No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro.
Estas son las propuestas que están abiertas al debate y al aporte y quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia.
Partido Compromiso Federal, Gobernador de San Luis Alberto Rodriguez Saa
Partido Frente Grande, Intendente Mario Secco
Partido Kolina, Diputado Nacional Carlos Castagneto
Partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella
Partido de la Victoria, Aldo San Pedro
I – El engaño y la estafa electoral.
Macri en septiembre de 2015: «Vamos a terminar con la pobreza, la inseguridad y la exclusión».
En la Argentina de nuestros días, la sociedad está sufriendo en carne propia la reinstauración del modelo neoliberal, consecuencia del engaño y LA ESTAFA ELECTORAL MAS FORMIDABLE DE LA QUE SE TENGA MEMORIA.
La democracia representativa exige que quienes asumen cargos o bancas al haber sido electos por el voto popular, deben cumplir con los programas y las propuestas que realizaron durante la campaña electoral. Cuando el Pueblo vota no da cheques en blanco; elige entre personas que encarnan ideas, formulan programas y propuestas de gobierno.
Si quien resulta electo para representar los intereses de todos y todas hace lo contrario a lo que prometió o a lo que propuso y programó, no sólo engaña a quienes lo votaron sino que rompe el contrato electoral entre gobernante y votante, punto de apoyo de todo el sistema democrático.
II – La ruptura del Contrato Electoral.
La ruptura del contrato electoral del 2015 está causando grandes dolores al pueblo argentino. El engaño sólo pudo realizarse con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos que ocultan y distorsionan la realidad de un Gobierno que vino a hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.
No sólo engañaron, sino que armaron una puesta en escena para que las promesas de Cambiemos parecieran auténticas. Los medios concentrados, el partido judicial, los “especialistas”, “expertos” y “analistas”, y los organismos internacionales fueron cómplices y partícipes necesarios de un montaje para engañar y perpetrar la estafa electoral.
La aplicación de políticas neoliberales que arrasan derechos sociales, quiebran la económía y fracturan la sociedad, siempre fueron precedidas por promesas incumplidas de una vida mejor y un futuro promisorio.
III – El Marketing
“La revolución de la alegría”, “podemos vivir mejor”, “no vas a perder ningún derecho”, fueron los slogans publicitarios utilizados por Cambiemos para engañar y obtener el voto. Sin embargo, cuando asumieron el Gobierno y llegó el turno del feroz ajuste neoliberal necesitaron renovar el engaño con un nuevo relato.
Supuestamente, el Gobierno habria tenido que adoptar medidas políticas y económicas diametralmente opuestas a sus promesas electorales, debido a una “pesada herencia” que recién fue descubierta cuando accedieron al poder, por aquellos que se presentaban como «expertos en todo» y conocían mejor que el Gobierno anterior «todos los números de la economía».
“La fiesta se tenía que terminar”, “había una crisis asintomática”, “vivíamos en una fantasía”; son algunas de las frases del márketing para justificar brutales políticas de ajuste y no hacerse cargo de nada.
En igual sentido, y ante los dolorosos resultados de sus políticas, empiezan a prometer un futuro mejor que nunca llega, con nuevas frases: “segundo semestre” primero y “brotes verdes” después.
Siguen hablando del pasado en una estrategia de marketing para no hablar y desviar la atención del presente y de las ya las inocultables y dolorosas consecuencias de sus políticas.
El problema no es el pasado que todos y cada uno de los argentinos tenemos, sino que con las políticas del Gobierno de Cambiemos no hay futuro para nadie. Queremos volver a tener futuro. Queremos volver a tener un país donde era posible tener proyectos y un plan de vida.
IV – Una vez más, la realidad es la única verdad.
Sin embargo, el marketing y lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad. El ajuste neoliberal no es resultado de lo que «encontraron» cuando llegaron al Gobierno o de la «pesada herencia». Mucho menos aún, de lo que faltaba hacer.
Al contrario, se trata de un programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio. En menos de un año y medio se endeudaron por casi USD 100.000 millones, más del doble de la deuda contraída por la Dictadura Cívico-Militar.
El pueblo argentino sufre en carne viva las consecuencias de esas políticas neoliberales que destruyen empleos y salarios, provocan cierres de comercios, pulverizan el consumo y dañan gravemente a nuestra industria nacional.
El desamparo no se puede tolerar más. Tampoco la exclusión, ni la injusticia, ni la pobreza en aumento. Demasiado sufrimiento. El Gobierno para los ricos es una triste realidad para los argentinos.
Las grandes conquistas sociales que beneficiaban a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, a los jubilados, a los más humildes y vulnerables, y al pueblo argentino, se encuentran bajo ataque y no pueden permanecer en pie.
V.- Persecución política: Estado y medios.
Como nunca se había visto desde el advenimiento de la Democracia en 1983, se ha instalado en nuestro país la persecución política a través del Estado en articulación con los medios de comunicación. Sin embargo en esta etapa histórica, a diferencia de lo ocurrido en las Dictaduras, aparecen nuevos actores para cubrir la tarea que desempeñaron – en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional – las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El Gobierno neoliberal articulado con los medios de comunicación concentrados y el Poder Judicial, persigue a dirigentes y políticos que se oponen a su plan de entrega y escarnio popular. La disputa desatada entre sectores del propio gobierno por el manejo del Poder Judicial ya es inocultable. Se ventila en diarios, radios y por televisión, desenmascarando, por un lado, el falso discurso “republicano” de respeto a la división de poderes utilizado en la campaña y pone en descubierto, por el otro, cual es el rol que este gobierno quiere para jueces y fiscales: sicarios para eliminar opositores.
En este sentido, las increíbles y amenazantes expresiones públicas de Macri -“buscaremos otros jueces para que nos representen” -, confirman que cuando el Presidente no piensa lo que dice, dice lo que piensa: pretende un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo y al servicio del grupo de poder que hoy ejerce la primera magistratura.
Como si ello no bastara, se le suma el armado de un sistema ilegal de espionaje político e inteligencia interna propio de gobiernos dictatoriales. La difusión de conversaciones privadas en medios públicos, seguimientos personales y vigilancia de domicilios -entre otras prácticas-, no sólo son denunciadas por opositores, sino también por dirigentes oficialistas que -paradójicamente- guardaron y guardan riguroso silencio cuando los espiados son otros.
Otra vez, la violencia de la exclusión social corre en paralelo a la violencia político-institucional. Es que la experiencia histórica y la comprensión política enseñan que siempre, en toda época y lugar, el ajuste neoliberal viene necesariamente acompañado de la represión y la persecución: hay que acallar a los opositores, ya sea con estímulos o con amenazas, con el palo o con la zanahoria.
En este sentido, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del «2 x 1», en beneficio de genocidas y represores, marca un tiempo de regresión en materia de DD.HH. El Gobierno arma así una nueva «mayoría automática» en el más alto Tribunal que expresa la intervención del Poder Ejecutivo en los fallos judiciales.
De esa manera se prepara el terreno institucional para la convalidación judicial de las medidas económicas y sociales que serán impuestas después de las elecciones de octubre para consumar la segunda fase del plan de ajuste: ir a fondo con reformas estructurales, que profundicen en forma perdurable la debilidad de los trabajadores y su salario en relación a los ricos y su capital.
VI.- La segunda fase del ajuste
Profundización de la flexibilización laboral. Reforma del sistema jubilatorio y del PAMI. Apertura total e indiscriminada de la economía. Mayor desregulación del sistema financiero. Desmantelamiento y desinversión en las empresas públicas. Reforma tributaria regresiva. Avance sobre las autonomías provinciales. Eliminación de todo fomento a las economías regionales. Desfinanciamiento y desmantelamiento de la industria cultural. Retiro del Estado y administración “vaucher” en políticas públicas. Apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales. Desintegración regional y Desmalvinización. Y como no podía ser de otra manera otra vez el FMI.
VII.- Los límites. Acción y construcción.
Instituciones y Organizaciones. El rol del Parlamento.
La furia y la ambición sin límites de una minoría, tiende a demoler los cimientos construidos y ha provocado un gran dolor y fractura social. No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Asi no se puede vivir más. Asi no se puede seguir. Asi no hay futuro.
El Gobierno de Cambiemos no tiene límites.
Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones.
Por eso la emergencia. Por eso la urgencia.
Por eso, también, la responsabilidad histórica.
Para ello resulta imprescindible:
Construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno.
El Parlamento tiene que ser uno de los límites para el ajuste neoliberal, pero no el único. Las instituciones y organizaciones sindicales y sociales, en ejercicio de sus propias representaciones, tienen también una responsabilidad histórica frente a este nuevo calvario de los argentinos y no pueden ser ajenas a la convocatoria ciudadana.
Parlamento, Instituciones y Organizaciones necesitan de hombres y mujeres con convicciones, conocimiento, responsabilidad y coraje histórico para ejercer la representación popular e institucional de la ciudadanía y construir las líneas de defensa de los diversos y distintos sectores dañados por la política económica del gobierno. UNIDAD CIUDADANA para generar propuestas que pongan un límite a tanto dolor y fractura económica y social.
Propuestas que, retomando los lineamientos de los gobiernos nacionales, populares y democráticos, incorporen los nuevos desafíos del momento histórico actual, caracterizado por el retorno continental del neoliberalismo.
Estas son las propuestas que están abiertas al debate y al aporte, y quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia.
Macri en septiembre 2015: “Voy a generar más de dos millones de puestos de trabajo”.
En apenas un año y medio más de medio millón de personas han perdido su trabajo en nuestro país, ya sea registrado o informal. Todas las familias argentinas tienen hoy un amigo, vecino, pariente o conocido que tiene problemas de trabajo.
Desde que Mauricio Macri está en el gobierno, el Estado ha renunciado a su obligación constitucional de defender el empleo y el salario justo. Se han multiplicado exponencialmente los despidos. La pérdida del empleo y las suspensiones se dieron, mayormente, en los sectores vinculados a la industria manufacturera, -reflejando el carácter desindustrializador del actual modelo económico-, pero también fueron afectados comercios y servicios, e inclusive, actividades beneficiadas con importantes transferencias de ingresos como la minería. En el trabajo informal la caída se multiplica por tres. La desoladora expresión “ya no hay ni changas” recorre los cordones que rodean los grandes centros urbanos de la Argentina.
A los que conservaron su empleo tampoco les fue bien: se ha desplomado el poder adquisitivo del salario y el Gobierno de Cambiemos avanza en un creciente proceso de flexibilización laboral.
Esta es una de las obsesiones de Macri: bajar el “costo” laboral. Para ello, en la segunda fase del ajuste, se preparan nuevas leyes que hagan más difícil aumentar los sueldos y más fácil despedir trabajadores y bajar las indemnizaciones, imponiendo la precarización laboral a través de nuevas modalidades de contratación, como los “contratos basura” que ya existieron en los 90′.
En definitiva, que las empresas tengan más poder y los trabajadores menos derechos.
Es necesario declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas públicas.
Macri en febrero 2015: “La inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar, en mi presidencia la inflación no va a ser un tema […] Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente».
A poco de asumir, el Gobierno de Cambiemos ordenó una devaluación del 60% mientras sostenía que no iba a afectar los precios. Ocurrió todo lo contario: se disparó la inflación más importante de los últimos 25 años. Donde más se sintieron los aumentos fue en alimentos, medicamentos y los otros consumos populares. Lo que hace un año y medio comprabas por 100 pesos, hoy necesitas 300 pesos o más. Así se pulverizó el poder de compra del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias.
Es necesario declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores. Ante la inacción del Gobierno de Cambiemos deben crearse órganos específicos en la órbita del Poder Legislativo.
Macri en diciembre de 2015: “Se necesita un desarrollo industrial inteligente y sustentable».
La industria argentina registró caídas por 15 meses consecutivos. El programa neoliberal implementado por el Gobierno de Cambiemos puso en marcha, nuevamente, la desindustrialización del país. La pérdida en el poder adquisitivo derrumbó las ventas en sectores del comercio y la industria dependientes del mercado interno. El Gobierno de Cambiemos hizo un aumento irracional de las tarifas y subió la tasa de interés para el financiamiento. Como si fuera poco, también abrió las importaciones. Por primera vez desde 1975 cae el Producto Bruto Interno y aumentan las importaciones de bienes de consumo, autentica inconsistencia macro-económica que revela la falta de sustentabilidad de la política económica del Gobierno de Cambiemos. De esta forma, se entrega el ya reducido mercado interno a las empresas extranjeras.
El plan de apertura total e indiscriminada de la economía está en marcha. El pasado 17 de marzo, el Gobierno de Cambiemos entregó a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) un “Plan de Acción” por el cual el Organismo Multilateral diseñará las políticas públicas de nuestro país, como antes hacia el FMI. Obviamente, lo hará a favor de las grandes corporaciones privadas multinacionales y en contra de nuestras Pymes y empresas nacionales, porque además de comprometerse a que ingresen las importaciones, fija un mecanismo de “solución de controversias” con instancias por fuera de la legislación y los tribunales argentinos.
En el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur la situación no es mejor. Buscan que sea una plataforma para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la que seguirá protegiendo sus productos agropecuarios y nos obligará a abrir la importación de productos industriales. Antes, el Mercosur era un instrumento para la integración productiva de la región. Ahora lo quieren convertir en una herramienta de desindustrialización y reprimarización. El Congreso de la Nación en virtud de facultades constitucionales propias (Art.75 inc.22) debe tomar urgente conocimiento e intervención de las tratativas, protocolos, capítulos y toda documentación vinculada a la firma de estos acuerdos y planes.
Es necesario que el estímulo de la demanda se dirija a la producción local, a través de legislación para una administración efectiva del comercio exterior. Se debe impulsar la creación de nuevos instrumentos de crédito para el capital de trabajo del sector productivo y comercial. Además, una nueva ley de compre nacional que conceda, en la práctica, preferencias a nuestra industria para asegurar que la demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico.
Macri en julio de 2015: “YPF y Aerolíneas seguirán en manos del Estado”.
Con este Gobierno, YPF tuvo el primer resultado negativo en 20 años y se anunciaron más de 2.000 despidos. Aerolíneas Argentinas debe competir con compañías sin aviones, asociadas al Presidente y a otros funcionarios del gobierno. Las empresas públicas están, como en los 90′, camino al vaciamiento. ARSAT no es una excepción: mientras el Gobierno interrumpió la fabricación del tercer satélite que estaba ya encaminada, intenta favorecer a empresas vinculadas a sus dirigentes. A su vez, las tarifas de los servicios públicos tuvieron aumentos descomunales e innecesarios que no se volcaron a la inversión para mejorar la calidad del servicio.
Es la política neoliberal: como el capital privado maneja totalmente y sin control los servicios públicos, las tarifas y precios tienen más en cuenta la rentabilidad privada que su impacto sobre la vida de las familias y/o el proceso de industrialización (tarifas muy altas destruyen la competitividad de nuestras empresas).
Una de las políticas que genera mayor igualdad, es el acceso a los servicios públicos. Algunos ejemplos:
El caso AYSA: solo funcionó cuando fue estatizada y el Estado logró, mediante un proceso de inversión, aumentar el acceso a los servicios de agua y cloaca. En menos de dos años las inversiones cayeron y las tarifas aumentaron irracionalmente.
El caso Aerolíneas Argentinas: el Gobierno de Cambiemos hace que compita en términos desventajosos, ya que está obligada a cubrir todo el país mientras que las empresas privadas solo eligen los corredores más rentables. Más grave aún: los argentinos nos hemos enterado que el Presidente y sus funcionarios estan vinculados con las empresas a las que se adjudican las rutas aéreas. Todo ello va encaminado a provocar que nuestra empresa de bandera pierda valor y luego, con el remanido argumento de “pierde mucha plata”, la quieran privatizar.
El caso YPF: es similar al anterior. Ha caído la inversión y la producción. El Gobierno de Cambiemos declama la inversión extranjera en Vaca Muerta pero con pobres resultados. Sería más coherente seguir fortaleciendo YPF con el petróleo convencional, dados los precios actuales y su tendencia de mediano plazo.
Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios.
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de inversión y producción ante el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión social, el autoabastecimiento y la conectividad.
Macri en noviembre de 2015: “El 82% móvil es un compromiso asumido”.
Al igual que los salarios, el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones -y de la mínima en especial- han sufrido un gravísimo deterioro. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores el daño fue aún mayor porque el PAMI disminuyó al mínimo sus prestaciones. El Gobierno de Cambiemos empezó a administrar la obra social de los jubilados como si fuera una empresa privada de medicina prepaga, sumando angustia y preocupación a las familias argentinas.
No fue lo único. Por Resolución de la ANSES, el Gobierno de Cambiemos quiso modificar la fórmula de movilidad jubilatoria para «ahorrarse» 3.000 millones de pesos. La “reparación histórica” resultó ser otra estafa: el número de beneficiarios alcanzados no llega a un tercio de lo que se anunció y los montos pagados en la mayoría de los casos son irrisorios.
El Gobierno de Cambiemos dio de baja el plan de inclusión jubilatoria y cuando dijeron que estaban implementando una Pensión Universal para Adultos Mayores, en realidad estaban creando jubilados de segunda que cobrarán un 20% menos de la mínima.
Mientras tanto, comenzaron a liquidar la plata de los jubilados que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES vendiendo acciones, prestando a empresas amigas y pasándole recursos al tesoro.
El Gobierno de Cambiemos ya consiguió aprobar por ley («reparación histórica») la creación de una comisión de reforma del sistema jubilatorio. En la misma, planean aumentar la edad de jubilación, eliminar la ley de movilidad y endurecer las condiciones de acceso. Incluso se habla de volver parcialmente a las AFJP como un sistema complementario.
Quieren reducir el aporte patronal para que las empresas tengan más rentabilidad, reeditando una receta aplicada en los años 90′ que no generó ningún puesto de trabajo. En aquella oportunidad esa medida solo sirvió para desfinanciar el sistema de seguridad social, constituyendo una formidable transferencia de ingresos de los asalariados al capital. Otra vez ayudar a las empresas a costa de los trabajadores.
Esta segunda fase del ajuste en materia de seguridad social está siendo elaborada con un memorándum junto al FMI.
En 2003, el sistema jubilatorio era el 5% del Producto Bruto Interno que ascendía a 138.267 millones de dólares. Con las políticas llevadas adelante por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el sistema jubilatorio alcanzo el 10% del Producto Bruto, que había crecido a 619.991 millones de dólares. El objetivo del actual gobierno es reducirlo al 6% de un Producto en caída, para pagar la deuda que ellos mismos contrajeron. En el último año del Gobierno anterior, la jubilación mínima había alcanzado un récord absoluto que constituyó un verdadero hito histórico: llegó a representar el 81% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Es necesario declarar la emergencia previsional con aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar tranquilidad a los hogares argentinos.
Macri en diciembre 2015: «Hay que endeudarse todo lo que podamos porque estamos construyendo a futuro».
En menos de 2 años los argentinos debemos casi 100 mil millones de dólares más.
El Gobierno de Cambiemos reanudo un nuevo y desenfrenado ciclo de endeudamiento externo. Los números son terribles: el Gobierno colocó 97 mil millones de dólares, que significan más del doble del endeudamiento engendrado por última de la dictadura cívico-militar en sus 7 años.
Emitió deuda en títulos con jurisdicción extranjera y lo que es peor aún, cambió su composición: duplicó la deuda externa en dólares con el sector privado, llevandolá a 120 mil millones de dólares. Macri batió un vergonzoso récord: con su Gobierno, Argentina fue el país emergente que más se endeudó en los últimos 20 años.
Además, el endeudamiento no se empleó para obra pública, inclusión social o expansión de la capacidad exportadora. Al contrario: el Banco Central mantiene elevadísimas tasas de interés con las LEBACS. Los dólares entran, se valorizan sin riesgo y luego se fugan. El Gobierno de Cambiemos puso a rodar nuevamente en Argentina la bicicleta financiera. Este es el verdadero freno a la inversión: el negocio financiero es más rentable que cualquier actividad productiva.
En la segunda fase del ajuste, el Gobierno de Cambiemos ira por una mayor desregulación del sistema financiero. De ese modo, los «capitales golondrina» gozaran de las tasas mas altas del mundo, tendran ganacias enormes en un corto plazo y podran fugarlas facilmente llevándose el esfuerzo de todos los argentinos.
Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos se han fugado la mitad de las reservas del BCRA. Se permitió la remisión de utilidades sin controles. Se liberó la compra de dólares sin ningún tipo de limitación. Se amplió el plazo para ingresar divisas de las exportaciones a 10 años. Y ahora mayores reformas aún: modificación de la ley de mercado financiero a favor del capital.
El Congreso debe sancionar normas regulatorias que impidan que la Argentina se convierta en el país donde se realiza la mayor actividad de “carry trade” (bicicleta financiera) a nivel global, y que permitan retomar políticas monetarias que alienten la inversión productiva.
Asimismo el Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales.
El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI. Con los niveles descontrolados de crecimiento de la deuda será cada vez más difícil y más caro utilizar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Al mismo tiempo el déficit fiscal se tornó insostenible y no se puede revertir con políticas “pro-mercado” que destruyen la actividad económica interna.
Por lo tanto, la consecuencia inevitable es que el déficit fiscal aumente también en los gobiernos provinciales y municipales. Esto se ve agravado por resultados de crecimiento negativo, persistente inflación y contracción del empleo.
La política elegida mantiene bajo el tipo de cambio en forma artificial. Aunque el Gobierno de Cambiemos intente hacer creer que el precio del dólar es “libre”, sólo la cantidad de dólares especulativos que ingresan a la «bicicleta financiera» son los que determinan el precio de la divisa estadounidense. Por esta situación, no sólo no pueden bajar la tasa de interés, sino que además impiden el crecimiento de la producción y el consumo.
El descalabro macroeconómico no puede ser resuelto dentro del marco del modelo que propone el Gobierno de Cambiemos. La fragilidad nos conduce hacia una situación de falta de financiamiento y devaluación explosiva.
A partir del próximo año veremos una mayor injerencia del FMI en el manejo de la economía del país. El primer experimento fue la modificación de facto del aumento en jubilaciones.
Con este panorama, el Gobierno de Cambiemos va a necesitar un crédito del FMI que vendrá con las recetas y «condicionalidades» de siempre: Megadevaluaciónes, caída del salario real, ajuste fiscal, privatizaciones, apertura a más importaciones, reforma a la baja del sistema de jubilaciones pensiones.
Lo más paradójico de esa etapa: el Fondo va a “obligar” al gobierno a hacer lo que realmente quiere hacer.
Macri en septiembre de 2015: “Vamos a mejorar las economías regionales”.
El Gobierno de Cambiemos devaluó un 60% la moneda y quitó las retenciones a la mayoría de los productos regionales. Sin embargo, casi todas las provincias están en situación de emergencia productiva: leche, yerba, vino, madera, cítricos, peras y manzanas, hortalizas, porcinos y aves. El aumento del costo de insumos, fletes y tarifas, junto con la depresión del mercado interno y la apertura de importaciones en algunas actividades, arruinaron la rentabilidad del productor.
Las únicas beneficiadas fueron las grandes explotaciones de la zona núcleo, los intermediarios y los exportadores. Esta combinación hizo que ni siquiera se favorecieran los pequeños productores de granos. Es el modelo neoliberal de concentración productiva y espacial de las ganancias, aplicado al sector agropecuario.
Los reclamos tipo “verdurazo” que vienen sucediendo, reflejan el daño que estan sufriendo no sólo las provincias y sus economías regionales, sino también la agricultura familiar y periurbana.
En igual sentido, lo que está ocurriendo con SanCor es sólo la punta del iceberg. Una empresa tradicional y emblemática en la mesa de los argentinos está a punto de desaparecer y el Gobierno de Cambiemos solo atina a decir que la vendan o se endeuden.
Es necesario aplicar un subsidio de emergencia dirigido directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, para evitar intermediarios y asegurar el arraigo rural. Debe facilitarse el acceso al crédito en condiciones ventajosas para los pequeños y medianos productores de las economías regionales. Es fundamental sancionar marcos regulatorios que permitan la intervención inteligente del Estado e implementar las leyes existentes para la agricultura familiar y solidaria, que aseguren el acceso al uso de las tierras suburbanas.
A su vez es necesaria legislación sobre consumo próximo, no sólo para que actúe como incentivo a las economías regionales que no encuentran mercados en el exterior debido a la crisis internacional, sino que además contribuya a un aprovechamiento racional de nuestros alimentos, mejorando calidad y precio.
Macri en octubre de 2015:»Quiero asumir el compromiso de trabajar para una argentina federal, acabando con la discriminación de años».
Por decreto, Macri anuló el incremento del 15% en la coparticipación que, siguiendo el fallo de la Corte Suprema, la Presidenta Cristina Kirchner había restituido a las Provincias. Luego aumentó arbitrariamente la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, de 1,40% a 3,75%.
La reducción de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, la devolución del IVA a los jubilados y la baja de retenciones se hicieron a expensas de los recursos de las Provincias. Es por eso que, con una inflación del 41% la Coparticipación creció en promedio sólo 28%. Mientras tanto, la recesión deteriora la recaudación de los impuestos locales, la política neoliberal funde a las provincias y el Gobierno de Cambiemos sólo refuerza las partidas de los gobernadores aliados, como método electoral y/o extorsivo.
La reforma tributaria que promueve el Gobierno de Cambiemos ha comenzado con un sentido totalmente regresivo y apunta a cambios más drásticos aún. Pretenden bajar el IVA cuando, de acuerdo a la experiencia del 2002, es sabido que esa medida no baja los precios y solo aumenta las ganancias de las empresas a costa de los consumidores.
Además, quieren que las provincias eliminen ingresos brutos para terminar de desfinanciarlas completamente. En síntesis: La estrategia es avanzar sobre las autonomías provinciales.
El Gobierno de Cambiemos pretende actuar como una suerte de FMI para las provincias, imponiendo condicionalidades para el “auxilio” financiero.
Argentina necesita un nuevo acuerdo federal para distribuir recursos. Deben restituirse los recursos sustraídos a las provincias y someter a la decisión del Congreso Nacional la distribución territorial de los programas nacionales en todas las áreas.
Macri en diciembre de 2015: “Vamos a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley”.
Desde la asunción del Gobierno de Cambiemos, pese a la cobertura mediática y judicial, se han conocido los más escandalosos casos de corrupción que involucran al Presidente de la Nación, sus funcionarios, parientes y amigos. Muchos de esos casos tuvieron su origen en investigaciones globales ajenas a sectores o intereses de actuación local.
Entre los más resonantes se encuentran:
– Los Panamá Papers que revelaron la existencia de más de 50 empresas del grupo Macri ocultas en paraísos fiscales y, que a diferencia de lo ocurrido en nuestro país, provocaron en el mundo renuncias de Primeros Ministros y Funcionarios de alto nivel en gobiernos extranjeros.
– Las coimas de Odebrecht y la conexión con el Lava Jato. Están involucrados Gustavo Arribas, titular de la AFI, y Angelo Calcaterra, primo del Presidente, propietario de la empresa IECSA y principal socio argentino de Odebrecht en la mega-obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y en los gasoductos de Córdoba.
– Las ganancias de los funcionarios con la manipulación del dólar futuro.
– La condonación de la deuda del Correo Argentino para empresas de la familia presidencial.
– El blanqueo de capitales extendido por decreto a familiares y amigos.
– Las autorizaciones para operar rutas aéreas a Avianca y Flybondi, pertenecientes a funcionarios y socios del Presidente.
– Las licitaciones en el sector energético digitadas por el Ministerio de Energía a cargo de un ex-CEO y accionista de Shell.
– La designación en puestos claves del Estado, de integrantes de familias que controlan empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos, rubros del consumo popular en los que se han registrado los mayores aumentos de precios.
– Los amigos y socios del Presidente en empresas prestadoras de servicios públicos beneficiadas por los aumentos irracionales de tarifas.
Estos casos son mucho más que hechos de corrupción de funcionarios públicos de un Gobierno. Revelan una matriz de apropiación de los recursos del Estado inédita en la historia Argentina. Un plan sistemático de un Grupo económico que encaramandose en el Estado lo utiliza como plataforma local y global de sus negocios: Argentina S.A. y ellos sus dueños.
Es necesaria una ley de incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, asi como también otra que prohíba ejercer la función pública a todos aquellos que tengan cuentas o empresas en guaridas fiscales. Debe incluirse, la creación de una Comisión Bicameral que tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los funcionarios. Se revisará el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido repatriados, como así también la inclusión por afuera de la ley de parientes, familiares y amigos.
Macri en abril de 2014: «A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés».
Al realizar un análisis del mercado laboral en términos de género, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina muestra una participación de la mujer por debajo del promedio mundial y por debajo de las regiones más industrializadas, al tiempo que se observa una importante brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan las mismas tareas.
Por consiguiente, se hace necesario reformar la legislación laboral, especialmente en igualdad salarial y la extensión de las licencias parentales, que lleven a una rápida y sostenida reducción de la brecha en la tasa de participación económica de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y equipare los salarios.
La violencia contra la mujer ha crecido exponencialmente. Los femicidios se han multiplicado dolorosamente. La violencia física siempre es precedida por violencia simbólica y verbal. El Gobierno de Cambiemos ha desmantelado y/o desfinanciado todas las áreas vinculadas a las políticas de género. Resulta imprescindible no solo creación de organismos públicos no gubernamentales sino también legislación urgente en materia de violencia simbólica y verbal sobre la mujer, que sea complementaria a la Ley de Protección Integral de las Mujeres sancionada en el año 2009.
Creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de igualdad de género, incorporando las estadísticas como elemento de diagnostico y eficacia.
Macri en diciembre de 2014: «Conmigo se acaban los curros en derechos humanos.»
A partir del año 2003 Argentina se convirtió en un ejemplo universal de la política de Memoria, Verdad y Justicia que desde la segunda guerra mundial fue uno de los ejes de ciudadanía universal. Por su parte las organizaciones argentinas de Derechos Humanos, pilares de esa lucha, se constituyeron en un modelo de participación ciudadana del Estado de Derecho.
Sin embargo, en esta materia el Gobierno de Cambiemos se ha caracterizado por el negacionismo planificado, permanente y sistemático:
– Las manifestaciones del Presidente de la Nación o las del Ministro de Cultura porteño (hoy agregado cultural en la Embajada argentina en Alemania) – «no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada»- resultan aún más patéticas frente al reconocimiento realizado por la Canciller de Alemania en su visita a la Argentina durante este año;
– El desmantelamiento de distintas áreas de Derechos Humanos del Estado
– Falta de seguimiento de las causas de Derechos Humanos
– Reuniones de Ministros con con personajes emblemáticos del negacionismo del Terrorismo de Estado
– Y el más grave: el fallo del «2X1» impulsado por el Gobierno de Cambiemos y firmado por los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que Macri intentó designar por decreto en el más alto tribunal del país
Son sólo algunos de los hechos que revelan el negacionismo del Gobierno de Cambiemos
En este marco, la liberación de Milagro Sala, sus compañeras y compañeros, significa restaurar en la Argentina la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales y los tratados en materia de Derechos Humanos incorporados en 1994 a nuestra Carta Magna.
Se deben sancionar herramientas legislativas que tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros.
Es necesario crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y cumplimiento de las condenas en causas por dichos crímenes y avanzar en todas aquellas que aún están en proceso.
A su vez, debe sancionarse el digesto único en materia de Derechos Humanos para dar coherencia y consolidar la legislación en la materia.
Macri en noviembre de 2015: «Voy a declarar la emergencia nacional en materia de seguridad. Ni un sólo barrio sin la presencia permanente del Estado.»
La inseguridad ha crecido de manera exponencial y han reaparecido modalidades, como las de las bandas de secuestradores, que habían sido eficazmente erradicadas en la década pasada.
Robos, secuestros express, arrebatos, entraderas, son solo algunos de los delitos que hoy no están en los medios de comunicación, pero que están convirtiendo la vida cotidiana de la ciudadanía en una verdadera odisea.
El agravamiento de la situación económica y social que se traduce, entre otras cosas, en desocupación -especialmente entre los jóvenes- y en familias enteras en situación de calle, esta vinculado directamente a este intenso recrudecimiento de la violencia urbana.
La situación institucional e interna de las fuerzas de seguridad, especialmente las policiales, constituye un elemento más que agrava el cuadro de inseguridad. La elaboración de una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional”, resulta imprescindible para actualizar el marco normativo del Sistema de Seguridad Pública. Además, se deberá elaborar una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales, articulación imprescindible e impostergable para un efectivo combate contra el delito.
La sanción de una Ley de seguridad democrática, como complementaria o modificatoria de la ley de Seguridad Interior (24.059), se hace necesaria para profundizar y ampliar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia de nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional.
Macri en abril de 2017: «Tenemos que dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política, de transformar el Estado en un aguantadero”.
Uno de los caballitos de batalla del Gobierno de Cambiemos es la transformación de un Estado supuestamente elefanteásico, pesado, burocrático e ineficiente, en un «Estado moderno, eficiente, cercano y federal». Sin embargo, por detrás de estas palabras no hay otra cosa más que aquella triste frase: «achicar el Estado es agrandar la nación».
Desde ese punto de vista, el Estado sólo tiene que limitarse a proporcionar a la ciudadanía determinados servicios básicos como seguridad y justicia, y retirarse paulatinamente del resto de sus obligaciones para dejarlas en manos del sector privado.
Eso es lo que el Gobierno de Cambiemos ha venido haciendo en las áreas de educación, cultura, salud, ciencia y tecnología. El techo a las paritarias de docentes y médicos, el ajuste del presupuesto en ciencia y tecnología y los cambios en el INCAA, que provocan la caída de una industria de alto valor agregado como la cultural, son solo algunas de las más simbólicas expresiones de esta política de retiro paulatino del Estado.
Sin embargo, y pese al discurso de reducción del gasto del Estado, crecieron un 25% los empleos jerárquicos de funcionarios del Gobierno de Cambiemos, como así también sus salarios. A su vez pretenden aplicar un sistema de “administración privada de instituciones públicas” para escuelas, cárceles y hospitales. Es una de las formas más perversas de cambiar el rol de estado, porque los recursos siguen siendo públicos pero se asignan sin criterios de equidad.
Muy lejos de esto, lo que en realidad se necesita es tener un Estado inteligente y presente con instrumentos normativos que garanticen a la sociedad el acceso a derechos humanos, tales como la educación, la cultura, la salud y la ciencia. Para ello es necesario retomar una política de mejoras salariales paulatinas y de mejora presupuestaria en salud y educación pública, resguardando los intereses de los más necesitados.
En materia de ciencia y tecnología, más allá de retomar el sendero de mejora en la participación de las actividades científicas, tecnológicas y de educación superior en el presupuesto nacional, el Estado debe necesariamente cumplir un rol indelegable como promotor de grandes proyectos de desarrollo tecnológico a partir de sus definiciones estratégicas y su poder de compra, tales como el desarrollo satelital, la radarización, el desarrollo de la energía nuclear, la exploración y explotación de combustibles fósiles y la mejora de los servicios públicos en general y de los transportes en particular (transporte aéreo, ferrocarriles).
Además, sostener la actividad cultural no solo es una cuestión económica, por los puestos de trabajo calificado que genera, sino que además tributa a la construcción de soberanía de un país. Hollywood podría servirles de ejemplo a los que tanto miran al norte sólo para imitar estilos de vida.
Macri en abril de 2017: «Por eso resolvimos el tema del mercado de cambios para que aquellos que vengan a invertir a nuestro país, sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan».
Las «inversiones» extranjeras o nacionales que el Gobierno de Cambiemos dice esperar, abarcan aquellas que implican la entrega y apropiación privada de nuestros recursos naturales estratégicos.
El caso Lewis en el Lago Escondido de nuestra Patagonia es un ejemplo claro y concreto. Vaca muerta también es un ejemplo en este sentido.
Eso quiere decir que las eventuales inversiones que vengan, no sólo no generaran empleo nuevo, sino que además provocaran grandes salidas de divisas por remisión de utilidades de empresas extranjeras.
Resulta indispensable una ley-convenio de orden público entre Nación y Provincias en materia de preservación de patrimonio de recursos naturales.
Macri en diciembre de 2015: “…y si nos proponemos avanzar juntos, podremos llevar al Mercosur al siglo XXI.”
Apenas asumió, el Gobierno de Cambiemos comenzó a proponer, en las distintas instancias del Mercosur, la necesidad de «flexibilizar» el acuerdo para celebrar tratados de libre comercio con potencias industriales mundiales como EE.UU. (en el marco del Acuerdo Transpacífico), la Unión Europea, Japón y Canadá, entre otros.
Al mismo tiempo, en la arena diplomática, comenzó a lanzar un furibundo ataque hacia el resto de los gobiernos populares de la región, no condeno el golpe judicial en Brasil a Dilma Rousseff y reconoció inmediatamente el Gobierno corrupto y golpista de Temer.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que unos de los déficit más importantes de los gobiernos nacionales, populares y democráticos de la región, fue no lograr una integración económica de magnitud similar a la que se alcanzó en el campo de la política.
Un capítulo especial merece la Cuestión Malvinas. El Gobierno de Cambiemos está llevando a una desmalvinización a través de su política exterior que implica cada vez mayores niveles de entrega de soberanía, en el discurso y en los hechos.
En ese sentido va el reconocimiento de la explotación de recursos naturales en nuestras islas por parte del Reino Unido, la menor intensidad en los reclamos y la poca atención a la pérdida de cohesión no sólo de los paises latinoamericanos que históricamente nos han acompañado, sino también de los anglo y francoparlantes del Caribe que se sumaron al apoyo de la Causa Malvinas, durante le última década.
Es estratégico entonces, avanzar en un verdadero proyecto de integración a escala regional. Fortalecer los acuerdos con nuestros países vecinos y principales socios económicos es lo que se necesita en este momento, en el que los países desarrollados cierran sus mercados y vuelcan sus excedentes de producción al mundo a precios de regalo.
El Mercosur debe generar un amplio consenso a favor de un modelo productivo basado en la industrialización y la mejora de los salarios en todos los países de la región.
Sin estas coincidencias programáticas básicas, será imposible avanzar en un Mercosur que profundice una integración donde priorice «lo productivo» por sobre «lo comercial». Para ello, se debe dejar de lado el «regionalismo abierto» y transformar al Mercosur en un único mercado con comercio administrado que asegure el mercado interno ampliado a los productores locales, para avanzar en la industrialización, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
El fortalecimiento de la región es, además, presupuesto básico en la defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
