La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos llegaron a un acuerdo unánime para avanzar en una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permita alcanzar el autoabastecimiento energético, sustituir importaciones, generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo.

El Poder Ejecutivo nacional trabajó junto a los gobernadores y logró la redacción de un proyecto que contempla los intereses y derechos de todos los actores del sector.

En este marco, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliando y diferenciando los plazos de concesión: 35 años para no convencionales y 30 años para offshore. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.

Las provincias y la Nación, cuando se trate de actividades off shore que excedan los límites de la jurisdicción provincial, mantendrán los derechos de otorgar los permisos y las concesiones, las  prórrogas, aprobar las inversiones, fiscalizar y ejercer el control.

Cabe destacar, que esta iniciativa no afecta los derechos adquiridos de los actuales concesionarios y/o lo contratos vigentes en cada una de las provincias, como así también de las empresas públicas provinciales. Para las nuevas licitaciones, se suprimen las reservas de áreas y las empresas provinciales podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión.

La Secretaría de Energía de la Nación y las autoridades provinciales acordarán, en un plazo de 6 meses a partir de la sanción de la reforma, un pliego modelo a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

En relación con la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas. En cada extensión otorgada, la provincia podrá incrementar en un 3% las regalías, con un tope del 18%. También, se regula la percepción de un “bono de prórroga” sobre las reservas probadas remanentes.

Se le otorga rango legal al decreto 929/13, régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, y se amplía su alcance a proyectos de inversión superiores a US$ 250 millones. En el marco de estos proyectos, las empresas aportarán como RSE a las provincias productoras el 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado Nacional aportará financiamiento para obras de infraestructura.

Además, se ratifica por ley el programa de estímulo a la inyección excedente de gas natural creado por las resoluciones N°1/13 y 60/13 y se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad.

Por último, la Nación y las provincias adoptarán mecanismos que permitan uniformar las legislaciones tributarias en las actividades hidrocarburíferas y promoverán una legislación ambiental uniforme para aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental para la industria.