Buenos días. Es para plantear una cuestión de privilegio. El día 7 de diciembre, exactamente el último día hábil, anterior a que yo me sentara en esta banca como senadora de la Nación, Bonadío –ya conocido por todos– firmó una resolución por la cual me imputa el delito de traición a la patria y también el de encubrimiento del atentado de la AMIA, ocurrido –para ser más precisos– el 18 de julio de 1994, hace ya 23 años. Con una celeridad que sería conducente y buena para todos los casos, el mismo día a las 18 horas ingresa en este cuerpo el pedido de desafuero por el delito de traición a la patria. Antes de ingresar decididamente a la cuestión de privilegio, me gustaría hacer algunas aclaraciones en virtud de algunas declaraciones o posturas que no hacen más que contribuir a lo que sin lugar a dudas constituye un claro avasallamiento de la representación política institucional del país. He escuchado a senadores del oficialismo plantear que hay que constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el desafuero de la senadora, que emita dictamen y que en marzo se expediría. En realidad, debo decirles que para tratar el pedido de desafuero de Bonadío no hace falta constituir ninguna Comisión de Asuntos Constitucionales por una razón muy sencilla, señores legisladores, señora presidenta: porque la reforma a la ley de desafueros, que fue efectuada allá por el año 2000 y con motivo del escándalo de los sobornos en el Senado, para permitir que los senadores pudieran declarar, es una ley que establece un procedimiento reglamentario, pero que no necesariamente es el que se debe llevar a cabo. Cualquier cuestión, señora presidenta –un desafuero también–, puede ser tratada sin ningún despacho de comisión con la habilitación de los dos tercios, como se va a tratar por ejemplo hoy el presupuesto, que si bien tiene despacho no han transcurrido los siete días obligatorios, o tal vez, si se decidiera, por ejemplo, y dos terceras partes de los miembros quisieran reformar la Constitución y estuvieran sentados 48 senadores, podrían sancionar una ley de reforma de la Constitución sin necesidad de ningún despacho.  Con lo cual, la intencionalidad clara de decir que no se constituye la Comisión de Asuntos Constitucionales para evitar el tratamiento del desafuero es un argumento que a poco de explorar en él, se derrumba. O sea, esta Cámara, con las dos terceras partes, puede tratar el desafuero y cualquier otra cuestión, porque así lo habilita el reglamento. De hecho, tanto es así, que estando constituida la Comisión de Asuntos Constitucionales hay desafueros que nunca han sido tratados, por ejemplo. Hay un desafuero pedido para un senador de una provincia argentina desde el año 2016 por enriquecimiento ilícito y, a poco que me puse a estudiar el caso, ni siquiera se trata de un caso en el cual haya condena ni nada, simplemente hay un senador que no fue a prestar declaración conforme lo citó la Justicia y, entonces, obviamente la Justicia pide que sea llevado por la fuerza pública y para eso necesita desaforarlo. No importa quién, lo importante es el caso. Y también hay otro pedido de desafuero para otro senador. Pero, a ver, estaba constituida la Comisión de Asuntos Constitucionales y esos desafueros nunca fueron tratados. Por lo tanto, la constitución o no de la Comisión de Asuntos Constitucionales no es necesaria para el tratamiento de ninguna cuestión. Así que el argumento de que el peronismo o Cristina o el kirchnerismo quieren impedir la constitución o la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no.  La segunda aclaración tiene que ver con algo que se difundió en todos los medios de prensa oficialistas afines al gobierno respecto de lo que había sido mi postura –de la que “habría” sido mi postura, para hablar más técnicamente– respecto de alguna cuestión de desafuero.  Miren, cuándo fui presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este honorable cuerpo se trataron tres pedidos de desafuero. Mejor dicho, se trataron dos; había tres pedidos de desafuero. El desafuero que se menciona con una postura que sería incoherente, según lo que se quiere decir, nunca fue desafuero porque el senador por Corrientes Romero Feris nunca había asumido; al contrario, se trató simplemente de revalidar la idea del cupo femenino de manera tal de que cuando una senadora renuncia solamente puede ser reemplazada por otra senadora.  Pero, yendo a los desafueros que se trataron durante mi presidencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales, fueron dos: uno, el del entonces senador por La Rioja, Luis Barrionuevo, con motivo de los hechos de público conocimiento… De Catamarca, perdón, me corrige Mayans. Gracias.  Por los hechos que eran de público y notorio conocimiento: durante unas elecciones, hubo quema de urnas, desmanes, etcétera. No prosperó. Yo era partidaria del desafuero, pero no prosperó. No prosperó y la que impidió con su voto ese desafuero – fíjese qué curioso, señora presidenta– fue una senadora y una dirigente política que muchas veces es presentada y estigmatizada como cristinista fanática. Bueno, la cristinista fanática fue la que definió –Diana Conti– que el senador Barrionuevo no fuera desaforado, y obviamente no fue desaforado. La otra fue la del senador Ochoa, de Santiago del Estero, que había votado dos veces en medio de un gran escándalo que se armó –fraude procesal–. Y hubo un tercer pedido de desafuero que nunca fue tratado, que fue el de la entonces senadora Luz Sapag, por Neuquén, excelente dirigente política que tuve el gusto de conocer durante la asamblea constituyente del 94. Luz, que se había desempeñado como intendenta de la ciudad de San Martín de los Andes, que luego fue senadora, estaba muy enfrentada con el entonces…

Y había tres causas solicitadas por la Cámara Criminal y nosotros decidimos no tratarlo porque visualizamos claramente que se trataba de una persecución política. Yo era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, como dije, no se trató el pedido de desafuero. Luego la causa fue archivada en 2008 y desconozco cuál ha sido su resultado. Lo cierto es que quiero poner blanco sobre negro lo que fue nuestra actuación porque debo tener muchísimos defectos, pero la incoherencia no es uno de ellos.  La tercera cuestión tiene que ver con el tema de fueros y, al respecto, erróneamente, he escuchado a algunos dirigentes políticos en algún set de televisión decir que iban a renunciar a sus fueros legislativos o parlamentarios. Bueno, lamento notificarles que eso está lindo para una cámara de televisión, para la radio o para un reportaje, pero los fueros no son de los legisladores. Los fueros son del cuerpo, o del Parlamento, porque es el cuerpo el que, a través de los fueros, que tienen una raigambre histórica, quiere custodiar que la votación del cuerpo –la voluntad el cuerpo– no sea alterada por elementos de la política. En definitiva, todos los que estamos sentados acá somos hombres y mujeres militantes y de la política.  Entonces, esos fueros no pueden ser renunciados por ningún legislador. Esos fueros custodian la voluntad de la Cámara y la voluntad de representación que tiene que tener este poder.  Hechas estas tres aclaraciones, me referiré al insólito fallo por el cual, precisamente, se quiere atacar la representación política de este país y, fundamentalmente, de la oposición.  La verdad es que esta utilización del Poder Judicial para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a los dirigentes no es un atributo argentino. No somos originales ni novedosos en esto.  El lawfare, término acuñado en los Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard, habla de la utilización del aparato judicial, en una articulación con los medios de comunicación, para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes políticos de la oposición. Hay numerosos ejemplos que están sucediendo en toda la región latinoamericana. Es un modus operandi, una matriz latinoamericana. Igualmente, debo reconocer, señora presidenta y señores legisladores, que la Argentina siempre se destaca por ir un poco más allá. Creo que en materia de lawfare, este fallo, que además fue prolijamente notificado el mismo día, va a constituirse en el auténtico leading case del lawfare. ¿Por qué? Porque un instrumento público estatal, de derecho internacional, como es un memorándum de entendimiento, similar al que usted firmó con Qatar, por ejemplo, firmado de acuerdo a las atribuciones que marcan la Constitución y que, además, fue remitido al Parlamento para su tratamiento –fue tratado, debatido y aprobado en sesiones públicas–, llama la atención que, si constituye un delito según un juez o según una jurisprudencia, no haya citado a los legisladores que lo aprobaron, compañeros y compañeras diputados y senadores que lo votaron.  Todos sabemos que un instrumento internacional es un acto de carácter complejo, no solo requiere la firma del titular del Poder Ejecutivo, sino también la actuación del Parlamento. El juez que había dictaminado que esto no era un delito porque era, precisamente, un acto no judiciable, hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura. Por esas casualidades de la vida, es el mismo juez que la sobreseyó a usted con relación al memorándum de Qatar, el que nunca fue tratado por el Parlamento, tengo entendido. Tampoco sé si fue remitido. Ven, son estas cosas las que van constituyendo el lawfare, esto es, cuando una misma situación es tratada de una manera y, cuando se está del otro lado, de otra manera. Podría mencionar innumerables causas de esta naturaleza, como dólar futuro con LEBAC, por ejemplo: sobreseimiento en la denuncia sobre LEBAC y procesamiento en dólar futuro. Según Bonadío, el perjuicio que hubo para contratos de dólar futuro fue de 57.000 millones de pesos por la devaluación que realizó este gobierno, devaluación y contratos de dólar futuro que fueron acordados por funcionarios de este gobierno que también tenían contratos de dólar futuro. Podríamos seguir así con innumerables ejemplos de lo que está sucediendo en la República Argentina en materia de lawfare. Pero creo que, a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas y de las graves situaciones que vulneran la representación del Parlamento argentino, que además de lawfare, además de estigmatización o persecución a dirigentes de la oposición, lo que aquí se está haciendo –que es tan grave o más– es vulnerar la representación que las instituciones deben tener. Nos tocó escuchar y ver durante la semana pasada, cuando se trató en la Cámara de Diputados la reforma previsional, a una diputada del Chubut contar que votaba –ella no estaba de acuerdo, o sea, la voluntad del legislador era no votar– porque el gobernador de su provincia le mostró la pantalla de un celular donde un funcionario de su gobierno, señora presidenta, un funcionario nacional, le había enviado al gobernador una foto de la banca vacía de la diputada y le decía: “Tu diputada todavía no se sentó”. Alguno podrá pensar que es un mecanismo extorsivo. Yo creo que es algo más: es un mecanismo mafioso, señora presidenta, porque sacar una foto a alguien y amenazarlo me recuerda imágenes de El Padrino o de esas películas que estamos acostumbrados a ver sobre la mafia en la que le muestran a alguien que su hijo va a tal hora a la escuela o su señora a tal hora a hacer las compras en el supermercado. Esto nunca había sucedido, señora presidenta, en la República Argentina. Esto es algo más que lawfare, esto es alterar la voluntad del Parlamento en contra de la representación. ¿Por qué? Porque también vimos algo inédito, nunca visto: una foto – creo que no tomaron dimensión de lo que estaban haciendo en términos de institucionalidad y en términos de las cosas que pueden darse a futuro– sentados gobernadores y diputados firmando un comunicado diciendo que se comprometían a que todos los diputados votaran y trataran en tal o cual sentido. Yo creo, señora presidenta, que esto es alterar la voluntad de la representación popular, y con riesgos institucionales, porque si bien ustedes durante toda la campaña negaron enfáticamente que no iban a tocar a los jubilados y que no iba a haber ninguna norma contra los jubilados en las elecciones, en las PASO de agosto y con posterioridad –o sea, hubo dos campañas, dos elecciones, y en ambas negaron enfáticamente que fuera a haber alguna normativa en materia previsional–, inmediatamente después del 22 de octubre enviaron el proyecto. Ahora bien, muchísimos dirigentes de la oposición sostuvimos en la campaña electoral que esto iba a suceder y que, si esto sucedía, nosotros no lo íbamos a votar. Y esto, que parece una cuestión “electoralera” nada más o política, es profundamente constitucional e institucional en materia de representación política, porque nosotros, señora presidenta, estamos aquí sentados no para hacer relaciones, no para que nos pongamos todos de acuerdo, sino que estamos aquí sentados para representar a los que nos votaron. Esta es por lo menos mi visión, mi concepción acerca del rol que debe tener un legislador y del voto de sus representados, de los que se identifican con su pensamiento, con su proyecto: se sienta acá y lo defiende. Es lo que yo siempre dije. Desde…

Yo le voy a pedir algo señora presidenta: tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y además han hecho un módico tratamiento de las normas, pido diez o quince minutos más para una cuestión tan importante. No les voy a demandar demasiado tiempo…

Entonces, creo que esta cuestión de la representación popular no es algo menor. No solamente se está utilizando el disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación. Porque en definitiva, señora presidenta, si me permite citarla a usted en una declaración que hizo hace muy poco en el Rotary Club, allí da su idea de lo que iba a hacer yo acá cuando viniera a la Cámara. Entonces, si me permite leer –y termino ya con esto–, usted afirma: “No sabemos cómo va a trabajar, porque teníamos una minoría con una muy buena relación con la mayoría”. Lo nombra al senador representante de uno de los bloques. Y dice: “Dependerá de cómo quiera relacionarse”. Soy yo esa. Continúa: “Cuando era senadora fue una defensora de la institucionalidad y no así cuando fue presidenta. No sabemos cómo va a ser. Trabajábamos con mucha paz y serenidad. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse con los presidentes de bloque. Uno no sabe si va a haber una senadora como era o una expresidenta que discuta todo”. La verdad, señora presidenta, que me gratifica mucho el concepto que usted tenía de mí cuando era senadora, pero quiero comentarle algo: a mí me expulsaron como senadora de este bloque en el año 97, del bloque oficialista. Y siempre fui una senadora que sentada en esta banca he dicho lo que pensaba y hacía lo que decía. Trae problemas, es cierto, pero es el camino que cada uno elige. ¿A qué voy con esto, señora presidenta? Que es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. Lo dice el presidente. Lo dicen todos. Usted lo dice acá: hay que ver si ella quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo no les guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso va a dejar de ser presidenta usted ni presidente Macri. Van a seguir siendo presidente y vicepresidenta. No me gusta nada su gobierno. Pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición, porque me votaron. Y también tengo que ser oposición. Entonces, esto de andar reclamando oposiciones de diseño, no me parece acertado de las instituciones y, fundamentalmente, del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer.  Se vio muy claramente en lo que vivimos durante la semana pasada cuando, inclusive –mire también, señora presidenta, qué visión equivocada de las cosas–, fue de público y notorio –lo decían todos los medios, lo decían todos– que se adelantó o se inició por el Senado y se discutió muy rápidamente la reforma previsional, porque se quería evitar mi presencia durante la discusión de la reforma previsional, como si yo fuera una cosa mágica que iba a hacer… ¿qué cosa? Nada, señora presidenta. De hecho, se sentaron todos muy cómodos, trataron la reforma previsional, inmensa movilización el mismo día en la puerta, acto y no hubo ningún problema.  Sin embargo, en Diputados tomó un volumen y una discusión que no tiene que ver con personas, señora presidenta, porque este es el problema que ustedes tienen, otra cosa que hacen: ustedes personalizan mucho. Tal vez, sea una buena estrategia para despolitizar y no hablar de lo que hay que hablar, de las políticas; entonces, hablamos de las personas…

Decía que, entonces, hablamos de las personas y no hablamos de las políticas. Pero en realidad, señora presidenta, ni mi presencia iba a ser el talismán que agitara a las masas y no pudiera discutirse ni tampoco la presión iba a tapar lo que la gente opina acerca de determinadas medidas. Porque hay cosas que no se explican desde las personas ni desde las estrategias, sino desde las cosas que producen en la sociedad y en la política.  Por eso, señora presidenta, creo sinceramente que estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento recurriendo a métodos, recurriendo a procedimientos, recurriendo a formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina.  Es esta cuestión de privilegio, señora presidenta, que quería tratar.  Muchas gracias por los minutos de más, además.