Por Daniel Enzetti para Tiempo Argentino
La Asociación de Amigos del Museo Ambato, ubicado en la ciudad cordobesa de La Falda, denunció a Tiempo Argentino que el juez federal del Tribunal Nº 1 provincial, Ricardo Bustos Fierro, se propone dormir la causa abierta contra Matteo Goretti, asesor de Mauricio Macri, acusado por robar piezas arqueológicas millonarias de ese museo en 2008. Y que por eso, en los próximos días iniciarán una campaña pública para reclamar que el hombre PRO sea sometido a juicio oral.
Goretti es un fanático de la arqueología que cuando estalló el escándalo, intentó despegarse del jefe de gobierno porteño para evitar salpicarlo. Pero no pudo ante varias evidencias. No sólo es un viejo asesor del macrismo, sino que además ocupó primero la presidencia de la Fundación Pensar, usina del pensamiento amarillo, y después, una vocalía. Dijo no pertenecer al staff oficial, pero sin embargo repartía a diestra y siniestra tarjetas personales que le abrían puertas, donde chapeaba como personal del Ministerio de Hacienda encabezado por Néstor Grindetti. Su nombramiento fue avalado por la resolución Nº 848 del 30 de abril de aquel año, para desempeñarse como «personal de la planta de Gabinete» de ese ministerio. En esas tarjetas, el acusado daba como dirección de trabajo el «Piso 3, Of. 306» del Palacio de Gobierno, lugar donde se ubica la oficina de prensa. El teléfono y su correo electrónico también referenciaban a la administración porteña.
Además, se lo recuerda como formador de imagen de dos estrellas PRO: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
¿Y estos adornitos? Al experto en cultura precolombina bien podría caberle esa vieja máxima de que si tiene cuatro patas, cola y muge, lo que está enfrente es una vaca. Hace cinco años, en plena búsqueda de objetos «perdidos» de un valor incalculable, Interpol allanó cuatro domicilios suyos, y en uno de la Capital Federal encontró 58 piezas arqueológicas que tiempo antes habían desaparecido del Ambato. Desesperado, manoteó como explicación que «Mi colección fue relevada y registrada en 2007 por expertos designados por la autoridad pública, en cumplimiento de la Ley 25.743. En esa oportunidad informé por escrito a la autoridad de aplicación que la colección se encontraba en el mismo sitio donde sigue en la actualidad, que fue allanado el 18 de abril». Versión que, más que ayudarlo, lo siguió embarrando, porque la norma aprobada en 2003 otorgaba seis meses de plazo para registrar colecciones privadas. Nadie de su entorno explicó por qué esperó cuatro años en hacerlo.
Admitió que «se encontraron algunas piezas que habrían sido sustraídas años atrás de un museo privado de Córdoba», pero se atajó: «Yo desconocía totalmente esa situación. El origen de todas las piezas que estaban en la calle Libertad es de buena fe.»
También se derrumbó la versión de que su acercamiento a Macri era sólo por afinidad política. Aunque aquel nombramiento en Hacienda era «ad honorem», los querellantes en el juicio que se le sigue descubrieron pagos del gobierno porteño a otra fundación presidida por Goretti, llamada Ceppa, de casi 140 mil pesos, como parte de casi 700 mil pesos que un «Programa de Mecenazgo» de la gestión habría girado al acusado.
Goretti se encuentra procesado e imputado por infracción a la Ley Nacional Nº 25.743 de protección de los bienes arqueológicos nacionales, proceso que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 cordobés, a cargo de Bustos Fierro. La causa, denominada «GORETTI MATTEO psS. Infracción Ley 25.743», Exp. Nro23-G-12 iniciado el 3 de mayo de 2012, es seguida de cerca por el fiscal Enrique José Senestrari. Hasta ahora, los abogados del asesor PRO, Jorge Anzorreguy y Marcos Juárez, no pudieron contrarrestar las evidencias que lo comprometen, pero usan como estrategia tirar de la cuerda el mayor tiempo posible, para que la investigación prescriba definitivamente.
Anzorreguy es el mismo que hace un tiempo defendió a Ernestina Herrera de Noble en la causa por supuesta apropiación de dos criaturas durante la dictadura militar. Hermano de Hugo, ex jefe de la SIDE en la época menemista, Jorge proviene del otro lado del mostrador. Colaboró con la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, y militó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) durante los años setenta.
La mano de Fierro. En diálogo con Tiempo Argentino, el abogado de la Asociación de Amigos del Museo Ambato, Eduardo Garbino, sostuvo que «estamos ante un delito federal, como es el robo de piezas arqueológicas que pertenecen al patrimonio de la Nación. Por lo tanto, resistimos la decisión de la justicia cordobesa de querer girar la causa a la Ciudad de Buenos Aires». El intento partió de Bustos Fierro, basado en que el domicilio allanado de Goretti está ubicado en territorio porteño. «No somos ingenuos –agregó Garbino–, hay muchas presiones y quieren que la investigación se caiga.»
En 1997, el juez avaló un curioso pedido a favor de las empresas telefónicas vinculado al balanceo tarifario, que le valió una denuncia por «estafa procesal» del ex diputado socialista Héctor Polino. Estuvo involucrado en un dudoso procedimiento sobre narcotráfico, y también se lo recuerda por su intervención en el caso del «Proyecto Trafic». Se trató de maniobras de contrabando descubiertas por un equipo de investigación de la Aduana, en las que aparecieron como imputados varios empresarios de Renault Argentina. El juez los sobreseyó en dos oportunidades, y la causa aún está abierta gracias a la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones. Un ex empleado suyo, Santiago Houston, fue acusado por realizar escuchas telefónicas a periodistas y miembros de la justicia, pero la causa también languideció. Y en otro escalón de su carrera, bendijo con sus fallos a Carlos Domínguez Linares, un ex asesor legal del gobierno de Formosa durante la dictadura militar. Pero los últimos pasos del juez se relacionan con la comunicación. Por ejemplo, su resolución del 2011 a favor de la empresa Cablevisión, en pleno debate por la Ley de Medios. El magistrado autorizó un fuerte incremento en el costo del abono. No sólo lo denunció la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, sino además Julio Piumato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Hoy, Piumato se olvidó del tema, ya no es más kirchnerista.
Hace pocos días, se convirtió en el primer magistrado en avalar una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Córdoba, como parte de la estrategia para boicotear el proyecto de democratización de la justicia. Lo de Bustos Fierro fue un trabajo a medida de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). «
Campaña pública
Por el juicio oral
Intervendrá la cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad de Córdoba y la intendencia de La Falda.
“Tenía en su poder piezas que habían sido saqueadas
Eduardo Garbino (*)
Ubicada en La Falda, Córdoba, una casona adquirida especialmente albergó la colección de piezas arqueológicas precolombinas más importante del país, conformando el Museo Argentino Ambato, que funcionó hasta 1992. A partir de ese momento comienza un proceso de absoluta desprotección del Museo, y la colección, a ser malversada por coleccionistas. La piezas arqueológicas, la riqueza de miles de años precolombinos, ¿son propiedad privada o del Estado nacional, provincial o municipal?
En 2001, vecinos de La Falda y del Valle de Punilla se autoconvocaron, afirmando sin hesitación que la riqueza arqueológica es del Estado, e instaron a que tanto el Estado municipal como el provincial tomaran parte activa en la protección del museo y la colección. Pero encontraron un fuerte vallado de las autoridades, con el argumento de que los objetos eran de origen privado y no se podía violar el derecho constitucional de propiedad. Hasta que en 2003 se sanciona la Ley Nacional 25.743 de «Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico».
Córdoba es uno de los territorios donde más se trafican piezas arqueológicas, por esto se la denomina «Zona Roja del Tráfico». Paradójicamente, hasta hoy no se configuró el Registro que ordena la mencionada ley.
Los vecinos, ya constituidos en la Asociación Civil Amigos del Museo Argentino Ambato, plantearon una acción de amparo ante el Juzgado Federal Nº 2, con la finalidad de avalar la protección y tutela del Estado sobre las piezas. Pedido aceptado por la justicia federal, que ordenó al intendente de La Falda esa responsabilidad. Pero en 2008 se produce el brutal saqueo de la colección.
La Asociación denunció penalmente el robo ante la Fiscalía del Juzgado Federal Nº 1, tras lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió darnos la razón y afirmar que el Estado nacional ejerza la tutela de las piezas.
Y se llega a abril de 2012, cuando en el marco de la investigación, Exp. F.Nro. 158857/10 «Amigos del Museo Ambato de La Falda s/Denuncia», se realiza un allanamiento en el domicilio de Matteo Goretti, donde se secuestra una importante cantidad de piezas de la colección Ambato. Goretti quedó imputado por infracción al Art. 48 y 43 de la mencionada Ley de Protección, y al Art. 45 del Código Penal.
Los defensores de Goretti, Jorge Anzorreguy y Marcos Juárez, interponen excepción de incompetencia por la materia y el lugar, planteo aceptado por el titular del Juzgado Federal Nº 1 Ricardo Bustos Fierro, que ordena remitir la causa a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es apelado por el fiscal federal y la Asociación como querellante particular. En audiencia oral y pública, la Cámara Federal de Apelaciones resuelve por unanimidad rechazar el pedido de incompetencia, y revocar lo resuelto por Bustos Fierro. La defensa de Goretti opone Recurso de Casación, que también se rechaza. La Asociación, como querellante particular, sostiene que la causa ya estaría en condiciones de elevarse a Juicio Oral y Público. Pero hasta ahora, Bustos Fierro no se ha expedido sobre esta cuestión.
El señor Matteo Goretti, coleccionista y politólogo, miembro de la Comisión Directiva de la Fundación Pensar que dirige el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, argumenta en su defensa que a las piezas las adquirió de buena fe. Defensa absurda y falaz, por cuanto este señor ya es conocido por sus delirios de coleccionista. Ya en el año 2003 intentó abrir un museo de etnografía y arte precolombino en Buenos Aires, desistiendo de su proyecto frente a la sanción de la Ley 25.743. Lo real, lo concreto, es que este señor tenía en su poder piezas arqueológicas que fueron saqueadas, ultrajando la memoria histórica de la que están impregnadas cada una de esas piezas. Es por ello que estos saqueadores deben ser inevitablemente juzgados y condenados por aplicación de las normas contenidas en esa ley.
Por otro lado, de la investigación surge de manera indubitable la responsabilidad de las autoridades provinciales del área de Cultura y Patrimonio en el tráfico ilícito, por lo que se espera la profundización de la investigación judicial, con mucha mayor premura de la que se ha manifestado hasta el presente. La causa en contra de Goretti debe ser elevada de manera inmediata a Juicio Oral y Público, puesto que existen intereses que buscan la prescripción de la causa. Así lo exige la memoria histórica, y la recuperación de nuestra humanidad como habitantes de la Patria Grande.
(*) Abogado de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. La Falda, Córdoba.
