El viernes 6 de junio, la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción a 9 implicados en la causa por el Mega-Canje de la deuda que se llevó adelante en 2001. Se trata de 8 ex funcionarios del gobierno de De la Rúa y el banquero internacional David Murdorf que nunca pudo ser llevado a declarar ante la Justicia argentina. En esta causa se investigan las abultadas comisiones que se pagaron a 7 bancos internacionales y, de esta forma, el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo quedó como el único procesado.
Los ex funcionarios que fueron sobreseídos son: Federico Struzenegger (ex Secretario de Política Económica), Jorge Baldrich (ex Secretario de Hacienda), Julio Dreizzen (ex subdirector de Financiamiento), Horacio Liendo (ex asesor del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo), Ernesto Marcer (ex Procurador del Tesoro), Carlos Molina (ex Director de la Oficina Nacional de Crédito Público), Norberto López Isnardi (ex Director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público) y Guillermo Mondino (ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía).
La Convertibilidad: crónica de una muerte anunciada.
En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como Ministro de Economía, se implementó por ley el plan de Convertibilidad. Después de las hiperinflaciones de fines de los años 80, se determinó un tipo de cambio fijo que establecía que un peso sería intercambiable por un dólar. De esta manera el peso argentino se encontraba sobrevaluado, es decir, el dólar era demasiado barato, lo que hacía que todos los productos importados fueran también artificialmente baratos y que, al mismo tiempo, los productos argentinos fueran caros para los extranjeros. Además de las privatizaciones y la contracción del Estado, esta política monetaria fue una de las causas de la acelerada desindustrialización de la Argentina durante la década de 1990.
Para sostener esa paridad cambiaria Argentina debió recurrir en forma indiscriminada al endeudamiento externo. Cuando el radicalismo accede al gobierno de la mano de De la Rúa en 1999, decide sostener la convertibilidad. De esta manera, la necesidad de dólares era cada vez mayor, porque el sobreendeudamiento no se empleó para alcanzar un mayor crecimiento o una mejora en la distribución de la riqueza, sino para sostener un esquema financiero que beneficiaba a unos pocos.
¿Qué fue el Blindaje?
Según el diccionario de la Real Academia Española, el término blindar significa “proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, las cosas o lugares contra los efectos de las balas, el fuego, etc.”. La metáfora fue utilizada por el entonces Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, su Ministro de Economía José Luis Machinea y las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Las planchas en este caso no serían de metal sino de dólares. Corría el mes de enero de 2001 y Argentina recibiría un crédito por 40.000 millones de dólares para “blindar” su economía de los efectos financieros.
El diario aquel día decía: “El directorio del Fondo Monetario aprobó ayer formalmente el blindaje financiero para Argentina, que en total sumará casi 40 mil millones de dólares. El FMI oficializó ayer en Washington que su aporte será de 13.700 millones, de los cuales ya fueron girados 2.100 millones mientras que otros 3.000 millones estarán disponibles la semana próxima. “Esta es una gran noticia para el país. No debemos voltear el optimismo”, aseveró ayer Fernando de la Rúa durante una rueda de prensa convocada en la Casa Rosada, de la que participó el gabinete nacional, lo que da una idea de la trascendencia que el Ejecutivo le da al auxilio financiero. “Hemos eliminado la incertidumbre que había respecto del caso argentino”, aseguró, por su parte, José Luis Machinea. Justamente, el socorro multimillonario fue diseñado con el objetivo de transmitir seguridad de cobro a los acreedores y fue presentado por el Gobierno como el puntapié inicial para la etapa de crecimiento de la economía. A cambio, el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones futuras y desregular las obras sociales, medidas ya lanzadas por sendos decretos de necesidad y urgencia” (Página 12, 13-01-01).
Del acuerdo participaron los principales actores financieros locales e internacionales: bancos, AFJPs, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
De acuerdo al gobierno de De la Rúa, la inmediata utilización de este préstamo para cancelar los compromisos financieros asumidos por el país, permitiría dar una señal de solidez y seriedad al mercado financiero internacional. La presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante, al punto que el Presupuesto Nacional del año 2000 preveía destinar el 20% de los recursos al pago de la deuda externa. Según el FMI, la señal del Blindaje, que consistía en tomar un gigantesco crédito para pagar los créditos previamente asumidos, desataría una lluvia de inversiones externas que fluirían hacia Argentina ante la certeza de que el gobierno estaba dispuesto a pagar sus deudas a cualquier costo. La lógica era clara, era la lógica de la especulación financiera y de la era del sobreendeudamiento en Argentina: primero pagar, para después crecer.
Pero la lógica del Blindaje era aún más despiadada. A cambio del préstamo de 40.000 millones de dólares el Estado se convertía en un mero pasamanos, ya que ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes. Las autoridades, por su parte, debían comprometerse a aplicar las clásicas recetas del FMI. Todas estas medidas se enmascaraban bajo tecnicismos tales como “metas fiscales”, “ahorro público”, “racionalización del gasto”, “eficientizar el Estado”, etc. El Blindaje tenía como principales condiciones por parte del FMI:
• Reforma Previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.
• Racionalización de la administración pública: es decir, achicar el Estado.
• Reducción del gasto público: el objetivo era garantizar el equilibrio fiscal. Para eliminar el déficit promulgaron incluso una ley llamada de Déficit Cero. En el segundo semestre de 2001 el gobierno ajustaría el gasto en 4.000 millones de pesos, cifra equivalente al 1,5% del PBI. 2.100 millones de esos 4.000 serían recortados a las provincias. Las otras dos partidas ajustadas serían las prestaciones a la seguridad social (jubilaciones) y los salarios del sector público.
• Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le agregaba la desregulación de las obras sociales.
• Firma por parte de todas las provincias del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal: congelaría el gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial.
Con el objetivo de vigilar de cerca el cumplimiento de estas condicionalidades, el país recibiría periódicamente a la misión del FMI, organismo que tomaba cada vez más control en el diseño, ejecución y revisión de la política económica doméstica.
A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el FMI habían sido instrumentadas por decreto. Con el objetivo de lograr la inmediata ratificación por parte del Parlamento de esos decretos, el número dos del FMI, Stanley Fischer, señalaba que “Será muy importante que las autoridades de todos los niveles adhieran firmemente a este programa, de forma tal de restaurar la confianza del mercado, volver a un crecimiento alto y proteger la Convertibilidad”.
¿Qué fue el Mega-Canje?
A pesar de haber sido anunciado como remedio a todos los males, pronto quedó claro que el Blindaje no solucionaría los problemas que afectaban a la economía argentina. Por esta razón, las autoridades se embarcarían en otra nueva solución mágica que recibiría el nombre de Mega-Canje, ya con Domingo Cavallo como Ministro de Economía.
El Mega-Canje pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. Sin embargo, ese canje iba a tener un costo exorbitante e implicaría seguir incrementando la deuda externa. La propuesta, como no podía ser de otra manera, provenía de un banquero: David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. La propuesta sería recibida con los brazos abiertos por el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y su Secretario de Política Económica Federico Sturzenegger.
A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa para el país: se canjeaban 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos, con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda del país en un volumen inimaginable. El peritaje de la causa judicial por el Mega-Canje realizado por el experto en ingeniería financiera Moises Resnick Brenner sostiene que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. Siete fueron los bancos implicados en esta fenomenal estafa, y obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran: Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. El ideólogo, David Mulford, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares.
Los bancos y las AFJPs aportaban al canje títulos por valor total 27.000 millones de dólares para ser canjeados por los nuevos papeles de deuda del país. Sin embargo, 20.000 de esos 27.000 millones de dólares ya estaban en la cartera de los bancos y las AFJPs. Por lo tanto, las abultadas comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros ¡de sí mismos!
¿Cuáles fueron los resultados del Blindaje y el Mega-Canje?
Los resultados del Blindaje y el Mega-Canje fueron contundentes. Antes de embarcarse en estas operaciones hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Con posterioridad al Mega-Canje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría la friolera suma de 102.000 millones de dólares.
Aún más, antes del Mega-Canje se calculaba que Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del Mega-Canje, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda treparían de los ya impagables 82.300 millones de dólares hasta los 120.700 millones de dólares.
Conocemos hoy cuál fue el fin de esta historia. La deuda externa impagable se renegoció una y otra vez con un único resultado: el crecimiento exponencial de los montos adeudados. Mientras tanto, el papel del Estado se reducía hasta convertirse casi exclusivamente en una máquina de pagar los intereses y capital adeudado, sin que hubiera espacio para ninguna otra política económica. Los desesperados intentos para sostener a la Convertibilidad implicaban cada vez mayores intereses y deuda, y cada vez más condicionamientos para Argentina.
En diciembre de 2001 estalló la crisis más grande de nuestra historia, dejando en claro que lógica del sobrendeudamiento neoliberal sólo trajo a nuestro pueblo miseria, desempleo, desindustrialización, estancamiento y exclusión social.
El reclamo de los fondos buitre