Este conflicto es otra consecuencia más de un modelo económico diametralmente opuesto al de nuestro gobierno.

• Con el golpe de estado de marzo de 1976 el país comienza a transitar por una etapa de desindustrialización acelerada con exclusión social. La contrapartida financiera de este modelo es el sobre-endeudamiento del país.

• La deuda externa ascendía en 1976 a 8 mil millones de dólares. Al término de la dictadura era de más de 43 mil millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los gobiernos que le siguieron a la dictadura. Solo en nuestro gobierno la deuda pública externa se redujo en 31.000 millones de dólares, producto de las exitosas renegociaciones contras las que hoy atentan los Fondos Buitres.

• Bajo el régimen de sobreendeudamiento cada vez más recursos presupuestarios deben emplearse para el pago de los servicios de deuda, reduciendo paulatinamente el papel de Estado a esa única función. Por otra parte, la imposibilidad de hacer frente a los abultados vencimientos obliga al país a someterse a las recetas de los organismos multilaterales de crédito, que condicionan cada nuevo préstamo a nuevas medidas de ajuste. El ajuste tiene como único objetivo volver a obtener un nuevo crédito que se usa para pagar los anteriores, y así sucesivamente.

• Este modelo hizo eclosión en 2001, con el default más grande de la historia mundial.

• Desde 2003, el gobierno se ha dedicado a normalizar y reestablecer la relaciones financieras internacionales del país.

• Se realizó una reestructuración voluntaria de deuda con una quita (más del 65%) y una aceptación record (92,4%). No se recurrió a los organismos multilaterales de crédito ni se pagaron comisiones escandalosas a la banca privada, como sí se hizo en ocasión del Mega-Canje y del Blindaje.

• De esta manera, se redujo sustancialmente la relación entre deuda y PIB y, fundamentalmente, los servicios de deuda que el país paga anualmente, dando sostenibilidad al crecimiento.

Las reestructuraciones de deuda soberana con quita, reducción de tasas y estiramiento de plazos son una necesidad del sistema financiero internacional, como lo son las convocatorias y quiebras (justificadas, no las fraudulentas) para el funcionamiento de las empresa privada. Si después de un default los países se vieran  obligados a pagar el 100% de sus obligaciones más los intereses y punitorios, como pretende el juez Griesa, el sistema deja de funcionar por dos motivos: 1. Ningún gobierno puede salir de un default pagando lo mismo que debía antes (de lo contrario, no hubiese entrado en default) y 2. nadie aceptaría una reestructuración si los jueces les aseguran que cobrarán el 100% en un futuro.

El accionar de los fondos buitres

Desde el default, los tenedores de deuda argentina pueden dividirse en dos grupos: 1. los que acompañaron la reestructuración negociando intensamente con el país y aceptando las quitas y 2. Los fondos buitres, que tienen como negocio cobrar el 100% de las deudas por la vía judicial. En realidad, pedir que negocien es una contradicción: su negocio es no negociar.

Desde 2001 se abrieron contra el país 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo, que incluyeron las reservas del banco central, los fondos de los jubilados (FGS), dos satélites científicos, el edificio de la embajada en Washington, y hasta una muestra de fósiles de dinosaurios argentinos.

Todos los intentos de embargo fracasaron. ¿Por qué? Porque los bienes de un Estado Soberano son inembargables. No se le puede cobrar a un país sus deudas mediante la amenaza militar (doctrina Drago) ni mediante el embargo de sus bienes.

Pero el juez Griesa inventó, al servicio de los fondos buitres, una novedosa forma de coacción: la “extravagante” (término utilizado por EEUU en su Amicus) interpretación de la cláusula pari passu, utilizada para asegurar una ganancia del 1.600%, al no poder embargar los bienes de la República. Menos del 1% de los bonistas decidió bloquear el cobro de los servicios de deuda de Argentina al restante 92,4%.

Esta interpretación fue rechazada por la enorme mayoría de los países del mundo, entre ellos, por el propio Departamento del Tesoro de EEUU y por el FMI, entre otros.

Argentina apeló estas medidas ante Griesa, ante el Segundo Circuito y ante la Corte Suprema. El sistema judicial norteamericano las ratificó y el Poder Ejecutivo norteamericano no hizo nada para evitar los efectos perjudiciales para Argentina y para el sistema financiero global.

Qué ocurrió desde que la sentencia de Griesa quedó firme el 16 de junio de 2014

El 26 de junio la Argentina realizó el pago del total de sus vencimientos por 1150 millones de dólares. De este total, 317 millones se pagaron en pesos y 833 millones en moneda extranjera. Del total del pago en moneda extranjera 292 millones son ley argentina, 2 millones son ley Japonesa y 539 millones son ley New York y Londres. Estos 539 millones están en poder del BONY.

El juez Griesa decidió bloquear el cobro a todos los bonistas. Luego, liberó los bonos ley argentina. Actualmente, mantiene bloqueado el cobro de 539 millones.

Esos fondos son propiedad exclusiva de los bonistas.

Se suscitaron numerosos reclamos, lo cual muestra que tal como señalaba Argentina, la sentencia de Griesa es de imposible cumplimiento, porque pretende violar la inmunidad soberana y se excede de jurisdicción, dictando órdenes sobre títulos ley argentina, ley europea, ley japonesa.

El juez mostró además una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitres y un profundo desconocimiento de la deuda argentina en particular y del funcionamiento del mercado financiero de capitales en general.

Mientras el juez Griesa sigue dilatando sus decisiones, los fondos siguen retenidos dando lugar a una formidable fiesta especulativa donde los únicos ganadores son los fondos buitres. Los fondos buitres eran dueños de seguros contra default y forman parte de la asociación (ISDA) que determinó que los cobrarán. Además, los fondos buitres se han pasado las semanas generando rumores e información de mercado que hace que los títulos suban y bajen, creando oportunidades para inmensas ganancias. No es que obtienen información privilegiada, sino que la producen y, al mismo tiempo, apuestan sobre seguro para ganar en el mercado.

Nadie sabe qué decisión va a tomar el Juez con sus arbitrarias medidas que impiden el cobro. Esto está produciendo una gran incertidumbre entre los bonistas que participaron de los canjes.

Argentina debe proteger su exitosa restructuración de deuda

Se han agotado todas las instancias judiciales en Estados Unidos.

• Griesa no resuelve nada, sólo actúa en favor de los fondos buitres
• No está asegurado el pago de los próximos vencimientos (septiembre, por cerca de 200 millones de dólares)
• Argentina pidió medidas cautelares ante el tribunal de la Haya pero aparentemnte EEUU no aceptará la jurisdicción
• Las negociaciones de los buitres son una fantochada.
  • Argentina explicó sus razones, pidió una suspensión.
  • Argentina les ofreció ingresar al canje, obteniendo un rendimiento superior al 300%
  • Nos anoticiamos por los diarios de diversas tratativas entre privados, todas ellas fracasadas. No lo decimos nosotros, sino el propio fondo Aurelius que las dio por cerradas.
• El fracaso en las negociaciones se debe a que los fondos buitres sólo aceptan cobrar el total de su reclamo, con una ganancia superior al 1600% y el Juez Griesa diseñó un mecanismo de extorsión: no deja cobrar a nadie si no cobran los buitres el total  que reclaman.
• Argentina, como país soberano, no puede aceptar esta verdadera extorsión.
• Quieren convencer a todo el mundo de que hay default. Ya lo dijeron los expertos: es un griefault. El que incumple es Griesa, no la Argentina. El que no garantizar los derechos es EEUU.
  • No puede haber default en un país que tiene la voluntad y los recursos para seguir pagando normalmente los vencimientos de su deuda
  • No puede haber default si el 92% aceptó el canje y sólo lo rechaza un 1% con la complicidad de un juez
  • Argentina va a seguir pagando, más allá de toda extorsión. Lo venimos haciendo sin recurrir a los mercados, pagamos con recursos propios. No vamos a permitir que volteen la reestructuración de nuestra deuda.

Los objetivos de esta ley: Cumplir con los contratos

Cumplir los contratos: tanto con los bonistas como con el circuito de pago, siempre y cuando los bancos (como el BONY) también cumplan sus obligaciones. Respetar los prospectos de los bonos.

Asegurar el pago de los próximos vencimientos.

Respetar la voluntad de los bonistas del canje, a los que se les deja abierta la posibilidad de actuar según marcan los prospectos: pueden cambiar el circuito de pago y pueden reclamar ante el juez.

Además, ante la acusación de que Argentina no quiere pagar al 7,6% de los bonistas, se instrumenta el canje en las mismas condiciones de 2005 y 2010 y de ahora en más, con cada pago, se depositará el equivalente a los vencimientos que les corresponderían si ingresan al canje.

ESTO IMPLICA TRES COSAS:

• 1. QUE LOS BONISTAS PUEDAN COBRAR EN TIEMPO Y FORMA Y EN LA MONEDA DE ORIGEN. LA PLATA ESTARÁ DISPONIBLE EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
• 2. QUE SE PAGARÁ AL 100% DE LOS ACREEDORES EN CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS, LEGALES Y SUSTENTABLES.
• 3. Darle un cierre a todos los desastres que dejó 2001: arreglamos la deuda con los organismos multilaterales, la deuda con el club de parís, las deudas del ciadi, la deuda con el 92,4% de los bonistas privados. Con esta ley, damos por cerrado lo único que faltaba: el 7,6% que no ingresó a los canjes y que ahora puede cobrar en idénticas condiciones que el resto, lo mismo que el 1% que sigue atentando contra el país.