Mensaje del Presidente Néstor Kirchner a la Asamblea Legislativa en el inicio de Sesiones Ordinarias, 1° de marzo de 2006.

 

Señor Vicepresidente de la Nación; señor presidente provisional del Senado; señor presidente de la Cámara de Diputados; señores gobernadores; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores jefes del Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas; señores legisladores; miembros del Cuerpo Diplomático; señoras y señores: vengo a dejar inauguradas las sesiones del Honorable Congreso de la Nación como lo dispone el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina, en esta ocasión prevista por nuestra Ley Fundamental para que en mi carácter de Presidente dé cuenta ante la Asamblea Legislativa del estado de la Nación, repasando lo que hasta aquí hemos recorrido, verificar lo que estamos haciendo y marcar los rumbos que debemos seguir, de eso se trata.

Es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos de a poco superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia; vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno intentando todavía salir de él, por eso debemos actuar con memoria. Deberemos repasar los hechos que marcan con toda contundencia a veces cuánto hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta reconstruir lo que ha sido destruido.

La propia naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos nos marca que el rumbo ha sido el correcto y nos marca también que el esfuerzo debe ser continuado. Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas, han impedido que se continúe un mismo rumbo. No queremos volver al pasado, queremos con memoria, verdad y justicia construir las bases de un sólido futuro.

El año que pasó será recordado como el año en que logramos estructurar una solución estratégica al problema de la deuda externa de la República Argentina, permaneciendo fieles a nuestra convicción de evitar más sacrificios y sufrimientos a nuestro pueblo y fortaleciendo la capacidad autónoma de nuestro país.

La economía argentina ha iniciado un proceso de crecimiento sostenido. Lo que en un principio fue interpretado por los analistas de siempre como una mera recuperación temporaria puede ya considerarse sin lugar a dudas como el inicio de una nueva etapa en el modo de funcionamiento de la economía del país. Disciplina fiscal, reducción de la carga de la deuda, prudencia monetaria, superávit externo, crecimiento de las reservas, vigoroso crecimiento y diversificación de las exportaciones, aumento de la inversión productiva, reversión de la fuga de capitales, creación de millones de puestos de trabajo genuinos, recuperación del poder adquisitivo de los salarios, reducción de la pobreza y la indigencia, inicio de la reversión del deterioro en la distribución del ingreso, son solo algunos de los rasgos característicos que señalan el comienzo de esta nueva etapa que debe resultar un proceso genuino de desarrollo que permita dejar atrás años de declinación persistente.

Como consecuencia de las inadecuadas y en ocasiones irresponsables políticas económicas del pasado, Argentina perdió hace décadas su lugar entre las naciones prósperas y es todavía un país notoriamente empobrecido y particularmente injusto; todavía no hemos salido del infierno. Consolidar esta nueva situación es el punto de partida para comenzar a revertir esta historia y para volver a instalar la noción de progreso y cohesión social de nuestra Patria.

Nuestra economía lleva 15 trimestres, para ser más precisos 37 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido y el PBI acumula desde el punto mínimo de la depresión un incremento del 36 por ciento. Este es un hecho inédito en los últimos 100 años de la historia económica de nuestro país.

Durante 2005 el crecimiento de la actividad económica cerró con un alza del 9,1 por ciento, una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo. De esta manera el PIB ya ha superado en más de un 7 por ciento los máximos correspondientes del período de la precrisis. En términos per cápita luego de una contracción superior al 23,2 por ciento desde el inicio de la recesión, hemos recuperado en un corto lapso los niveles previos con un crecimiento promedio del producto por habitante de casi un 7,3 por ciento anual.

Nuevamente hay que remontarse hasta las primeras décadas del siglo pasado para encontrar un desempeño semejante. El vigoroso crecimiento de los últimos años se vio caracterizado por una notoria recuperación de la producción, de las actividades generadoras o ahorradoras de divisas cruciales para un país endeudado como el nuestro. La participación a precios corrientes en estos sectores en el PIB bajó así del 23,5 por ciento del 2001 al 36 por ciento en el 2005. Dentro de este grupo de actividades fue el sector industrial el que lideró claramente la recuperación al mostrar un crecimiento superior al 50 por ciento y una contribución al aumento del PIB de casi un cuarto del total desde el fin de la crisis, lo que pone de manifiesto el énfasis de las políticas actuales en la reconstrucción del dañado tejido industrial.

En esta línea, los recientes acuerdos alcanzados con nuestro socio mayor del Mercosur, plasmados en el mecanismo de adaptación competitiva, permitirá una sana integración productiva y una expansión equilibrada y dinámica del comercio regional. Estos acuerdos son la señal elocuente de la prioridad que el gobierno le otorga al proceso de reindustrialización del país y a la recuperación del espíritu original que guió el diseño de los primeros acuerdos integradores.

Asimismo, entre las actividades generadoras de divisas, el sector agropecuario se caracterizó por un notable dinamismo en respuesta a las favorables condiciones de rentabilidad generadas por la combinación de una paridad competitiva y un favorable contexto de los precios internacionales. Durante la última campaña agrícola se alcanzaron niveles récords de cosechas de 84 millones de toneladas. El favorable desempeño de este sector se tradujo en una palpable mejora de la situación de varias economías regionales que fueron uno de los motores de la recuperación de lo que hoy implica que el crecimiento económico sea mucho más equilibrado desde el punto de vista de la vasta geografía de nuestro país.

A diferencia de lo ocurrido durante la década pasada, sin embargo el proceso de crecimiento tendió a abarcar de manera equilibrada al conjunto de las actividades económicas, generalizándose también a los sectores productores de bienes y servicios no transables, entre ellos los de mejor desempeño resultaron ser aquellos con mayor relación con el sector productor de transables. Se destacó la fuerte recuperación de la actividad de la construcción en especial aquella con fines reproductivos que duplicó su producción desde la crisis y los rubros de transporte y comunicaciones y la actividad del comercio experimentaron cada uno de ellos un aumento de más del 40 por ciento desde lo peor de la crisis. Además y pese a la magnitud de la crisis financiera que indujo el colapso de la convertibilidad, la situación del sistema bancario experimentó una notable mejoría recomponiendo aceleradamente su liquidez.

Desde principios de 2004 el crédito al sector privado comenzó a recuperarse y hoy estos préstamos mantienen una tasa de aumento cercana al 30 por ciento anual. El fuerte crecimiento del empleo, la recuperación de los salarios reales, la mayor confianza de los consumidores y la reaparición del crédito, redundaron en una significativa alza del consumo que creció un 30 por ciento desde el fin de la crisis.

La contribución del consumo al crecimiento estuvo acompañada no obstante por el aporte de otros componentes de la demanda agregada, cruciales para garantizar la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso. En particular se observó un notable dinamismo de la tasa de inversión luego del derrumbe del 60 por ciento en términos reales de estas variables durante la crisis que condujo al colapso de la convertibilidad. Gracias a la recuperación posterior de aproximadamente 150 por ciento la formación de capitales ya se ubica en los niveles máximos de 1998.

Para poner en perspectiva la gravedad de la crisis y la notable recuperación subsiguiente, la tasa de inversión en términos del PIB pasó del 11 por ciento, un porcentaje que no alcanza siquiera para reponer el capital que se amortiza anualmente, a más del 21 por ciento al tercer trimestre del 2005. Por supuesto que tenemos que reforzar esta tendencia incrementándola 2 ó 3 puntos por lo menos.

De este modo, luego de que la crisis provocara una contracción en el stock de capital, la economía volvió a ampliar su capacidad instalada y se espera que este año, merced en buena medida a las políticas de estímulo adoptadas, vuelva a hacerlo en forma vigorosa, habida cuenta de los numerosos proyectos en curso y próximos a ser ejecutados. La acumulación de capitales y su correlato de creación de empleo, encontraron también condiciones particularmente propicias como consecuencia de la certidumbre para el horizonte de negocios resultante del exitoso proceso de reestructuración de la deuda pública.

La existencia de un panorama fiscal sostenible contribuye indudablemente a un escenario de mayor previsibilidad a la hora de proyectar el comportamiento futuro de variables macroeconómicas claras. En efecto, uno de los fundamentos del camino hacia la consolidación económica halla su origen en la sensible mejora operada en la situación de las cuentas públicas. Merced a una prudente política del gasto, a una adecuada administración tributaria y al propio resultado de la recuperación económica, el superávit primario consolidado de 2004 y 2005 registró niveles inéditos superiores en promedio al 4,8 del PIB, un valor que constituye otro récord histórico.

En esta mejora del resultado fiscal consolidado fue crucial la mejora de los controles y el mayor cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, dando lugar luego de años de despilfarro del manejo de la cosa pública a un círculo virtuoso de austeridad en el manejo de los recursos fiscales y consecuente mayor disposición de los ciudadanos a sostener con sus aportes las políticas gubernamentales.

La fuerte posición de las finanzas públicas ha permitido recuperar el uso de la política fiscal para lo que fue creada, por un lado para contribuir a suavización de los vaivenes de la economía mediante las políticas contrasísmicas y por el otro para retomar los fines nobles de la política económica utilizando las herramientas disponibles para ayudar a moderar arbitrariedades en la distribución de la riqueza.

Por su parte, la exitosa culminación del proceso de reestructuración de deuda soberana en cesación de pago, con el inédito ahorro de 67.000 millones de dólares, permitió comenzar a restablecer la solvencia de largo plazo de las finanzas públicas.

De cara al futuro, al contribuir a eliminar un factor de incertidumbre recurrente, alineando los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, la reestructuración contribuyó de manera decisiva a la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso, reforzando los fundamentos de la actual configuración macroeconómica. Aunque se exigirán sin duda sostenidos esfuerzos de ahorro fiscal de aquí en más el nivel y el perfil de la deuda pública son hoy manejables. La relación deuda-PIB alcanzaba en julio de 2005 el 64 por ciento y si se neteasen las reservas sólo el 42 por ciento.

Los indicadores de solvencia mostraron una notable mejoría al compararlos con los de diciembre de 2001. El stock de deuda bruta, por ejemplo, pasó a representar de 5, 4 veces las exportaciones a sólo 3,5 veces. También se ha reducido la vulnerabilidad por descalce de monedas, al crecer la deuda denominada en pesos de un 3 por ciento al 47 por ciento del total. La estrategia de reducción paulatina pero sistemática de carga de la deuda que durante las últimas tres décadas condicionó en forma recurrente el desempeño económico del país, no terminó allí. En esta línea, un verdadero hito ha sido la histórica decisión de cancelar en forma anticipada y completa los pasivos por alrededor de 10.000 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional después de casi 50 años de dependencia financiera con este organismo. Lo que implicó una reducción de alrededor de 5 puntos del PIB adicionales sobre la deuda bruta consolidada.

El pago al Fondo Monetario Internacional se tradujo además en una reducción sensible de las necesidades de financiamiento de corto plazo, al tiempo que permitió un sustancial ahorro de intereses. Mucho más importante aún, eliminó uno de los factores de condicionalidad que atenazaba la posibilidad de desplegar una política económica autónoma en línea con las verdaderas necesidades de nuestro país y de nuestra sociedad.

A no equivocarse entonces, el margen de maniobra y los grados de libertad recuperados como consecuencia de este histórico paso son los que permitirán precisamente desplegar una política de desarrollo responsable y dejar atrás las políticas de sacrificio permanentes que siempre recaían sobre los mismos sectores en aras de un supuesto bienestar de futuro que sólo condujeron en definitiva a la ruina económica del país.

A no equivocarse entonces, este no es sólo un triunfo y un mérito de este gobierno, es un logro de todo el pueblo argentino y de la República Argentina, en tanto no era deudor un gobierno en particular sino todo el país. Vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos.

En el frente externo el superávit en cuenta corriente, que se situará este año seguramente sobre el 2,5 del PIB, se ha logrado gracias a una notable expansión de las exportaciones que ya alcanza los 40.000 millones de dólares anuales y que no incluye aquí lo que se obtiene en divisas por turismo que viene al país y que todos los países del mundo sí lo incluyen, con lo cual nuestras exportaciones estarían ya por arriba de estos 40.000 millones de dólares.

Un dato quizás más importante aún es que nuestras ventas al exterior han comenzado a modificar su perfil. Argentina vende cada vez más productos de alto valor agregado, las exportaciones industriales son hoy en volumen un 60 por ciento superiores a las del promedio de la convertibilidad. Durante el año que pasó las cantidades exportadas de manufacturas de origen agropecuario e industrial crecieron un 15 por ciento. La diversificación también alcanza a los destinos de nuestras exportaciones. En promedio durante la convertibilidad vendíamos a 160 países, hoy Argentina vende en más de 200 plazas en el exterior y en cuanto a las exportaciones industriales la cantidad de destinos pasó de 130 a 180.

El aumento de las exportaciones permitió sostener una necesaria recuperación de las importaciones, pero de éstas a su vez las divisas resultantes no fueron utilizadas para adquirir principalmente bienes de consumo como en el pasado; las compras ahora se concentran, y esto es muy importante, en bienes de capital e insumos para la producción, que crecieron desde el fin de la crisis en un 70 y 50 por ciento respectivamente. Las importaciones de bienes de consumo que representaban casi un 20 por ciento durante la convertibilidad, hoy solamente representan un 10 por ciento de nuestras compras. Aún con este aumento de las importaciones, Argentina mantuvo elevados saldos comerciales superavitarios, la balanza comercial registró durante los últimos 3 años un superávit promedio anual de alrededor de los 13.000 millones de dólares.

La fuga de capitales entre tanto ser revirtió, y desde el 2004 se observan entradas netas de fondos del exterior; implementamos un conjunto de políticas de regulación de los flujos de capital con el objetivo de mantener el ahorro externo, el nivel compatible con su contribución positiva al crecimiento a largo plazo, evitando así el ingreso al país de capitales especulativos de corto plazo.

Ha sido importante la acumulación de reservas que de un mínimo de 8.250 crecieron hasta 28.000 millones de dólares posibilitando la histórica decisión de cancelar la deuda con el Fondo y mitiga riesgos que enfrenta nuestra economía, aumentando la autonomía en la toma de decisiones de la política económica.

En suma, en los frentes fiscal y externo la economía argentina muestra saludables superávit gemelos en cada uno de los últimos 3 años, una situación inédita en la historia económica contemporánea de nuestro país. La recuperación económica produjo asimismo una notoria mejora de los indicadores sociales. El nuevo entorno macroeconómico favorecedor de las actividades intensivas en empleo, permitió una apreciable mejora en la situación de los trabajadores; la tasa de desocupación pasó del 23,3 en mayo de 2002 a un 10,7 en el tercer trimestre de 2005 y a 10,1 en el cuarto trimestre del 2005.

Dios quiera que a fines del año 2006 nos podamos acercar a un dígito en la tasa de desocupación para recuperar algo que siempre fue histórico en la República Argentina.

Esta abrupta reducción del desempleo es más meritoria todavía porque se dio en un contexto en el que muchos argentinos se reincorporaron a la búsqueda de empleo por la sostenida mejora de las perspectivas del mercado de trabajo. De esta manera la economía creó 2 millones 800 mil empleos genuinos desde el comienzo de la recuperación. Esto permitió que más de 1 millón 700 mil argentinos dejaran de ser desempleados y que 1.100.000 trabajadores adicionales se incorporaran al mercado del trabajo. Al final de 2005 la cantidad de desempleados era la mitad de los que se contaban a principios de 2003.

Además durante el 2005 se crearon casi 300 mil puestos de trabajo genuinos; de cada 100 nuevos asalariados, 92 son asalariados registrados que cuentan con aportes jubilatorios y protección social, cuando en la década anterior la relación era de cada 100 sólo 60.

El empleo formal del sector privado creció en el último año a una tasa de 9,7 resultando la más alta de la última década, se crearon en ese período 60 mil empresas que ocupan en conjunto 200 mil trabajadores.

Durante el año que pasó el salario mínimo se elevó de 450 pesos a 630, lo que representa un aumento del 40 por ciento, muy por encima de la inflación. El haber jubilatorio mínimo pasó de 308 a 390, lo que implica un aumento del 27 por ciento, y para los mayores de 65 años el haber tuvo un aumento adicional de 30 pesos, lo que implica un aumento total del 36 por ciento. Mientras tanto el poder adquisitivo de los asalariados registrados creció un 28 por ciento de su punto mínimo, setiembre del 2002, y un 12 por ciento en este último año.

En el 2005 se homologaron 568 acuerdos y convenios colectivos, es decir un 63 por ciento más que los 348 del 2004, un 83 por ciento de esas negociaciones estipularon aumentos salariales.

El aumento del empleo, la recuperación de los salarios reales en un contexto de acentuado de la productividad del trabajo y las políticas de ingreso del Gobierno han permitido una importante reducción de los niveles de pobreza e indigencia, que durante la crisis habían alcanzado valores inéditos para nuestro país. Así de un pico de pobreza del 57,5 por ciento y de indigencia del 27,5 por ciento de la población se pasó a una tasa de pobreza del 34 por ciento y a una indigencia del 12,5 por ciento respectivamente. Lo que significa que alrededor de 6 millones de personas lograron dejar la pobreza y 4 millones y medio de argentinos abandonaron su condición de indigentes.

A partir de este primer día de marzo ningún docente argentino estará por debajo de la línea de pobreza pues se le garantizarán 840 pesos mensuales de haber mínimo inicial.

Estos factores se tradujeron en una mejora en los indicadores de la distribución del ingreso, aunque este camino muestra ser ríspido y sinuoso. El coeficiente Gini, una medida standard de distribución de los ingresos, observa una mejora continua, especialmente desde fines del 2003, fecha a partir de la cual observó una caída de 4 puntos porcentuales.

Todos los resultados mencionados, si bien constituyen un conjunto de condiciones necesarias de ninguna manera agotan las políticas deseables para alcanzar el progreso económico, sostenido, estable y socialmente inclusivo. Tenemos por delante un conjunto de desafíos relacionados fundamentalmente con el mantenimiento de la estabilidad, el aumento sostenido de la tasa de inversión y el pago de la deuda social. Una configuración macroeconómica estable, que no esté basada en desequilibrios sociales sino en la preservación de equilibrios básicos que los planos fiscal y externo, es la condición sine qua non para su sostenibilidad y para evitar la acentuada volatilidad típica del ciclo económico argentino, limitando así la probabilidad de nuevas crisis macroeconómicas financieras, que son las más regresivas, que afectan de manera desproporcionada a los más pobres.

Al mismo tiempo, para ellos resulta crucial preservar un rasgo inédito de la salida de la crisis, que fue haber mantenido un entorno de baja inflación pese a la significativa depreciación de nuestra moneda. Precisamente en los últimos meses se ha observado una cierta aceleración inflacionaria que reconoce su origen en una serie de factores concomitantes. Por un lado la suba de precios internacionales de los commodities y las crecientes exportaciones de alimentos que han provocado cierta inflación de origen importado.

Además, en un contexto de crecimiento y de fuerte recuperación de la demanda agregada, la generalización de la mayor actividad económica de todos los sectores de la economía se ha traducido en un esperable ajuste de precios relativos entre servicios y bienes que se da bajo una forma de alza transitoria de niveles de precios.

Por otro lado, luego de observarse un aumento en los márgenes de beneficio de las firmas se ha producido una recomposición relativa de la situación de los asalariados, como consecuencia de un mayor poder de negociación asociado a la notoria recuperación de empleo.

En algunos casos estos cambios han provocado cierta presión por el lado de los costos. En este sentido el crecimiento de la productividad y la rentabilidad deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar con consistencia respecto a la evolución salarial, a fin de darle un curso oportuno y justo al conflicto distributivo. En este contexto resulta crucial evitar que los agentes interpreten como permanente un fenómeno inflacionario, que es de naturaleza transitoria, y que el Estado y los propios consumidores asuman una actitud activa en defensa de los intereses en esta lucha. Los poseedores de capital deben modificar su comportamiento. En el viejo modelo aumentaban sus márgenes de ganancias vía desocupación y salarios a la baja generando empobrecimiento.

Tiene que entenderse que nuestro modelo de crecimiento con equidad e inclusión está arraigado sobre todo en el incremento de la demanda interna y no puede permitirse que unos pocos se aprovechen del resto, desequilibrando vía precios, de modo que con los mismos ingresos pueda comprarse cada vez menos.

Incrementar la producción invirtiendo, cuidar el círculo virtuoso de la demanda, producción, inversión, precios competitivos, mayor consumo interno, es central. Hemos dado fuerte impulso a los acuerdos de precios necesarios para estabilizar expectativas y evitar la aparición de mecanismos de propagación que den lugar a efectos de segunda vuelta y amenacen con imprimir una inercia propia al proceso de suba de precios.

Por más que algunos crean que debemos recurrir a las recetas que nos llevaron a la recesión en los años 2000 y 2001 y que trajo las consecuencias que este país tiene, seguiremos y confiamos fuertemente en los sectores productivos argentinos y en los sectores del trabajo, pero nunca más las recetas ortodoxas y exclusivas que han llevado al pueblo al enfrentamiento y al hambre.

Actuaremos con firmeza en defensa del bolsillo de los consumidores, utilizando todas las herramientas con que contamos, para evitar que la avaricia de algunos afecte por vía de aumento de precios la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Esta estrategia se complementa con una administración racional de políticas macroeconómicas consistentes, que logren asegurar la convergencia de la economía al ritmo del crecimiento sostenible de largo plazo, al estimular inversiones que determinarán un aumento continuo de la oferta de bienes y servicios.

De esta manera el renovado impulso de la inversión constituirá el punto de partida para asentar las bases de un desarrollo continuo en cantidad y calidad de nuestras fuerzas productivas, más inversión significa más productividad, innovaciones, estabilidad macroeconómica, mayores salarios y una perspectiva creíble de desarrollo nacional.

Es necesario continuar con las políticas que han permitido modificar el signo de los indicadores sociales. La creación de empleos dignos, con salarios justos, que permitan a los trabajadores acceder a la seguridad social y a una jubilación decorosa, es el punto de partida para todo país que se precie de querer alcanzar un desarrollo no sólo económico sino también social y humano. El trabajo decente es la principal fuente de creación de riquezas, el vehículo que a través hombres y mujeres sostienen a sus familias y una herramienta básica para el progreso social. El trabajo decente asegura la movilidad social, la cohesión de las comunidades, el desarrollo de largo plazo y la transformación económica hacia un país en el cual valga la pena ver crecer a nuestros hijos.

Buscamos que el empleo vuelva a ser el motor del crecimiento, el principal mecanismo de distribución del ingreso, lo más importante como política social de inclusión. Pudimos instalar nuevas pautas de funcionamiento en la dinámica de empleo que debemos proteger y consolidar. La búsqueda de la mejora de la calidad del trabajo y la consecuente reducción de la informalidad laboral tuvo en el Plan Nacional de Regulación del Trabajo a su mejor herramienta. En su lanzamiento se fiscalizaron casi 200 mil empresas, relevando a más de 600 mil trabajadores, el 50 por ciento de estas fiscalizaciones se realizaron durante el 2005. La expansión de oportunidades laborales permitió que un número significativo de beneficiarios del Programa Jefes de Hogar tengan empleo genuino, desde el inicio de la actual gestión más de 400 mil beneficiarios se incorporaron al mercado del trabajo.

Se han desarrollado acciones destinadas a las personas beneficiarias del Programa Jefes de Hogar, de los cuales más de 1 millón 200 mil ya cobran con tarjeta magnética garantizando mejores niveles de transparencia en el cobro de los beneficios. Hoy podemos decir que 150 mil beneficiarios han realizado acciones de formación para el trabajo o se encuentran finalizando su escolaridad, es decir que han sido incluidos en el sistema formal de educación. Además se han invertido casi 151.450.000 mil pesos en la compra de materiales para pequeños proyectos de obras públicas en 1.482 municipios y comunas, mejorando a través de 5.700 proyectos la infraestructura educativa, sanitaria y de salud con la participación y el trabajo de 123 mil beneficiarios del Programa Jefes de Hogar.

En este marco el Gobierno Nacional ha iniciado progresivamente la reformulación de los programas de ingresos sociales, en especial el más extenso, Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que comprende a más de 1.400.000 beneficiarios.

Estas reformas tienen hoy dos objetivos: posibilitar la inserción o reinserción laboral de los beneficiarios con probabilidad de ingresar en el mercado laboral formal y la disminución de la vulnerabilidad social de los que se ubican en una situación estructural más desventajosa. Allí se inscriben los programas Seguro de Capacitación y Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el programa Familias por la Inclusión Social a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Ambos programas incluirán durante 2006 a más de 700 mil beneficiarios actuales del programa Jefas y Jefes de Hogar ampliándose a un millón en el 2007. Se prevé además la formulación de nuevas iniciativas que den respuesta superadora a la situación de los beneficiarios que no encuadren en aquellas.

Diariamente damos la pelea contra la cultura del no se puede. Un papel importante en esta lucha se juega en la construcción de un Estado presente, promotor, que gestione a favor del bien común. La planificación y la inversión en obras públicas han tenido y tendrán efectos directos en la modificación de la estructura productiva, la consolidación de la expansión del nivel de actividad, la creación de empleo, la demanda de insumos y proveedores. El presupuesto para obras e inversión en el 2005 fue de 7.678 millones, un 79 por ciento mayor que en el 2004, con un ritmo de ejecución el 14 por ciento superior al año anterior.

Hemos ejecutado en viviendas obras por 3.109 millones de pesos, es decir 2,6 veces más que en el 2004, un 4,4 veces más que en el 2003. Los programas federales han permitido poner en construcción 175 mil soluciones habitacionales y terminar 60 mil soluciones habitacionales que benefician a más de un millón de personas.

Se pudo dar servicio de agua a más de un millón de personas y colocar 2.000 kilómetros de cañerías. Con el Plan Agua Trabajo, de un impacto social muy relevante, se construyen redes de agua a través de cooperativas conformadas por trabajadores que se encontraban desocupados y beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar.

En el conurbano bonaerense y Tucumán se ha conseguido reincorporar al ámbito laboral a más de 3.300 familias, proveer de agua potable a 425 mil vecinos y realizar más de 6 mil conexiones domiciliarias.

En materia de infraestructura hospitalaria se encuentra en construcción el hospital de Florencio Varela y se iniciarán obras en el hospital Materno Infantil de la ciudad de La Rioja, el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda de San Miguel de Tucumán, el Hospital Guillermo Rawson de San Juan, el Hospital de Niños doctor Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy.

En el programa nacional de 700 escuelas se han licitado la totalidad de los establecimientos educativos con una inversión de 1.200 millones de pesos. Este programa permitirá albergar a más de 500 mil alumnos en 717 escuelas que representan 7.000 aulas y 1 millón de metros cuadrados a construir. A la fecha ya hemos terminado 60 escuelas.

Durante el 2005 se firmaron convenios específicos para la ejecución de 70 obras en 22 universidades nacionales por 88 millones de pesos, y actualmente hay 40 obras en ejecución, 3 finalizadas y 27 obras en licitación.

La inversión en obras viales fue un 40,2 superior al año 2004. Se encuentran en ejecución 247 obras viales por 6.750 millones de pesos y se han licitado obras por 2.585 millones de pesos. Cuando asumimos el Gobierno las inversiones comprometidas alcanzaban para cubrir el 51 por ciento de la red. Hoy las inversiones comprometidas cubren el 90 por ciento de la red, 34.353 kilómetros.

Para alcanzar estas cifras se ha ido incrementando la ejecución en obras que en el 2005 alcanzaron los 2.000 millones de pesos, cuatro veces más que lo ejecutado en el 2003.

Además de las obras de mantenimiento de la red vial se vienen llevando a cabo obras de importancia estratégica como la autopista Rosario – Córdoba, la culminación del corredor vial Paso de Jama en Jujuy; la finalización de obras Ruta nacional 7, Destilería YPF Potrerillos en Mendoza; la Ruta nacional número 35 (Ataliva Roca – Santa Rosa) en La Pampa; el corredor Eje de Capricornio en la provincia de Formosa y Salta; la construcción de la ruta nacional 101 en Misiones (Bernardo de Irigoyen – Deseado); la construcción de la Ruta 234 en Neuquén; la construcción de la Ruta 23 (Valcheta-Ramos Mexia) en la provincia de Río Negro; el acceso al parque nacional Los Glaciares en Santa Cruz. Se encararon obras de alto grado de ingeniería como la finalización de los cobertizos en Mendoza, inversión de 28 millones de pesos, o el cambio que se está realizando en los Obenques Carreteros en el complejo Zárate Brazo Largo, que es una inversión de 70 millones de pesos.

En cuanto a las obras a ejecutar, podemos señalar a la autopista ruta nacional número 19, en las provincias de Santa Fe y Córdoba; la autovía ruta nacional número 14 en las provincias de Entre Ríos y Corrientes; la autovía Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut; la reconstrucción de la ruta nacional número 16 en las provincias de Salta y Santiago del Estero.

Es estratégicamente importante la decisión política de pavimentar la ruta nacional número 40, para lo cual se están realizando los estudios y proyectos para la pavimentación de los tramos faltantes en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

En materia de obras de infraestructura hídrica para el control de las inundaciones el Gobierno Nacional se encuentra ejecutando 154 obras con una inversión de 1.500 millones de pesos. La intervención de mayor envergadura corresponde al Plan Federal para el control de las inundaciones en el área pampeana central, cuya inversión total alcanza los 875 millones de pesos, que permiten recuperar 2 millones de hectáreas, generando beneficios anuales por 120 millones de pesos. A estas obras se agregan las acciones y el financiamiento del Plan Maestro del río Salado en la provincia de Buenos Aires.

El transporte en sus diversas modalidades es una herramienta de excelencia para la integración territorial. Después de décadas de abandono la Argentina ha vuelto a realizar inversiones y desarrollar proyectos en infraestructura de transporte.

En cuanto a transporte ferroviario el año 2003 marcó el comienzo de un proceso de transformación y desarrollo del sistema ferroviario nacional, estimando su finalización para el 2008, previendo inversiones por valores aproximados a los 11.000 millones de pesos. En 2004 y 2005 se aprobaron obras para el sistema ferroviario metropolitano e interjurisdiccional, por un valor de 964 millones de pesos, de las cuales algunas obras están terminadas y otras en proceso, alcanzando un nivel de ejecución de 502 millones de pesos.

Las inversiones terminadas en proceso de ejecución y a ejecutar en el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, incluyen trabajos en vías, compra de material rodante, señalamiento, telecomunicaciones y obras sociales. El Estado ha reasumido la reconstrucción del sistema derogando el decreto 1.168/92, que había suprimido dicho servicio dejando a todo el país sin la opción modal ferroviaria. El daño causado fue absoluto y tremendo, ya que lo desarticuló totalmente y prácticamente lo dejó en vías de desaparición. Estamos en la titánica tarea de recuperar un servicio que fue fundamental para el país.

En este marco se restableció la línea Buenos Aires – Córdoba – Tucumán; la línea Bahía Blanca – Carmen de Patagones/General Guido, General Madariaga – Aguara – Carmen de Patagones y Belgrano Cargas Sociedad Anónima.

En el marco de mejorar el sistema de transporte ferroviarios se rescindió el contrato de concesión con Metropolitano Sociedad Anónima, en el ramal Ferrocarril San Martín, a los anteriores concesionarios por incumplimiento reiterado del contrato. Se puso en marcha a partir de enero del 2005, a través de un prestador designado por el Estado nacional, con muy buenos resultados en la operación y comienzo de la recuperación con inversiones en infraestructura y material rodante en este ferrocarril.

Se encuentran en curso varios proyectos destinados a mejorar el transporte ferroviario, uno muy importante que anunciamos durante mucho tiempo, que yo fui a la querida ciudad de Rosario a anunciarlo, pero como tantas cosas en la Argentina cuando fuimos a buscar el proyecto no estaba. Ahora ya se está terminando y junto con las autoridades de Rosario calculo que pronto estaremos firmando la obra del Circunvalar Rosario, fundamental para consolidar el progreso argentino. La Terminal Ferroautomotor de Mar del Plata y de La Plata, otra obra que tampoco tenía proyecto y que ya estamos al borde de poner en marcha; la laguna La Picasa, que permitirá el paso del Ferrocarril Interurbano entre Buenos Aires y Mendoza -tampoco tenía proyecto- y el Trasandino Central entre muchos otros.

Se adquirió material rodante ferroviario a Portugal y España que va a ser reparado en talleres de la República Argentina y asignado a los distintos corredores en explotación o a rehabilitar. También nos hemos propuesto la recuperación de la industria ferroviaria a través de la reactivación de los pequeños y grandes talleres.

Este proceso de recuperación implicará mejoras en la zonas de influencia Rosario, Córdoba, Chascomús, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Junín; generación de nuevas fuentes de trabajo y puesta en funcionamiento de los talleres y fábricas que permanecieron sin funcionar durante más de una década.

Se realizaron importantes avances en el Proyecto de la HidrovÍa Paraná-Paraguay y en el Río Uruguay se están ejecutando tareas de dragado y balizamiento hasta el puerto de Concepción, con una inversión aproximada entre el año 2006 y el 2008 de 90 millones de pesos.

Estamos mejorando y modernizando los puertos de Quequén, Puerto Madryn y deseamos hacerlo también con el de Río Grande. En el puerto de Buenos Aires se ha procedido al llamado a licitación para la concesión de la explotación de la Terminal 6 y para el dragado de emergencia de los canales de acceso interior.

La dinamización de la industria naval está dando sus frutos; se han incorporado buques a la bandera nacional por un total de 341 mil toneladas, lo que implicó absorber en el régimen laboral argentino a más de mil tripulantes.

Por medidas del Banco Nación de la Nación Argentina y arancelarias del Estado Nacional los astilleros nacionales han incrementado su productividad hasta el 60 por ciento de su capacidad operativa total.

El sector de comunicaciones ha acompañado vigorosamente el crecimiento del conjunto de la economía y ha registrado parámetros de desarrollo digno de los modelos más avanzados. Durante el 2005 se instalaron 100 mil nuevas líneas de telefonía fija, llegando las líneas en servicio en la Argentina a 8,8 millones en este momento.

En lo referido a la telefonía móvil el crecimiento respecto al 2004 fue del 63 por ciento, pasando de 13 millones y medio a 22.100.000 de teléfonos en servicio. El crecimiento para el presente año se estima en 6.500.000 nuevas líneas.

Nuestro país tiene actualmente 2.300.000 abonados a Internet, registrándose un 11 por ciento de aumento respecto del 2004. Los usuarios se estiman en 6.800.000, lo que implica que un 17.8 de los habitantes utilizan este servicio.

La inversión en infraestructura energética viene acompañando el crecimiento económico sostenido en estos años, lo cual nos permite comparar la realidad con los pronósticos brindados otra vez por los especialistas de siempre, que durante los años 2004 y 2005 anunciaban la escasez energética y el desastre. Estamos rompiendo la lógica de la profecía autocumplida, que tantos cultores todavía conserva en el país. (Aplausos).

En lo relativo a medidas operativas de corto plazo hemos consolidado para el año 2006 la importación de gas de Bolivia hasta 7 millones 700 mil metros cúbicos al día; se ha perfeccionado el abastecimiento de combustible líquido a centrales térmicas y se lleva adelante un importante convenio energético con la hermana República de Brasil.

En cuanto a infraestructura se realizó la compensación de las líneas del Sistema Argentino de Interconexión correspondiente a los corredores Comahue / Gran Buenos Aires y NEA (Yacyretá)/ Litoral / Gran Buenos Aires; la instalación de un transformador de potencia en la Central Hidráulica Río Grande (Córdoba) que permite incrementar la capacidad de oferta potencia en las horas pico, con una inversión de 6 millones y medio de pesos.

Hacia fines de este mes concluiremos las obras necesarias que permitirá elevar el nivel de embalse de Yacyretá, lo cual implicará una mayor capacidad de generación de la represa con una inversión que totalizará, para ese entonces, 42 millones de pesos.

Se han concluido las 52 obras ejecutadas por el Sistema Argentino de Interconexión, lo que ha permitido mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema; entre las que se destacan y podemos citar están la finalización de la línea de alta tensión Choele-Choel – Puerto Madryn, que vincula a la Patagonia con el mercado eléctrico mayorista; se encuentran concluidas las ampliaciones de la capacidad de transporte de gas en gasoductos de Transportadoras de Gas del Sur (TGS) y está próxima a concluirse la última etapa de expansión realizada sobre Transporte de Gas del Norte (TGN). Ambas expansiones demandaron una inversión total de casi 1.450 millones de pesos.

Hemos arribado a cientos de acuerdos con los sectores desregulados del sector energético, esto es con los productores de hidrocarburos y con los generadores de energía eléctrica, en ambos casos con un alto grado de adhesión y consenso.

En las medidas de mediano plazo previstas vinculadas con infraestructura, se destaca la instalación de 1.600 megavatios por inversión mixta entre generadores y el Estado Nacional; los incrementos parciales de cota y la terminación de Yacyretá, la terminación de la Central Nuclear Atucha II y la expansión del transporte de energía eléctrica en alta tensión, para lo cual se prevé la ejecución de aproximadamente 4.550 kilómetros de líneas en 500 kilovoltios, que representan una expansión de más del 43 por ciento de las instalaciones existentes.

Existen proyectos de carácter regional destinados al sector, como el «Anillo Energético», iniciativa conjunta de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, con Bolivia participando como observador y la «Interconexión Gasífera Argentina, Brasil y Venezuela», destinada a estudiar y analizar la viabilidad técnico económica de concretar una red sudamericana de gasoductos.

El Gasoducto Noreste Argentino, por su parte, es una iniciativa bilateral entre los gobiernos de la República Argentina y de Bolivia, que tiene la capacidad de complementar razonablemente el abastecimiento a nuestro país, al permitirnos garantizar que las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones se incorporen de una vez por todas al uso de gas natural en sus jurisdicciones, con la mejora de calidad de vida que ello implica. Y a su vez que las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Santa Fe mejoren su nivel de abastecimiento.

Al respecto estamos reiniciando el diálogo institucional con las nuevas autoridades de la hermana República de Bolivia.

Continuamos la explotación del Correo Sociedad Anónima garantizando la continuidad del servicio, manteniendo los empleados del organismo y reduciendo los costos sin auxilio del Tesoro Nacional, incrementando notablemente las utilidades respecto al año anterior.

Reinició sus actividades el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, con una producción de 1.500 toneladas diarias, lo que sumado a los proyectos de desarrollo minero intenso en San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy, genera inversiones por más de 3.300 millones de pesos. En 2005 se incrementaron las exportaciones en un 30 por ciento.

El turismo es una importante herramienta de transformación económica, social y cultural. Nos hemos propuesto crear las condiciones competitivas para impulsar el turismo, para ello conjugamos el rol promotor del Estado con las expectativas, valores y necesidades cotidianas de las personas; se ha revertido por primera vez la balanza turística, es decir la diferencia entre llegada de turistas extranjeros y la salida de argentinos al exterior. Logramos un crecimiento sostenido de la actividad del orden del 12 por ciento respecto del año 2004, habiendo superado los 3.700.000 turistas extranjeros, lo que nos ha significado superar los 3.100 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo, que aumenta obviamente nuestro producido en exportaciones.

Para este año se prevé un crecimiento de más del 15 por ciento en lo que respecta a ingresos económicos por turismo receptivo, lo que se traduciría en la captación de 3.500 millones de dólares, mientras que en lo relativo a la llegada de turistas se prevén arribos por alrededor de 4.200.000.

En lo relativo a turismo interno el panorama es también sumamente auspicioso, dándose un crecimiento del orden del 10 por ciento anual, habiendo pasado de 28 millones de arribos en el 2003, a 34 millones en el 2005. Este crecimiento exponencial de la actividad ha generado inversiones en el sector de más de 450 millones de pesos durante el año 2005, previéndose una inversión para este año que estaría por superar los 1.400 millones de pesos.

Es decir que el sector turismo la asignatura pendiente que tiene son los costos por esparcimiento. Estamos todos felices por la generación de trabajo, por la inversión en infraestructura, pero desde esta Honorable Cámara y desde este mensaje también llamo a los sectores del turismo y a quienes comercializan el turismo a que tengan un claro sentido de responsabilidad, tanto en lo interno como en lo externo, para que se pueda incrementar. Que tengan un alto cuidado en los costos del esparcimiento, porque lo importante es que la rentabilidad crezca no con el mismo volumen y aprovechando una determinada situación, sino que crezca el volumen y si el crecimiento del volumen lleva al crecimiento de la rentabilidad que sea sin mayores costos. Esto es importantísimo para que la industria del turismo se consolide definitivamente. Así que les hago un pedido especial a los señores del sector para que nunca más tengamos costos de esparcimiento como los que tuvimos en enero de este año, que fue un gran año turístico con lo negativo del crecimiento de sus costos.

Se ha finalizado el desarrollo del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que se configura como una herramienta de gestión consensuada, flexible y de carácter federal que indica el rumbo a seguir hasta el año 2016. Su objetivo general es la construcción de un modelo concertado de desarrollo turístico sustentable para la República Argentina.

La implementación de una acción estratégica y común con el sector privado en las diferentes regiones de nuestro país ha permitido a la Argentina tener presencia en ferias y encuentros internacionales en mercados prioritarios, estratégicos o potenciales, incrementando la participación en un 112 por ciento respecto al 2003.

También se continúo con la política de intensificar los aspectos vinculados al desarrollo del turismo social, entendiendo éste como vehículo para lograr la posibilidad de acceso al turismo a todos los sectores de la población.

Con nuestros sueños, nuestros ideales y nuestras convicciones intactas nos disponemos a dar las batallas que sean necesarias para consolidar esa nueva Argentina que vislumbramos. Los sueños no se concretan mágicamente, por eso estamos dispuestos a dejar lo mejor de nosotros para hacerlo realidad. Concretarlos no será fácil porque tocan importantes intereses. No tememos, no nos detendremos; con el apoyo que nos brinda nuestro pueblo forjaremos los cambios que nuestra Patria necesita.

Este Honorable Congreso dispuso prorrogar los plazos y los mecanismos para la más importante discusión de intereses pendiente: la renegociación de los contratos de servicios públicos.

Hemos referido aquí nuestra visión respecto de la importancia que el tema encierra; en esta discusión se perfila la Argentina que tiene que sustituir a la del saqueo, la expoliación, el negociado, el aprovechamiento de la posición dominante y las ganancias fáciles a costas de los que menos tienen. Asumimos con firmeza y decisión la defensa de los intereses públicos, la defensa de los ciudadanos, la defensa de los usuarios de servicios públicos y del pueblo para exigir contratos que aseguren el mejor servicio posible, su universalización y la mayor inversión para acompañar el crecimiento del país.

Queremos que como resultado de esta negociación se incremente la competitividad de nuestra economía, se genere trabajo y se brinden servicios adecuados con ganancias razonables para los empresarios. No pretendemos que nadie se vea forzado a seguir si piensa que pierde plata, no pretendemos obligar a nadie a perder lo suyo, comprendemos que discutimos intereses económicos y todos saben de qué lado estamos. En esta renegociación el pueblo argentino tiene en su Gobierno el primer defensor de sus intereses. No nos temblará el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar.

Buscaremos el punto en que los intereses públicos y privados puedan compatibilizarse. Por supuesto, ayudará si quienes representan a los concesionarios miran los números de nuestra recuperación y los flujos futuros de ingresos y utilidades; ayudará si comprenden que no podemos seguir atados a contratos que corresponden a un modelo económico y social que demostró empírica y trágicamente su inviabilidad.

La política social que diseñamos e implementamos desde el inicio de la gestión ha sido concebida como una estrategia central hacia la inclusión, la equidad y la justicia social, superando la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas décadas.

Descartamos las visiones fatalistas que dan por hecho la existencia de sectores de la población excluidos en forma permanente. Por el contrario, creemos firmemente que la política social tiene en el centro la promoción de la persona como valor y principio, con la convicción de que una sociedad justa se construye a partir de la equidad.

Esta estrategia la hemos construido sobre el concepto de ciudadanía inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien puede gozar en forma efectiva de sus derechos. No hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida razonablemente saludable y activa.

Logramos que el Estado recupere su rol central como articulador social, pero también y teniendo como meta los Objetivos del Milenio, estamos fortaleciendo la capacidad de toda la sociedad para el ejercicio de la responsabilidad social. Si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos fue necesario continuar con planes destinados a atender la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar y reconstruir el tejido social permitiendo la recuperación de los proyectos y la vida de muchos argentinos.

En este sentido nuestro objetivo ha sido la generación de iniciativas y planes que no profundicen la dependencia, sino que promuevan el desarrollo de la persona y el colectivo social, allí donde el mal entendido asistencialismo produjo clientes la inserción debe promover ciudadanos.

No es nuestra vocación el reparto de bolsones de alimentos, aunque a veces resulte forzoso hacerlo. No negamos la solución inmediata y coyuntural que implica a veces la asistencia directa, pero nuestra gente quiere más que comida o comedores comunitarios, trabajar y volver a la mesa familiar ganándose su propio pan.

Uno de los ejes de la política social ha sido la articulación de los diversos actores e instituciones. Estamos integrando, junto con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales y el sector privado, una Red Federal de Políticas Sociales para evitar prácticas clientelísticas, discrecionales y meramente asistencialistas. La articulación territorial es un hito en la formulación y en la ejecución de la política social.

Para facilitar aquella coordinación se construyen 500 Centros Integradores Comunitarios, de los cuales ya hay 150 terminados y cada día se incorpora uno más. Estos centros profundizan acciones de promoción social y prevención sociosanitaria y comunitaria y cuentan con el aporte nacional de trabajadores sociales y médicos comunitarios.

Asimismo se promovió, a través del Consejo Nacional de Políticas Sociales, la gestión coordinada y asociada entre los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación, Planificación Federal y Economía.

Se mejoró sustantivamente la calidad de la información sobre lo realizado por todos los programas y áreas, y la identificación y caracterización de los grupos familiares beneficiarios, actuales y potenciales, lo que permitió que el Gobierno en este año pudiera cualificar su inversión social evitando gastos improductivos, generando un ahorro de más de 106 millones que pudieron ser reasignados en planes con beneficio directo para la comunidad.

Somos conscientes que la generación de trabajo es una solución de fondo para la problemática social, pero mientras consolidamos ese camino estamos complementándolo con otros proyectos colectivos, emprendimientos y cadenas productivas, instalando a lo largo y ancho del país infraestructura y equipamiento social.

Además, desde la convicción de que la democracia es mucho más que elegir a nuestros gobernantes, recreamos permanentemente los ámbitos de participación para el desarrollo social y ello lo hacemos desde la aplicación concreta de los planes nacionales Familia, Seguridad Alimentaria, y el de Desarrollo Local y Economía Social.

El Plan Familia prioriza la promoción de oportunidades creando activos patrimoniales a nivel familiar y comunitario. Ello lo hace instalando capacidades y herramientas para ayudar a superar tanto las carencias materiales como la ausencia de oportunidades. Así llegamos a que 244.258 familias monoparentales, con hijos y sin ingresos, pudieran percibir un ingreso mensual en relación con el número de hijos.

En materia de salud, no puede haber salud de los pobres y salud de los ricos. Por eso trabajamos para lograr más y mejor salud para todos, independientemente del nivel socieconómico de cada argentino.

En el año 2005 se han verificado resultados importantes. Tal como fue establecido en el Plan Federal de Salud, el Gobierno tiene como prioridad la atención primaria de la salud como estrategia conjunta con las provincias y municipios, así como con los propios programas nacionales.

Esta estrategia ha posibilitado que en menos de tres años de gestión hayan aumentado en un 50 por ciento las consultas realizadas en la red de Centros de Atención Primaria, las que hoy representan más de la mitad del total de consultas llevadas a cabo en todos los efectores públicos del país.

La mortalidad infantil ha verificado el descenso más pronunciado experimentado en las últimas décadas. Con gran orgullo podemos decir que en los últimos tres años hemos logrado que sobrevivan más de 3.500 niños de todo el país que hubieran fallecido antes de cumplir su primer año de edad.

El Plan Nacer Argentina se ha implementado en las nueve provincias del Nordeste y Noroeste Argentino, cubriendo ya a 21.600 madres y 291.000 niños y niñas. En el año 2006 se extenderá al resto de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La disminución de los embarazos adolescentes es una de los principales objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que tiene a poco más de dos años de implementado 2 millones de beneficiarios. La tasa de fecundidad adolescente disminuyó en un 6% en dos años.

La política nacional de medicamentos muestra entre otros aspectos ya tres años de vigencia en la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico. Al día de hoy el 79 por ciento de las recetas médicas que se realizan en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el 71 por ciento en el resto del país.

La totalidad de distritos provinciales ha adaptado su legislación para adecuarla a la Ley Nacional de Genéricos.

Nuesta política se complementa con la provisión de medicamentos gratuitos en los cientos de atención primaria, el aumento de la cobertura de la Seguridad Social en el precio de medicamentos del 40 al 70 por ciento para pacientes crónicos; el Plan Nacional del SIDA, el Programa de Medicamentos Oncológicos, la desgravación impositiva de insumos críticos, el impulso a la producción nacional, el incremento de la capacidad operativa de los laboratorios de control de calidad y del sistema de inspecciones de medicamentos.

La tasa de mortalidad HIV Sida se redujo en un 36 por ciento desde 1996. El Estado asegura la cobertura gratuita del cien por ciento de los medicamentos e insumos para 29.600 personas que necesitan dicho tratamiento.

Remediar, el mayor programa de provisión gratuita de medicamentos ambulatorio de América, cubre actualmente a más de 17 millones de personas, distribuye más de 34 millones de tratamientos por año en 5.900 centros de atención primaria y es llevado a cabo por el trabajo en terreno, fuera de los edificios de los hospitales, de más de 25.000 integrantes de los equipos de salud en cada centro.

Los medicamentos distribuidos le cuestan al Estado una décima parte del precio del mercado. Se ha firmado recientemente un acuerdo con la República Federativa del Brasil para la producción conjunta de medicamentos en el marco de una relación enlazada con el Mercosur.

La Argentina se constituyó en el segundo país en el mundo en proveer gratuitamente la vacuna contra la hepatitis A, la que se aplicó a 750 mil niños. Es también de relieve la campaña nacional de vacunación contra el sarampión que cubrió a más de 3 millones de niñas y niños en todo el país, como una forma de estar prevenidos y preparados cuando una posible expansión mundial de la gripe o influenza aviar, que afortunadamente no llegó a nuestro país; se ha formado un grupo de trabajo constituido por diversos ministerios de nuestro gobierno para coordinar todas las acciones necesarias.

En tres años hemos duplicado la cantidad de transplantes en nuestro país, pero nos queda mucho por hacer. El 30 de noviembre de 2005 fue aprobada por el Honorable Congreso de la Nación, la ley del Donante Presunto de Organos y Tejidos por la cual toda persona fallecida mayor de 18 años es considerada donante, con excepción de quienes manifiesten en su vida la voluntad contraria de hacerlo.

También se realizó la primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Este relevamiento que significó haber tomado contacto con 300 mil hogares de todo el país, es considerado el único en el rubro y el más importante realizado en América latina en toda la historia. Durante el 2006, a medida que vayamos complementando el procesamiento de los datos, se difundirán los resultados definitivos que permitirán definir y aplicar las acciones correspondientes.

Respecto a las obras sociales el 29 de diciembre pasado comenzó a regir la ampliación del Programa Médico Obligatorio, que conlleva un cambio sustancial en el modelo de atención sanitaria.

Nuestro país fue elegido para presidir durante el año el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud y fue seleccionado como país coordinador de una red sanitaria sobre políticas de medicamentos para todo Iberoamérica.

Se colaboró con ayuda humanitaria a personas afectadas por el huracán Katrina en Nueva Orleans, Estados Unidos; este equipo junto con el de Cascos Blancos fue la única delegación extranjera que operó en la zona en los primeros días posteriores al desastre.

En cuanto al PAMI se mejoran las prestaciones especiales para las patologías más graves y urgentes. Se entregaron 26 mil audífonos, se realizaron 45 mil cirugías de cataratas, se entregaron 15 mil elementos especiales como sillas de ruedas, bastones y camas especiales. Se multiplicó por 15 veces la cobertura de medicamentos gratuitos ambulatorios, llegando hoy a más de 165 mil afiliados por mes. En años anteriores por el mismo dinero se atendía sólo a 10 mil. Si sumamos también a los afiliados que reciben medicamentos por tratamientos oncológicos, la suma crece hasta 210 mil afiliados.

Por ahorros de recuperación de fondos y mayor recaudación, 1.012.000 afiliados reciben desde junio pasado un subsidio sanitario de 30 pesos junto con el haber previsional; el Programa Alimentario atiende a 440 mil personas, de modo que los jubilados y pensionados que ganan hasta 600 pesos reciben ayuda social de la institución.

Pusimos en marcha en gran parte del país el nuevo modelo prestacional socio-sanitario que elimina intermediaciones y mejora la situación de los prestadores. Queremos mejorar la calidad de la atención y dotar de comodidad la espera, en función del crecimiento de la afluencia de afiliados requirentes.

Las actividades recreativas y de autocuidado contribuyen a la mejora de calidad de vida de nuestros mayores, más de 160 mil afiliados participaron de espectáculos culturales, deportivos, turismo, miniturismo, talleres y fiestas especiales. Promoveremos la atención primaria de la salud a través de los centros de jubilados que brindan el servicio de enfermería y pedicuría.

Se gana transparencia en los proyectos licitatorios, se combate la corrupción; la Unidad Fiscal de Investigaciones instalada permanentemente en el Instituto, ha realizado más de 500 investigaciones preliminares. La baja de los costos producida recupera fondos para mejorar las prestaciones.

En cuanto a la política ambiental, la Argentina presidió durante 2004 y 2005 la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 10), exigiendo en los sucesivos encuentros el compromiso de los países ricos para reconocer su responsabilidad y financiar acciones concretas a fin de paliar las consecuencias del cambio climático.

En ese contexto, en febrero del 2005 la Argentina ocupó la presidencia de la Convención que en Japón determinó la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto, por el cual los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones de gases productores del efecto invernadero y de lluvia ácida.

Determinamos la creación del Fondo Argentino de Carbono, iniciativa destinada a la promoción de inversiones en tecnologías limpias, inserta asimismo en el Protocolo de Kyoto. Así nos hemos convertido en el primer país en desarrollo en promover esta innovadora forma de mitigar los efectos de los cambios del clima.

Hemos lanzado también la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, que apunta a una progresiva eliminación de los basurales a cielo abierto e inauguramos el Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares que opera con tecnologías de punta y es modelo en su género.

Se ha ejecutado el Programa Social de Bosques, brindando asistencia técnica y financiera a iniciativas locales para la realización de obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y de incremento del área forestada nacional con generación de empleo intensivo y mejora de las condiciones sociales de la población.

En este punto quiero detenerme especialmente. Se sabe que la República Argentina mantiene con la República Oriental del Uruguay una controversia con relación al proyecto de instalar dos plantes industriales de producción de celulosa y sus instalaciones conexas sobre la margen izquierda del río Uruguay, recurso compartido entre ambos países.

No concebimos esta cuestión desde ninguna xenofobia ni desde ningún exagerado nacionalismo. Lo entendemos tal cual es: un problema ambiental con ribetes económicos y posible impacto en la calidad de vida de seres humanos que viven a uno y otro lado de una frontera.

Esta controversia con nuestros hermanos uruguayos se suscitó cuando en tres oportunidades el Uruguay autorizó unilateralmente dichos emprendimientos, incumpliendo el Estatuto del Río Uruguay.

En contradicción con preceptos básicos del derecho internacional que protegen al medio ambiente, el Uruguay ignoró los reiterados requerimientos de información que la Argentina le formuló. Ignoró asimismo los reiterados pedidos de nuestro país para que se suspenda la construcción de las plantas proyectadas hasta que pueda determinarse, de manera objetiva y fidedigna, el impacto transfronterizo acumulado.

Siempre fuimos gente de diálogo y estamos dispuestos a dialogar, Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Cuando se trata de gente y de medio ambiente, de lo que estamos hablando es, en definitiva, de calidad de vida.

Quiero por eso agradecer el importante apoyo del Honorable Congreso de la Nación a la iniciativa de recurrir, si resulta necesario, a la Corte Internacional de Justicia, que es, por otra parte, el modo específico de solución de controversias pactado desde 1975.

En este marco, invito al señor presidente Tabaré Vázquez a encontrar una solución inmediata que contemple el conjunto de los problemas ambientales involucrados. Apelo también a uruguayos y argentinos, argentinos y uruguayos, a restablecer un clima de hermandad y cooperación.

Con ese espíritu invito también a mi amigo el presidente Vázquez a suspender las obras por un período de noventa días a los efectos de que durante ese plazo recibamos una opinión autorizada e independiente que nos establezca con claridad los criterios y exigencias que se deben adoptar para asegurar que la calidad de vida de argentinos y uruguayos vecinos del río Uruguay no se vea afectada por la eventual instalación de las plantas.

Querido pueblo uruguayo y presidente de Uruguay, sólo 90 días, nada más que 90 días, para que los mejores ambientalistas del mundo ayuden a dos pueblos hermanos a resolver este tema como corresponde y evitar estos espectáculos dolorosos que nos toca ver a quienes creemos en la unidad latinoamericana y la unidad entre el pueblo argentino y uruguayo.

Se lo pido con la mayor de las humildades, querido amigo y hermano presidente del Uruguay. Son 90 días que van a permitir hacer este estudio. Nosotros queremos que al pueblo uruguayo le vaya muy bien, que a su gobierno le vaya muy bien, como a todos los hermanos de Latinoamérica, y demostremos ante el mundo que tenemos ese minuto de reflexión. No nos dejemos empujar, no nos dejemos impulsar por aquellos nacionalismos vacíos de contenido que en vez de unir a América Latina la separaron permanentemente. ¿De qué vale la disputa, el levantar la tensión o levantar el lenguaje entre argentinos y uruguayos? Es renunciar a nuestra propia historia. Por eso le ruego que me escuche, que acepte este pedido humilde que le hacemos, solamente 90 días. En la larga historia que tienen Argentina y Uruguay. 90 días es apenas un suspiro. Dios quiera que lo podamos hacer.

La educación es una de las políticas fundamentales para la construcción de un país donde la justicia social se convierte en una estrategia que caracteriza el modelo de desarrollo económico-social.

El conocimiento, la ciencia y la tecnología resultan los elementos principales de la generación de una nación productiva capaz de colocar la capacidad de agregar valor a partir de la calidad de trabajo de su gente como el eje central de una estrategia de crecimiento sostenido y de igualdad social.

En esta dirección, durante el año 2005 hemos producido avances de una proyección histórica en lo que respecta a la construcción de un sistema educativo de alta calidad para todos los argentinos.

El aumento de la inversión educativa en una magnitud sin precedentes ha permitido que durante el pasado año se atendieran algunos de los principales problemas materiales por los que atravesó la educación argentina en las últimas décadas. Desarrollamos políticas activas para que el derecho a la educación se transforme en una realidad.

Culminado el proceso de llamado a licitación previsto en el programa de construcción de 700 escuelas, se invertirán más de 1.200 millones de pesos para crear 400 mil nuevas vacantes en escuelas de todos los niveles; 400 mil nuevas oportunidades educativas para que cada una de ellas signifique una posibilidad de inclusión social plena.

Hemos elevado de 350 mil a 500 mil las becas para los estudiantes que tienen dificultades socioeconómicas y se apoya desde el Ministerio de Educación de la Nación a las 2 mil escuelas básicas más pobres del país, donde se concentran cerca de 1 millón de alumnos que reciben libros, computadoras, elementos escolares y asesoramiento pedagógico.

Hemos abierto programas para que los niños y jóvenes que abandonaron la escuela puedan retomar su escolaridad. En el último año, a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la comunidad y las escuelas, logramos que 32 mil chicos vuelvan a la escuela.

Más de 50 mil jóvenes y adultos con los cuales la sociedad sostenía una de las deudas más importantes se han incorporado al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura por el Plan de Alfabetización.

Para compensar las desigualdades regionales y de origen el Ministerio también ha distribuido en el último año más de 7 millones de libros, duplicando la presencia de libros de texto en nuestras escuelas en los últimos tres años.

Avanzamos en la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar y con las 20 mil computadoras que estamos distribuyendo en estos días completamos las primeras 50 mil destinadas a las escuelas con menores recursos, la formación docente y los establecimientos de formación técnica.

Sin lugar a dudas, dos de los principales hitos han sido de orden legislativo; agradezco nuevamente el acompañamiento del Honorable Congreso de la Nación, aprobando leyes que nos reivindican con el destino propio de la Argentina, que son las leyes de Educación Técnica y Formación Profesional y la Ley de Financiamiento Educativo, que es otra ley fundamental para el desarrollo del proyecto educativo del país.

La ley de Educación Técnica recupera una de las mejores tradiciones de la educación argentina: la calidad del trabajo de sus técnicos. Al mismo tiempo, vuelve a colocar la posibilidad de que nuestros jóvenes retomen la cultura del trabajo y el esfuerzo para progresar en la vida.

La aprobación de la ley significó un incremento del presupuesto que de 15 millones de pesos pasó a 260. Esto posibilita reequipar en un año todas las escuelas técnicas del país, otorgando a cada una de ellas un promedio de 200 mil pesos para comenzar su modernización. De esta manera aseguramos que nuestros jóvenes no estudien la historia de la tecnología con maquinarias obsoletas, sino que tengan la oportunidad de formarse con las más modernas tecnologías.

Hay un 15 por ciento de argentinos, gracias a esta actitud iluminada que tuvieron aquellos que eliminaron nuestras escuelas técnicas, que podrían tener trabajo hoy, que las empresas y el desarrollo argentino demandan, pero no pueden conseguir trabajo precisamente por la falta de oficio. Dios quiera que aquí empecemos a saldar esta asignatura pendiente.

En lo que respecta a la ley de Financiamiento Educativo, se trata sin lugar a dudas de la norma más importante y con mayor proyección a futuro de las que han sido aprobadas en los últimos años en el país.

Por su contenido, por sus objetivos, por la participación de todos los gobernadores, por el altísimo grado de consenso alcanzado entre todos los actores de la sociedad y el apoyo de los docentes, estamos ante una verdadera política de Estado cuyos alcances superan largamente las posibilidades de un gobierno en particular o temporal.

La ley nos propone objetivos realistas que la Argentina se compromete a cumplir hacia el año 2010. Queremos que el Bicentenario de la Revolución de Mayo encuentre una Argentina sin analfabetos, con todos los chicos y jóvenes escolarizados en el nivel inicial, básico y medio; con la extensión de las escuelas a una jornada completa para los más necesitados, con mayor calidad educativa, con la inclusión masiva de las nuevas tecnologías y la enseñanza de una segunda lengua, y principalmente con un sistema educativo que brinde igualdad de oportunidades a todos los habitantes sin excepción.

También con universidades e investigación científico-tecnológica de alto nivel, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas con su contexto regional y el futuro del país.

Para arribar a estos objetivos nos hemos propuesto alcanzar progresivamente una inversión del 6 por ciento del PBI en los próximos 5 años. Es verdad que hace algo más de una década la Argentina ya se había fijado una meta similar, pero también es verdad que no se habían arbitrado los mecanismos concretos para efectivizarla y se convirtió en una nueva frustración para los argentinos.

En esta ocasión, la ley prevé las estrategias y los instrumentos precisos para alcanzar el objetivo. Es así que la inversión que la Nación y las provincias harán en el presente año ya llega al 4,7 por ciento del PBI, una de las más altas de la historia y que significa más de 5.000 millones de pesos adicionales para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema educativo y científico.

Los primeros frutos de este aumento de inversión ya están a la vista, por primera vez en el país se pone en marcha un programa de becas que atiende a todos los niños que teniendo entre 6 y 14 años han abandonado la educación básica. No es posible que los sigamos esperando pasivamente en las escuelas, es necesario salir a buscarlos. Esta es una de las máximas deudas sociales que tenemos en la Argentina y debemos saldarla de una vez por todas.

También por primera vez en el país la ley prevé la creación de un fondo de equiparación salarial docente que nos ha permitido ayudar a las provincias con mayores necesidades para lograr un incremento salarial que acaba de lograr que ningún docente perciba un sueldo que lo coloque por debajo de la línea de la pobreza. Una reivindicación que ha significado décadas de lucha y que ahora se ha transformado en una conquista que redundará en la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para todos nuestros docentes y estudiantes.

Hemos logrado avanzar fuertemente en los aspectos del financiamiento pero otra gran deuda pendiente está vinculada a la elevación de la calidad de los aprendizajes. En materia de educación es necesario que desterremos prejuicios, demagogias, oportunismos e hipocresías. El Estado tiene que garantizar los recursos y la planificación; los docentes el conocimiento, que impacta directamente en la calidad; la familia, el compromiso y la exigencia; los alumnos, el sacrificio y esfuerzo personal que requiere todo proceso de aprendizaje. Sin la confluencia de estos cuatro factores es imposible mejorar la educación. Es esta la verdadera ecuación educativa: responsabilidad estatal, responsabilidad docente, responsabilidad familiar y responsabilidad personal.

Nos disponemos a encarar la solución del problema central de la educación, que es la calidad de los aprendizajes que reciben nuestros alumnos.

En la responsabilidad que le cabe al Estado en la ecuación de la que hablamos, hemos anunciado un piso único para los docentes de todo el país que elevaba sustantivamente el ingreso de quienes pertenecían a las provincias más postergadas.

En la misma dirección recuperamos la jubilación con el 82 por ciento del último salario para todos los docentes e investigadores, derogando una normativa que se había impuesto en la década de los 90, y aumentamos y prorrogamos hasta 2005 el incentivo salarial que abarca a todos los docentes del país.

Más de 200.000 maestros y profesores asistieron a programas de capacitación organizados entre el Ministerio y las jurisdicciones. Hemos becado a los mejores alumnos para que elijan la carrera docente y financiado a las universidades e institutos de formación superior para generar instancias de capacitación institucional en la propia escuela que llegaron a los establecimientos más necesitados.

El Consejo Federal de Educación decidió la creación del Instituto Nacional de formación Docente, inicial y continua, para elevar la calidad y superar la actual fragmentación de la formación de maestros y profesores.

Contar con un organismo nacional que sea rector, que fije parámetros de calidad y establezca mecanismos de evaluación comunes, será fundamental para cerrar la brecha existente en la calidad de la formación docente.

Pero tenemos que ir por más. En el presente año lanzaremos el debate sobre los contenidos que deberá tener la necesaria nueva Ley Nacional de Educación, que deberán discutir los señores legisladores y será fundamental para consolidar nuestro proyecto de país.

A más de 12 años de su aprobación, es necesario realizar una profunda evaluación del impacto que ha tenido la Ley Federal de Educación. Consideramos imprescindible superar la profunda fragmentación y desigualdad que hoy impera en la educación y en la sociedad argentina a los efectos de volver a constituir un verdadero sistema que, respetando la característica federal del mismo y las particularidades locales y regionales, vuelva a colocar a la educación como el eje de la construcción de una Nación con raíces, realidades y proyectos comunes.

La nueva ley deberá tener como objetivo central la excelencia y la calidad del trabajo educativo. Pero al mismo tiempo deberán legislar para que el Estado y la sociedad asuman sus responsabilidades propias para que esta calidad beneficie absolutamente a todos, principalmente a quienes más necesitan de la escuela pública como institución básica para la generación de igualdad de posibilidades.

Ningún actor puede estar al margen de este debate. La educación es una cuestión de todos y todos deben participar. Convocaremos a docentes, padres, alumnos, fuerzas del trabajo y la producción, credos religiosos y organizaciones no gubernamentales, para que se involucren plenamente.

El presente año es clave para construir las bases sólidas que nos permitan abrir la educación argentina a los desafíos del nuevo siglo.

No existen experiencias mundiales que hayan logrado transformar el modelo socioeconómico en una verdadera sociedad del conocimiento que hayan prescindido del aporte de sus universidades, centros de investigación y científicos.

Creceremos en forma sostenida y con altos niveles de equidad social, si invertimos en ciencia y tecnología. Necesitamos universidades y científicos de excelencia sólidamente comprometidos con las necesidades de nuestra gente.

Hoy la soberanía se define a partir de la posesión de ciencia y tecnología de alto nivel y estamos empecinados en construir un país independiente a partir de asumir los desafíos del conocimiento propios del siglo XXI.

La triplicación de los recursos destinados a la investigación y el sostenido aumento del presupuesto universitario han producido una profunda transformación de la cultura de estos sectores, que estaban afirmados en una actitud más proclive a la resistencia que a la propuesta.

En el año 2005 la disposición al trabajo conjunto del Estado nacional, las universidades y el Conicet ha permitido profundizar programas de mediano y largo plazo que atienden a algunas de las principales problemáticas del país.

En el caso universitario, por ejemplo, los programas específicos de apoyo a las ingenierías y a las ciencias exactas y naturales comienzan a dar sus frutos. Entre otros resultados hemos logrado comenzar a inclinar la vocación de nuestros jóvenes hacia estas áreas que, como bien sabemos, vieron disminuir la matrícula fruto de la falta de políticas de desarrollo industrial y productivo.

En el campo de los científicos hemos desarrollado una estrategia con una continuidad sin precedentes. Estamos incorporando por tercer año consecutivo 500 investigadores y 1.500 becarios a la estructura del Conicet. Ello permitió bajar sensiblemente el promedio de edad de nuestros investigadores, que superaba los 50 años, y abrir nuevas áreas de investigación y transferencia tecnológica fijando las prioridades a partir de un Plan Plurianual de Desarrollo Científico y Técnico, que era una asignatura pendiente.

Hoy nuestra Agencia de Investigaciones científicas está financiando muchas veces con contraparte de otras instituciones oficiales y privadas, tres veces más proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que en el año 2003.

La inclusión de la ciencia y la tecnología en la flamante Ley de Financiamiento y el sensible aumento de la inversión privada en ciencia permiten que objetivos que parecían imposibles para nuestro país ahora estén previstos en un futuro próximo.

El actual ritmo de inversiones brinda la posibilidad de llegar al 1 por ciento del PBI en ciencia y tecnología en 2010. Será una razón adicional para festejar el Bicentenario de la Patria.

Todas estas políticas han permitido que ocurra uno de los fenómenos más importantes de las últimas décadas. A partir de programas especiales de repatriación de científicos desarrollados por el Conicet y la Secretaría de ciencia y Tecnología, hoy en día no sólo se ha frenado el drenaje de cerebros hacia los países centrales, sino que se ha iniciado una corriente de retorno de muchos de nuestros mejores profesionales que están radicados en el exterior.

Más de 200 científicos argentinos de primer nivel han decidido hoy volver a la Argentina y pueden desarrollar su talento en el país. Muchos de ellos saben que aquí contarán con condiciones de trabajo que no se pueden equiparar con las de los laboratorios donde venían desarrollando su actividad, pero igualmente han preferido apostar por la patria.

Ello nos compromete más aún. No les vamos a fallar y continuaremos apoyando sostenidamente el esfuerzo de ellos y de todos los científicos decididos a trabajar en función de colocar a la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.

La cultura comprende a los modos colectivos de construir la vida social.

Para impulsar un proyecto nacional que involucre a todos los argentinos es indispensable democratizar y federalizar la cultura, apuntando a la inclusión social, a la consolidación de la ciudadanía y al afianzamiento de la identidad en medio de la diversidad.

Entendiendo a la cultura como un instrumento para la inclusión social, se han otorgado subsidios para Proyectos Culturales por un total de 811.144 pesos para 80 proyectos de base cultural elaborados por organizaciones sociales sin fines de lucro.

Con el mismo espíritu se implementó un programa en escuelas primarias que conecta a los niños y sus comunidades con las expresiones culturales fundamentales de su ámbito de pertenencia y se consultó a referentes de los pueblos indígenas para que manifestasen sus propuestas, demandas y opiniones acerca de las políticas para la preservación de la diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento de las identidades.

La política cultural se desarrolló con un criterio federal y de integración cultural que permitió establecer en forma consensuada los principales lineamientos de la política cultural de la Argentina.

Además fue acordada la creación de un Fondo de Incentivos Federales que destinará a 500.000 pesos del presupuesto de 2006 a programas culturales provinciales que trabajen con los sectores en situación de riesgo.

Se constituyó por primera vez un banco único de datos, inédito en el país, que permite acceder a la información actualizada sobre las actividades llevadas a cabo por los organismos de cultura a nivel nacional y provincial, con el fin de conocer su repercusión en la población local, el presupuesto requerido y las necesidades particulares de cada región, entre otros temas.

Se puso en marcha el Comité Permanente del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 – 2010 en cuyo marco se preparan las actividades conmemorativas.

Se otorgaron tras seis años de demora a más de 200 artistas, escritores y científicos, los premios nacionales, regionales y de iniciación a la producción artística, literaria y científica. Se destinaron 478.000 pesos a saldar esta cuenta y asignatura pendiente.

En otro orden, estamos reequipando a la totalidad de las fuerzas de seguridad para poder desarrollar un exhaustivo trabajo en materia de seguridad, protección, producción de inteligencia, coordinación de tareas y producción y divulgación de información relacionada.

Hubo un incremento de resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y otras modalidades de crimen organizado.

Se obtuvo una sustancial disminución de las más impactantes modalidades delictivas, que ha permitido en primera instancia reducir exponencialmente la percepción de inseguridad en la población.

Hemos iniciado el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria Patria Grande, a partir de la firma de un convenio con los Estados Provinciales, cuyo objetivo es regularizar a todos los inmigrantes del Mercosur y países asociados en situación irregular que lo soliciten y que vivan en el país. Este programa alcanzará a una población estimada entre 750.000 y 1.000.000 de personas.

A esto pueden sumarse los alcances del Programa Mi Pueblo, destinado a poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que alcanzó a 107 municipios de 11 provincias, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes y Córdoba, favoreciendo a 364.606 ciudadanos con un monto global de 4.983.109 pesos y los Acuerdos para el Intercambio de Buenas Prácticas implementados ambos por la Secretaría del Interior.

La política de defensa nacional como una política de Estado sostiene la concepción de la defensa como componente activo de la política exterior.

En este marco, la Argentina tiene una proverbial vocación pacífica y de amistad hacia todos los pueblos del mundo, lo cual constituye el eje esencial en el cual se apoya nuestra política de defensa, orientada hacia la cooperación sobre los desafíos comunes de la región y hacia la solidaridad en todo lugar donde la paz sea una necesidad imperiosa de construir.

Si se promueve y desarrolla un ambiente de paz en la región, esto actuará como multiplicador de las capacidades nacionales, tendiendo a lograr en el largo plazo el establecimiento de una política de defensa subregional común.

Nos hemos propuesto fortalecer la conducción civil del Sistema de Defensa Nacional y consolidar la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

La creación de un área de derechos humanos en el ámbito del Ministerio resulta un importante hito. Se ha puesto énfasis en la formación de los cuadros militares en materia de derechos humanos, derecho humanitario y derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, incorporando estos temas en los currículos de las escuelas de formación, así como también promoviendo jornadas de trabajo, seminarios, talleres y congresos con participación de militares, de académicos y de dirigentes expertos en la materia.

Se está concluyendo el Proyecto de Modernización del Sistema de Justicia Militar a los efectos de colocarlo a la altura de los estándares internacionales y en consonancia con los pactos internacionales de los que el país es parte, el cual será sometido a consideración del Honorable Congreso.

Se logró un marcado protagonismo en la participación en operaciones de mantenimiento de la paz bajo el mandato de las Naciones Unidas incluyendo el despliegue de tropas y el aporte de efectivos para puestos individuales, así como la instrucción para operaciones de paz bajo diversas modalidades, destacándose la operación Minustah (Haití) conjuntamente con países del Mercosur y la operación Unficyp (Chipre) en donde bajo bandera argentina se integran secciones de Chile, Perú y Paraguay y oficiales de Estado Mayor de otros países de la región.

Con la República hermana de Chile se ha avanzado en el planeamiento para la creación de un Batallón Combinado argentino-chileno para la ejecución de operaciones de paz.

Se está procediendo a una reestructuración del área, para lo cual entre otras cosas se han transferido las funciones de la Policía Aeronáutica Nacional a la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria; se prevé transformar el Comando de Regiones Aéreas y crear una autoridad aeronáutica civil que garantice los mismos o superiores estándares respecto de las exigencias de OACI.

Se está priorizando un nuevo perfil en la obtención de medios para la defensa para lo cual se busca recuperar la capacidad de producción e investigación para la defensa, vinculándola con los objetivos nacionales en materia de desarrollo económico y social y progreso tecnológico.

En este marco, se están desarrollando acciones concretas para la modernización del equipo militar para el desarrollo de tecnología nacional, como por ejemplo el proyecto de construcción en astilleros argentinos de cinco patrulleros de alta mar a través de un proyecto regional juntamente con las Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, concebido sobre la base de una ingeniería común y un equipamiento similar.

También se destaca el desarrollo de un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, que atienda tanto a la seguridad del movimiento del tránsito aéreo comercial y general como a impedir la violación de la soberanía de nuestro aeroespacio.

A tal efecto, se encuentran en trámite para su formalización sendos contratos para la fabricación de once radares secundarios y para la modernización de tres radares móviles de gran alcance.

Se promueve el desarrollo de tecnologías duales, con fines militares pero con aplicación en el medio civil.

En materia de gestión pública, con el propósito de asociar a la política con la voluntad ciudadana, venimos desarrollando el Programa de Auditoria Ciudadana, cuyo objetivo central es el de emitir una opinión informada sobre la calidad de las prácticas democráticas en los distintos municipios del país, que contribuya a formular una agenda de asuntos públicos locales con el fin de mejorar las instituciones y la gobernabilidad.

Cerca de cien intendencias de la Argentina que nuclean una población cercana a los trece millones de habitantes, están siendo sometidas a las reglas del Programa en pos de profundizar la cultura cívica democrática, mejorar el trato al ciudadano, favorecer la rendición de cuentas de la gestión y favorecer la participación en la conformación de políticas públicas.

Hemos dictado las normas que garantizan el acceso a la información por parte de los ciudadanos respecto de todos los actos por él dictados.

En esa misma tónica, en los próximos días pondremos en marcha el Sistema Nacional de Gobierno Electrónico que le permitirá a la ciudadanía no sólo acceder a la información necesaria sobre aspectos vinculados a la gestión, sino también encontrar un sistema simplificado de trámites que podrán realizarse electrónicamente.

Como parte sustantiva del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, se pondrá en marcha el Sistema Electrónico de Compras. El régimen, certificado en diciembre último por el Banco Interamericano de Desarrollo y considerado uno de los más avanzados en el mundo entero, va a permitirles a las empresas que quieran participar de licitaciones públicas hacer sus ofertas y trámites a través de la red.

Con total transparencia, la ciudadanía contará con absoluta información respecto de todo el proceso de compra de bienes y contratación de servicios por parte del Estado nacional.

En el mismo marco del Sistema Nacional de Gobierno Electrónico, la puesta en marcha de la firma digital otorgará plena validez jurídica a diferentes trámites que en lo sucesivo podrán realizarse electrónicamente sin necesidad de su respaldo en papel documental. Desde trámites impositivos, hasta notificaciones y oficios judiciales, con la aprobación de la firma digital, el Estado nacional agilizará los trámites «despapelizando» la burocracia a favor del conjunto social.

También es propósito del Gobierno nacional que, junto a los procesos de transparencia administrativa, se desarrolle un claro mejoramiento en la prestación del servicio público a través de una paulatina calificación laboral de sus agentes. En este orden de ideas se inscribe el nuevo Convenio Marco General del Empleo Público recientemente anunciado. Con él, por primera vez en la historia, hemos logrado democratizar los vínculos laborales en el seno del Estado Nacional.

Como corolario de esa democratización e institucionalización de las relaciones del trabajo público a las que aludo, más de setenta y cinco mil agentes han quedado amparados en el reconocimiento de derechos trascendentales como el de igualdad de oportunidades y trato, con especial referencia a la mujer trabajadora y a los agentes con discapacidades, y la erradicación de toda forma de violencia laboral.

En procura de la optimización de los recursos humanos del Estado, pondremos en marcha el Sistema Integrado de Información de Personas Empleadas y Contratadas del Sector Público Nacional, civiles no militares, y del Sector Público financiero. Con él articularemos los mecanismos de información de personal existentes, hoy parciales e inconexos, lo que nos permitirá tener un mejor cuadro de situación a través de los legajos del personal empleado.

Como ustedes bien saben, desde el 25 de mayo de 2003, ha sido nuestro propósito trabajar decididamente en el mejoramiento de la calidad institucional de la República. En ello se inscriben las acciones que concluyeron con la renuncia o remoción de diversos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la designación en esas vacantes por parte del Poder Ejecutivo Nacional de letrados de reconocida solvencia técnica y moral.

Idéntico sentido ha tenido la anulación de las leyes que garantizaban la impunidad de los imputados por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar. No se trata de teorías voluntaristas ni de definiciones meramente dogmáticas, se trata de realidades sociales que no pueden ser alteradas con discursos altisonantes.

La República mejorará su calidad si todos asumimos las debilidades del sistema y nos comprometemos a llevar adelante las reformas que la fortalezcan.

Buenos administradores de los recursos públicos, parlamentarios con conocimiento, compromiso y responsabilidad en las políticas de Estado y jueces que impartan justicia, llevarán tranquilidad a la ciudadanía y solidificarán las bases de una mejor República. Esas, y no otras, han sido las bases sobre las cuales desarrollamos nuestra gestión permanente. Esa y no otra es la vocación que da impulso a cada medida que tomamos.

En este punto, es preciso entender que la calidad de las instituciones debe medirse en función de la capacidad que tengan para representar la voluntad popular y construir un estado de derecho. Es preciso decirlo cuando para algunas viejas elites evidentemente las instituciones tienen más calidad cuando más lejos del pueblo se encuentran. No se puede disociar legitimidad y legalidad, democracia y derecho se complementan.

En particular, con relación a la administración de justicia, el Gobierno nacional mantiene su política para que todos puedan acceder a más y mejor justicia, en tiempo oportuno. Esta es una gran responsabilidad ante la gente, sobre todo la gente común, la más humilde, que es la que sufre por las fallas del sistema judicial y la que se ha de beneficiar a medida que vaya mejorando su funcionamiento. Es una responsabilidad compartida entre todos los órganos estatales. Cada uno en el ámbito que le corresponde, delimitado por la Constitución Nacional. Cada uno debe cumplir bien sus obligaciones, ninguno de ellos debe interferir en el accionar de los otros. Lograr aquellos fines requiere seguir fortaleciendo las instituciones de la democracia, tanto las judiciales como las demás.

La imparcialidad de los jueces es un elemento fundamental para este fortalecimiento institucional, y nuestro Gobierno, con su conducta, ha dado las más acabadas pruebas de respeto por los órganos y funciones judiciales, sin intentar influir en causa alguna sometida a los tribunales. Por ser la función judicial propia de los magistrados, deben ser ellos los primeros en trabajar para mejorar su desempeño cotidiano. Deben tener siempre presente que su tarea es más que cualquier otra cosa, hacer que la Justicia llegue a la gente.

El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también deben hacer su aporte, transformando observaciones y reflexiones en políticas públicas para el mejoramiento de la función judicial, sin quedarse en declaraciones teóricas o abstractas. Hay que adoptar las necesarias decisiones concretas e instrumentarlas en acciones legislativas y administrativas.

Lo hacemos permanentemente, sin ceder ante las presiones de los sectores, mucho menos cuando se comportan de manera corporativa, procurando obtener o retener beneficios o privilegios. Nuestra obligación política es ante el pueblo argentino, que nos ha elegido para gobernar.

En ese orden conceptual debe advertirse la importancia del dictado y de la promulgación de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura con ánimo de dotarlo de transparencia, eficiencia y agilidad en su gestión. ¿O alguno puede creer que el actual Consejo de la Magistratura tuvo estas calidades?

Es preciso que el propio organismo modificado, en la mejora de su accionar, desmienta en la práctica las interesadas, maliciosas e infundadas acusaciones que se han vertido en el curso de la discusión parlamentaria de su reforma, que es un avance más para lograr el ideal de calidad institucional que perseguimos.

Quienes tomamos la decisión con la Corte de garantizar su independencia; quienes nos animamos a terminar con la impunidad que avergonzaba a los argentinos con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que han tenido mil justificaciones, ¿vamos a buscar crear una justicia independiente con un Consejo de la Magistratura como este? Hemos traído al Congreso una nueva ley y hemos trabajado en forma conjunta porque es vergonzante el actual funcionamiento del actual Consejo de la Magistratura en sus gastos, en sus calidades y en la garantía de seguridad y justicia que le puede dar a la sociedad. Es por eso que hemos decidido avanzar sobre ese tema.

No resulta ocioso destacar que, sumadas, la oposición y las corporaciones mantienen la mayoría absoluta. Y no estamos buscando mayorías, hemos actuado con total moral y cristalinidad permanentemente. Podemos cometer errores, todos los pueden cometer, pero podemos mirar de frente a todo el pueblo argentino y lo hacemos desde este Congreso de la Nación. Lo que pasa es que creemos que esta Nación, este país, ha estado sometido a la pseudo moral de estas corporaciones que permanentemente han sido cómplices de los sistemas que impidieron que llegue la justicia a nuestro pueblo. Por eso es un paso adelante, que puede ser mejorado, y si es mejorado bienvenido. Nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, no nos interesa triunfar sobre otros argentinos, nos interesa que triunfe la Argentina y que definitivamente se consolide una justicia independiente.

Lo digo como lo dije en todos lados, me ha tocado ser intendente y tener un solo concejal a favor, me ha tocado ser gobernador y tener solo 7 diputados a favor, y me ha tocado empezar en el 2003 como el presidente por ahí con menos apoyo que recuerde la historia, con el 22 por ciento de los votos. Sé lo que es empezar a trabajar y comenzar a buscar el consenso de la ciudadanía, prácticamente en situaciones tremendamente difíciles que me han tocado sucesivamente para comenzar a gobernar.

Es fundamental, central, esencial, que aunque muchas veces uno tenga un proyecto y no tenga mayoría para inspirarlo en este honorable recinto, cómo me hubiera gustado como argentino que frente al proyecto del Consejo de la Magistratura que nosotros apoyamos como oficialismo hubiera habido otro proyecto para que el pueblo argentino hubiera podido ver una discusión que hubiera enaltecido a este Congreso.

En orden a nuestra política de derechos humanos conviene recordar que la exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que el Estado fuera percibido no como garantía de los derechos y libertades fundamentales, sino como una de las principales amenazas al orden constitucional, proclamado normativamente en nuestra Carta Magna.

Una política de derechos humanos se vincula no sólo al respeto a los valores inherentes a la condición humana sino también a una mejora en su calidad institucional. Una política de derechos humanos en la Argentina de hoy implica luchar contra otro tipo de amenazas que superan la conquista de los derechos políticos y civiles y nos llevan al campo a los derechos sociales y económicos. La construcción de ciudadanía será posible en la medida en que se incluya a los excluidos en un proceso de integración social, capaz de garantizar no solamente la titularidad de los derechos sino la posibilidad del ejercicio pleno por parte del conjunto.

Este Gobierno se ha propuesto recuperar los fundamentos éticos del Estado, un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la impunidad y sus efectos perversos. Uno de los cuales inmediato y no menor, es la pérdida de legitimidad en la persecución del delito común, en la medida que los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través del aparato del Estado, continúen impunes.

Es necesario formar a las fuerzas policiales y de seguridad y al servicio penitenciario y dotarlos de los medios y la infraestructura necesaria para aumentar su capacidad profesionales y sus actitudes para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Trabajar por la memoria y la justicia no es causal de división en la sociedad, sino por el contrario estimula la unidad. Luchar contra la discriminación es recuperar al Estado como el principal garante de los derechos humanos. En ese sentido, hemos profundizado las políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.

El Ministerio de Justicia participó del proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso AMIA, ese terrible crimen contra el pueblo argentino. Mediante la firma del decreto 812/05 se reconoció la responsabilidad del Estado Argentino por la violación de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se continúo con la recolección, actualización y preservación de los archivos e informaciones vinculados a la violación de los derechos humanos por el terrorismo de Estado. El Archivo Nacional de la Memoria realizó el relevamiento de archivos y documentación en varios organismos y se firmaron convenios con organismos de otros países para el intercambio de experiencias, tecnologías, información y documentación.

Debe destacarse la cesión por parte del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires del predio de la Policía Federal Argentina donde funcionó el centro clandestino de detención «El Olimpo» y a la Municipalidad de Morón del ex CCD Regional de la Inteligencia de Buenos Aires, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

Se está dando pleno cumplimiento a las leyes de reparación.

Fue aprobado por decreto 1.086/2005 el documento titulado: «Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación. La discriminación en Argentina: diagnóstico y propuestas», que propone medidas especificas para combatir la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

Se inició la reorganización del Servicio Penitenciario Federal colocando, como misión primaria y básica de la fuerza, la reinserción en la sociedad de las personas privadas de la libertad en las cárceles. Se puso en marcha el Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que concluirá con la creación de más de 3.500 plazas.

Tenemos que tomar conciencia, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales, en hacer una profunda transformación y mejoramiento permanente de los sistemas penitenciarios. Han pasado y han sucedido hechos en el 2005 en la Argentina que no deben volver a suceder. Y los primeros autocríticos somos los que tenemos responsabilidades públicas, tanto el Poder Ejecutivo como los Poderes Legislativos tienen que tender a garantizar las normas para que el pleno ejercicio de la Justicia no implique, bajo ningún aspecto, que los sistemas penitenciarios se conviertan en centros de violaciones de los derechos humanos o la discriminación. Justicia con toda firmeza, pero respetando los derechos de todos los ciudadanos argentinos.

En otro orden, la Comisión de Expertos para la Reforma del Código Penal avanzó en su labor, redactando las modificaciones de los fundamentos y de la parte general del Código, encontrándose abocada a la reforma de su parte especial.

En materia de relaciones exteriores, apuntamos a proyectar internacionalmente la imagen de un país con criterio propio, justo, previsible, confiable y de firmes convicciones.

Bajo la premisa de que la política exterior está indisolublemente ligada al país que somos y al proyecto de país que queremos construir, la Argentina participa de manera activa y constructiva a favor de un nuevo orden mundial más equilibrado, capaz de contemplar los intereses y necesidades de los países en desarrollo, a fin de poder garantizar una estrategia de desarrollo sustentable con inclusión social.

La integración regional en la que avanzamos ininterrumpidamente, presenta desafíos y problemas de gran complejidad, a los que responderemos resueltamente con la búsqueda de más y mejor integración.

Nuestra política hacia América latina nos lleva a consolidar una red de relaciones físicas, comerciales y culturales a la altura del excelente diálogo político que sostenemos con todas las naciones hermanas.

La República Argentina ha realizado una serie de acciones en el escenario internacional procurando un mundo más seguro, estable y equitativo, basado en los valores de la democracia, los derechos humanos y la seguridad internacional, con el propósito de que todas las naciones puedan abordar, con mayores posibilidades de éxito, las metas de desarrollo y superación de la pobreza.

Uno de los principales acontecimientos de nuestra política exterior durante el 2005 fue la realización de la IV Cumbre de las Américas, en la ciudad de Mar del Plata. Esta Cumbre reunió 34 jefes de Estado y Gobierno, bajo el lema «Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática».

En Mar del Plata se coronó un diálogo que, a pesar de algunas previsibles y fundadas discusiones, construyó un sólido consenso sobre la importancia de la dignidad del trabajo.

La Declaración de Mar del Plata y su Plan de Acción sostienen la necesidad de generar empleo asegurando los derechos laborales y la protección social, al tiempo que asumimos compromisos inclaudicables contra todo tipo de discriminación laboral y contra el flagelo del trabajo infantil, a la vez que se acordó que la creación de más y mejor empleo es la vía principal para enfrentar la pobreza y evitar la exclusión social.

Y en Mar del Plata, también, el MERCOSUR dio un verdadero ejemplo de unidad, de cohesión y defensa de los intereses de la región, que yo creo que también va ser parte de la historia grande de nuestro país.

La participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad ha tenido como principio fortalecer los mecanismos de seguridad colectiva y el multilateralismo, así como también apoyar acciones diplomáticas efectivas dirigidas a la prevención y la resolución de conflictos. La estrategia de gestión participa de lineamientos de carácter general que tienden a priorizar la integración de nuestro país al mundo mediante consensos orientados al fortalecimiento del derecho internacional, a la promoción de valores asociados a la paz internacional y a la democracia, al respeto a los derechos humanos y a la búsqueda de un sistema de comercio equilibrado que contemple una mejor distribución de los beneficios de la globalización y una democratización del sistema de decisiones en los organismos internacionales.

Nos comprometemos de manera decidida al multilateralismos, estableciendo relaciones serias, maduras y racionales con el resto de los países.

Participamos de manera activa y constructiva en el ámbito de los organismos internacionales en pro de la paz, mediante la construcción de consensos amplios que permitan una eficaz promoción del desarrollo socioeconómico y el combate contra la pobreza.

Enfrentamos al terrorismo internacional, a la delincuencia transnacional organizada y al narcotráfico, alentando todas las acciones internacionales que contribuyan a la persecución, control y eliminación de estos flagelos, respetando el derecho internacional de los derechos humanos.

Promover y proteger los derechos humanos constituye una política de Estado que forma parte de nuestra identidad como nación, razón por la cual constituye uno de los ejes centrales de la política exterior llevada a cabo por la Cancillería.

Hemos sostenido inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Bregamos por una América latina políticamente estable, próspera y unida, basada en ideales de democracia y justicia social. La relación con los países latinoamericanos es uno de los pilares de nuestra política exterior, por los vitales lazos históricos, culturales, políticos y económicos que nos unen a ellos.

Propugnamos la apertura del país al mundo de manera realista, en el marco de la profundización de políticas de integración regional, en particular a través del MERCOSUR, entendiendo que dicho ámbito constituye la mejor respuesta estratégica para impulsar el desarrollo regional y hacer frente a los nuevos desafíos que imponen la globalización y el avance científico y tecnológico.

Propiciamos la cooperación nuclear y espacial con fines pacíficos y continuamos nuestra activa política en materia de desarme y no proliferación tanto en el ámbito multilateral como regional.

Como se ve, resulta imposible resumir en un discurso la inmensa cantidad de hechos que diariamente vamos produciendo para lograr salir del infierno del que venimos.

Este apretado resumen tiene la virtud de mostrarnos lo capaces que somos de poner entre todos de pie a la República Argentina. Tenemos país, tenemos Patria y tenemos la fibra necesaria para hacer que las cosas mejoren.

La recuperación de la autoestima de los argentinos está en la base de cada logro, grande o pequeño. Estamos torciendo el rumbo de los acontecimientos para enderezarlos hacia un destino común.

El principal desafío del pueblo argentino y de su gobierno es, además de preservar los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad, cimentar los pilares que terminen de configurar una estrategia de crecimiento sostenido con equidad e inclusión social.

Desarrollo económico con inclusión requiere reinsertar a la Argentina exitosamente, aunque no de manera ingenua, en el mundo.

Nuestras relaciones internacionales no deben estar centradas exclusivamente en el plano financiero. Por el contrario, debemos aprovechar las oportunidades comerciales y de inversión brindadas por el proceso de globalización pero minimizando al mismo tiempo sus riesgos.

Desarrollo económico con inclusión debe significar la profundización de los procesos de integración regional en marcha, asegurando ganancias recíprocas para todos los socios, aprovechando al máximo la complementación productiva de nuestros países.

Desarrollo económico con inclusión debe implicar la promoción de la inversión y el aumento continuo de la productividad a través de una densa red de innovación que permita incorporar mano de obra calificada e innovaciones basadas en la investigación y el desarrollo al proceso productivo.

Desarrollo económico con inclusión exigirá continuar en la senda de la mayúscula tarea de reconstrucción institucional que fortalezca el rol del Estado, dotado de neuronas de alta calificación y plena vocación de servicio, asegurando la estabilidad de las reglas de juego para todos y la posibilidad efectiva de dar cumplimiento a los compromisos contractuales asumidos.

Pero desarrollo económico, por sobre todas las cosas, debe ser sinónimo de equidad en el reparto de los frutos del crecimiento económico a través de la creación sostenida de oportunidades de empleo genuino y de la mejora continua de los ingresos, no como resultado de un siempre elusivo «derrame» de dichos frutos, sino como prerequisito indispensable para la materialización y puesta en marcha de ese mismo crecimiento.

Estos son los ejes que guían el esquema de mediano y largo plazo de nuestro programa. Hemos iniciado un proceso de crecimiento sostenido y debemos profundizar los cambios.

La valorización del trabajo argentino, el acento puesto en la educación, la ciencia y la tecnología como medios para crear igualdad de oportunidades y progreso social, para ponernos a la altura de la exigencia mundial, achicando la distancia con los países más desarrollados.

La sociedad argentina está dando muestras de una extraordinaria capacidad de recuperación, avanza fuerte y pierde sus miedos.

En este final de época, la mayor parte de nuestra sociedad ha tomado la bandera del cambio y se dispone a dar la batalla cotidiana de avanzar, sin espectacularidades pero sin descanso, para tomar el futuro en sus propias manos.

En la Argentina, recuperándonos moralmente y reconciliando día a día las instituciones con la sociedad, estamos redefiniendo, entre todos y para bien, una palabra que a fuerza de injusticia e impunidad, nos sonaba vacía de contenido y extraña, la palabra gobernar.

El gobernar tiene que ser, de ahora en más, la capacidad de hacer y transformar colectivamente. La capacidad de crecer, distribuir, hacer cosas, discutir intereses en beneficio de la Nación.

El poder de defender la producción nacional, mejorar la cantidad y calidad de las exportaciones. Defender el derecho de la Argentina de tener su propia industria, poderosa y desplegada; defender el derecho de los argentinos a conservar sus ahorros, a generarlos honestamente, a garantizar el poder de compra de sus salarios.

En ese marco, discutir la política, será disputar la iniciativa para conducir nuestra Patria hacia un destino mejor.

Acceder a la Presidencia de la Nación será obtener el honor de conducir el tránsito de nuestro país, peldaño a peldaño, hacia una posición más sólida, más justa, más equitativa. Cuando ello ocurra habremos consolidado los cambios que hoy tratamos de concretar.

Estamos en el año 2006, apenas a 23 días de que se cumplan 30 años del golpe más horroroso institucional que recuerde la historia argentina. Estamos a 23 días de recordar una fecha que mancilló las instituciones y que consolidó 30 mil desapariciones por pensar diferente en la Patria. No es un tema menor, es un tema que debe llevar a los argentinos y a su clase dirigente a entender que el derecho a pensar diferente es una tarea esencial y central, que el derecho a tener la capacidad de la verdad relativa también es un tema fundamental, que el poder discutir y tener visiones distintas sobre cada tema es algo que enriquece la Patria, pero que la mentira, el agravio, la descalificación, el ensuciar, el gastar las instituciones en tratar de expresar a veces discursos que nada tienen que ver con la realidad tratando de ensuciar al otro, fue lo que generó en la Argentina la posibilidad de llegar hasta extremos a los que nunca pensamos los argentinos que se podía llegar. Y eso se materializó el 24 de marzo de 1976.

Por eso como argentino, como militante comprometido en aquel tiempo y en aquella época, que no eludo mi historia, era joven como tanto jóvenes, y no me quito mi responsabilidad por la edad que tenía porque sería un acto de reduccionismo histórico, asumo mi responsabilidad, la edad que tenía y el tiempo que tenía con esa generación que acertó y se equivocó, pero que tuvo la dignidad de depender, de creer, de acceder, de plantear sus ideas ante la sociedad para tratar de aportar al cambio que la Argentina necesitaba, y que fue mancillada por los violentos, por los que no entendían que la Argentina se construía con paz, con amor, con pensamientos superadores.

Por eso, en el cierre de este discurso que me toca, el anteúltimo como Presidente de la República en mi mandato que termina el 10 de diciembre de 2007, si ustedes me permiten señores legisladores, yo quiero rendir un homenaje grande y sincero a la Argentina y a esos 30 mil argentinos -que no me importa cómo pensaba cada uno- en este Congreso de la Nación, para que esto quede escrito en las páginas de la historia, que nunca más vuelva a suceder y que ellos sean el contenido espiritual en la diferencia y en la pluralidad de los tiempos en que la Argentina nos necesita. Lejos de la violencia, lejos de creer que la convivencia se encuentra en base a la impunidad y que entre todos nosotros, cada uno en la responsabilidad que tiene, sea capaz de encontrar la justicia, la memoria y la igualdad, que este país sigue necesitando y que estamos tratando de lograr todos con mucho esfuerzo.

Lo demás es práctica cotidiana de la democracia, el discutir un país es práctica cotidiana de la democracia. No nos va a hacer más buenos ni más malos, aunque pensemos de una forma o de otra. Es bueno tener convicciones firmes, es bueno discutir con firmeza, es bueno aportar las ideas para que se puedan superar las cosas que se van realizando. Por lo menos mientras me toque ser Presidente siempre serán bienvenidas. Nunca me interesa castrar al que piensa diferente, por el contrario me gusta discutir con el que piensa diferente, pero también sumar todo aquello positivo del que piensa diferente porque puede ser que allí esté sintetizando un poquito más a todos los argentinos.

Muchísimas gracias por vuestra presencia.