En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. 

En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.

Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido.

Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa.

Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich , en Av. De Mayo.

Curiosamente, este hecho es el único “olvido” de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias.

Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores.

Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque.

Respecto del imputado Carrizo, quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado, Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó. 

Además, el fiscal no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza.

Esto se vincula con que Rívolo no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción, que hacen inadmisible elevar la causa a juicio. 

Todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio. No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde “atrás”.

Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta.