Con el objetivo puesto en proteger a las mujeres de la violencia que se ejerce sobre ellas, en los últimos años, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación promulgaron una cantidad normas, entre leyes y decretos, como parte de una política de inclusión e igualdad.
En abril de 2008 se sancionó la ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas como medida de protección a todas las mujeres menores y mayores de edad que fueran explotadas tanto dentro como fuera del país.
En 2012, el Congreso Nacional, por medio de la ley 26.842, le incorporó dos modificaciones: por un lado, no aceptar el “consentimiento” de la víctima -incluso, pese a su mayoría de edad-, y además exigir que las penas sean de cumplimiento efectivo sin importar el caso.
Ese mismo año se creó el Consejo Federal contra la Trata de Personas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que habilitó la línea gratuita 145 para recibir denuncias desde cualquier punto del territorio nacional las 24 horas del día.
Gracias a esta ley, hasta abril de este año, 8.325 víctimas fueron rescatadas por el el Estado Nacional, según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, casi todas la víctimas fueron mujeres, y más de la mitad (el 51%) fueron víctimas de explotación sexual.
En marzo de 2009 se sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, para abordar los distintos tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, entre las que se incluyen la doméstica, institucional, de libertad reproductiva y obstétrica, mediática y laboral.
Asimismo, se designó al Consejo Nacional de la Mujer como encargado de diseñar las políticas públicas para efectivizar la ley, así como de mantener en función la línea 144 que brinda contención, información y asesoramiento en violencia de género todos los días durante las 24 horas.
En octubre de 2009, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 insta en su artículo “M” a promover la igualdad en el tratamiento tanto a hombres como a mujeres, el tratamiento igualitario, plural y no estereotipado, además de evitar cualquier discriminación por género u orientación sexual en los medios.
En julio de 2011, Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto 936 que promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual, incluido el rubro 59 de los diarios.
En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la norma que agravó la pena del homicidio de una mujer o persona trans cuando esté motivado por su condición de género.
Fuente: TELAM