poner en vigencia los principios en los que creemos. Es por este camino que requerimos la ayuda y el compromiso de todos los ciudadanos de la República Argentina.

Este es el modo en que buscamos motorizar la participación ciudadana para construir la nueva calidad institucional sobre la que queremos cimentar nuestro futuro.

Sabemos que es la apertura al cambio moral profundo, que va mucho más allá de un simple cambio instrumental. Sabemos que en su simpleza nos pone ante el desafío de variar estructuras profundas de nuestro comportamiento colectivo.

Confiamos en la capacidad de los distintos actores sociales para actuar responsablemente cuando el mecanismo que se ponga en marcha, ayudando todos a la finalidad común de actuar dentro del marco de nuestras competencias para lograr un servicio de justicia como el que necesitamos.

Les agradezco a ustedes que hoy aceptaron nuestra invitación, como estamos agradecidos a quienes comprendan el sentido profundo del cambio que queremos generar y a la sociedad que en su gran mayoría sabemos entenderá y acompañará este cambio.

Este es uno de los sueños que queremos proponerles. El sueño de una Argentina distinta. El sueño de una Argentina normal. Un país serio nos espera al final del camino que iniciamos con este paso que anunciamos hoy. Dios nos ayudará a concretarlo.