Yo fui una de las senadoras que presentó un proyecto de ley sobre la resolución 20/18 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, por el tema de cargar sobre las espaldas de los usuarios la devaluación que se produjo del tipo de cambio y que habría impactado en el balance de las empresas productoras y distribuidoras de gas. Lo hice ni bien la leí en el Boletín Oficial. El viernes a la tarde, a primera hora, ingresé el proyecto. La verdad es que es la única manera de derogar esto –se lo dije recién al secretario parlamentario cuando se acercó aquí–. Primero, hubo un intento de proyecto de resolución. Obviamente, no es posible que nosotros, a través de una resolución, que es la decisión unilateral de uno de los cuerpos parlamentarios, modifiquemos una decisión de cualquier órgano del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, frente a una decisión del Poder Ejecutivo, la única manera legal, constitucional e institucional que cabe es la del instrumento de una ley que deroga una resolución, un decreto o cualquier otro instrumento resolutorio que se dé en el

ámbito del Poder Ejecutivo.

Creo que es necesario que tratemos sobre tablas la derogación porque hay un modus operandi muy claro. Acá tengo una serie de enumeración de hechos. Se trata de un modus operandi que yo he denominado –y no solamente yo, no es una ocurrencia mía; más que nada, repito–, el “si pasa, pasa”. O sea, ha sido con los miembros… Acá tengo como catorce episodios, desde el primero, que fue la designación en comisión de dos miembros de la Corte, hasta una innumerable cantidad de resoluciones del Poder Ejecutivo contrarias a derecho o, directamente, en este caso, no solamente contrarias a derecho, sino también al sentido común y a los intereses.

Creo, además, hoy cuando leí los diarios por la mañana tomé conocimiento de que la Unión Cívica Radical iba a proponer que el gobierno se hiciera cargo de la diferencia existente por la devaluación, entre las distribuidoras y las productoras.

Para situar el problema –todos sabemos lo que pasó–, durante más de un mes los que producen el gas estuvieron discutiendo con quienes lo distribuyen cuál de los dos se hacía cargo del impacto que había tenido en sus balances la devaluación del tipo de cambio. Y, como no se pusieron de acuerdo, Iguacel, exvicepresidente de una petrolera, tomó la resolución de que se hicieran cargo los usuarios. Gran escándalo, gran indignación, como no podía ser de otra manera, por parte de todos los usuarios, y terminamos en esto de hoy.

Y leo hoy que, aparentemente, sería el Poder Ejecutivo, en un 50 por ciento, el que se haría cargo y las petroleras en el otro 50 por ciento. Y escucho que dicen: “Los usuarios no se van a hacer cargo”. Pero, ¿quiénes piensan que son el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri? ¿Iguacel? ¿O la van a sacar de los recursos públicos?

Yo quiero que nos situemos como representantes de lo que somos acá en estas bancas. Nosotros estamos, por un lado, eliminando el FOFESO, por ejemplo, que es el fondo federal de la soja para municipios y provincias. Y vamos a crear –porque vamos a tener que aprobar la partida en el presupuesto, que no está claramente– una partida que va a significar el 50 por ciento, de ser esa la solución, para hacerse cargo el Estado. ¡El Estado también son los usuarios! Es más, son los que por ahí ni siquiera tienen una red domiciliaria de gas y pagan el IVA, porque el Estado lo va a pagar con recursos públicos, con recursos de los impuestos que pagan todos y todas.

Entonces, me parece realmente que, en un momento en el cual todos los sectores –desde los más vulnerables y humildes, pasando por la clase media, pasando por las pymes, pasando por las empresas, etcétera– se tuvieron que hacer cargo de los costos de la devaluación que ha impactado en los precios de los alimentos, de las prepagas, de los colegios… Inclusive, de grandes empresas que vieron afectados sus balances y la valuación de sus empresas, grandes empresas que tuvieron pérdida en los balances porque su actividad económica no es la actividad de ser prestadores de servicios públicos, que tienen público cautivo, o inversiones en gas y petróleo. Y, de repente, el Estado se va a tener que hacer cargo en la ley de presupuesto, con recurso públicos, de pagar esto. Realmente no me parece justo, no me parece equitativo.

Y yo me pondría a pensar seriamente en la legalidad y en los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas.

Pensémoslo también, por favor, no solamente para sacarnos de apuro las cosas de encima y decir: “Bueno, lo paga el Estado”. Tengan en cuenta que se va a sentar el precedente legal de que el Estado va a pagar el impacto que tuvo la devaluación a través de recursos de la partida de presupuesto. Luego, cuando alguna otra empresa demuestre que en sus balances o en su patrimonio ha tenido impacto la devaluación, se va a poder presentar a demandar una reparación similar. Pensemos no solamente en empresas pequeñas, pymes o nacionales, pensemos en empresas extranjeras multinacionales, pensemos en bancos, pensemos en todo el universo que puede el día de mañana plantear un perjuicio. Y, si no se le hace lugar aquí, en la Argentina, terminan después en el CIADI o en cualquier otro tribunal internacional en los cuales tienen jurisdicción por convenios bilaterales los famosos TBI que ha firmado la República Argentina. Y colocamos al presupuesto, colocamos al patrimonio público, en una situación como la que ya ha atravesado en otras oportunidades ante reclamos similares. No hablemos de fondos buitres, etcétera. Hay miles de ejemplos.

Por eso creo, rescato la intención dialoguista para solucionar los problemas, pero, por favor, no agravemos un problema con una cosa que aparece como solución y va a colocar al Estado, no al gobierno… Porque el gobierno después cambia, el Estado sigue. El gobierno cambia. Toma esta decisión y el que viene o los que vengan sucesivamente después quedan sujetos por la teoría de los propios actos del Estado nacional.

Por lo tanto, yo, humildemente, muy humildemente, doy mi opinión para que este cuerpo, en todo caso, si se tiene que pronunciar en nombre y en representación de las provincias y de los pueblos de nuestras provincias… Porque yo estoy sentada acá en nombre de Unidad Ciudadana; no de Gas BAN ni de Pluspetrol, ni de YPF, ni de nadie, sino, simplemente, en nombre de los partidos políticos. Les pido a todos los hombres y mujeres que son de partidos políticos, los que estamos sentados acá representando a los partidos políticos, que, en todo caso, si queremos contribuir a un espíritu de negociación o queremos dar señales, digamos que, por ejemplo, las empresas distribuidoras y productoras –que han obtenido ganancias multimillonarias con los tarifazos que han sufrido no solamente los ciudadanos, sino la actividad económica– sean las distribuidoras –en todo caso– y las productoras las que solventen la diferencia del impacto devaluatorio, como lo han hecho todas las demás empresas del país y los ciudadanos.

Díganme qué empresa no ha tenido un impacto en sus balances o en su actividad económica por efecto de la devaluación. No existe.

Díganme qué comerciante no tuvo un impacto en su comercio con la devaluación.

Díganme qué ciudadano o ciudadana no tuvo un impacto con la devaluación. ¿Y qué han hecho? Lo han soportado y lo siguen soportando.

Digo yo: las distribuidoras y las productoras, que han tenido multimillonarias ganancias –tengo acá lo informado a la Comisión Nacional de Valores, son millonarias, pero millonarias en dólares–, ¿no pueden soportar el impacto devaluatorio como lo han soportado todos los demás empresarios, comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país?

¿Por qué nosotros, en nombre de los partidos políticos, por qué nosotros en nombre de la política, le vamos a dar un fondo, un subsidio a estas empresas?

¿Se lo merecen, realmente?

Pero, entonces, ¿en nombre de qué y de quién estamos sentados todos

acá?

Y la verdad es que uno siente hablar a algunos empresarios, que se la

pasan hablando del capitalismo y condenando a los populismos y para colmo todos ellos tienen público cautivo, señor presidente. No son empresarios para los cuales alguien, si ve algo que está caro, no se lo pagan. ¡No!

Cuando uno tiene un supermercado o cualquier otra cosa, si alguien ve que está caro, va a otro supermercado o no lo compra. Pero cuando uno tiene el mercado cautivo, porque no le puede comprar a otro la luz, ni el gas, ni el agua, a ese empresario –que además no arriesga, porque ser capitalista es también tomar riesgo, como lo toman todas las otras actividades económicas–, ¿nosotros le vamos a asegurar acá, desde nuestras bancas, desde la política, que su balance no va a tener impacto, a pesar de que todos los demás están desbalanceados, y algunos les diría que reventados, señor presidente? A la gente no le alcanza más el dinero.

Pero, además, con esta solución, ¿qué va a pasar con la próxima devaluación? ¿Qué va a pasar con la próxima devaluación?

Miren: en el tema tarifario tienen en serio que ponerse a pensar en una pesificación definitiva y, fundamentalmente, más allá del valor del BTU, del valor de pozo, tienen que declarar una suerte de emergencia. La gente está en emergencia con el costo de las tarifas. No la pueden pagar. Hay departamentos de cincuenta metros cuadrados con una estufa y una cocina donde cocinan una vez al día –o no cocinan nunca– adonde están llegando facturas de 7.000 o de

8.000 pesos. ¡La gente no va poder pagar! Ya no es un problema de que les parece caro, ¡no lo pueden pagar ni lo van a pagar!

Entonces, me parece que, si nosotros, como cuerpo político, porque hay cosas que… A ver: serás más populista, menos populista, más capitalista, menos capitalista, pero estamos hablando de la luz, del gas y del agua. Estamos hablando de cosas básicas. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto, para pedirle a quienes tienen la responsabilidad de asegurar el goce de los servicios básicos a los ciudadanos… Pongámonos de acuerdo en esto, pero no demos señales. Alguien me decía recién, el secretario: “Lo hacen para dar señales”. Nosotros no somos semáforos. Los semáforos dan señales. Nosotros tenemos que tener pronunciamientos claros y concretos, como debemos tener quienes trabajamos y quienes militamos en política. Tenemos que ser claros. Podemos equivocarnos; seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que no podemos es confundir a la gente y creer que aprobando esta comunicación salvamos la ropa porque van a decir “Bueno, el Senado…, arreglaron, no va a pasar a los usuarios”.

¿Cómo no va a pasar a los usuarios? ¿A quién le van a sacar en el presupuesto 10.000 o 15.000 millones de pesos? Ya le hemos reducido –o le han reducido quienes han enviado el proyecto de presupuesto– a las universidades. Se ha eliminado el Fondo Federal de la Soja, que nuestro gobierno había instituido por primera vez en la historia para que se distribuyera el producto de los derechos de exportación entre provincias y municipios. Se siguen dejando sin efecto transferencias a las provincias en materia de salud y de educación. Por ejemplo, tampoco van a transferir el FONIG. O sea, ¿se van a sacar todas las transferencias que eran para docentes, educación y municipios y se va a crear una partida para las productoras de gas y petróleo y las distribuidoras? Bueno, si van a hacer eso, no cuenten con nuestro voto.

Gracias, señor presidente.