por Joseph E. Stiglitz / Adam S. Hersh *
Después de que negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del Pacífico se reunieran el lunes en Atlanta con el propósito de ultimar detalles del radicalmente nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), es justo y necesario realizar un análisis sobrio. El mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia no es lo que aparenta ser.
Oirá mucho sobre la importancia que tiene el TPP para el «libre comercio». La realidad es que este es un acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros y para hacer esto en representación de los más poderosos lobistas de negocios de cada país. No nos confundamos: es evidente del análisis de los principales asuntos pendientes, sobre los que los negociadores aún están regateando, que el TPP no gira alrededor del “libre” comercio.
Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo debido a la forma en la que Canadá y EE UU administran el comercio de los productos lácteos. Australia no está contenta con la forma en la que EE.UU y México administran el comercio del azúcar. Y, EE UU no está contento con la forma en la que Japón administra el comercio del arroz. Estos sectores industriales están respaldados por significativos bloques de votantes en sus respectivos países. Y, ellos representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP implementaría una agenda que, en los hechos, funcionaría en contra del libre comercio.
Para empezar, considere lo que haría el acuerdo en cuanto a ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, tal como nos dimos cuenta al leer versiones del texto de negociación que se filtraron al exterior. La investigación económica muestra claramente las razones por las que tales derechos de propiedad intelectual conducen, en el mejor de los casos, a que la investigación farmacéutica sea débil. En los hechos, existe prueba de que ocurre lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre los genes BRCA, ello condujo a una expansión rápida de la innovación, lo que a su vez se tradujo en mejores pruebas de detección a menores costos. Ciertamente, las disposiciones del TPP van a restringir la competencia abierta y elevarán los precios que pagan los consumidores en EE.UU. y en todo el mundo – esto se constituye en un anatema para el libre comercio.
El TPP administraría el comercio de productos farmacéuticos a través de una variedad de ostensiblemente arcanos cambios en las reglas, sobre temas tales como la “vinculación de patentes”, la “exclusividad de los datos” y los “productos biofarmaceúticos”. El resultado de esto es que a las compañías farmacéuticas se les permitiría alargar prácticamente – y algunas veces casi indefinidamente – sus monopolios de medicamentos patentados, así como mantener fuera del mercado a medicamentos genéricos más baratos y bloquear, durante muchos años, la introducción de nuevos medicamentos por parte de competidores “biosimilares”. Esta sería la forma como el TPP administraría el comercio en lo que respecta a la industria farmacéutica, si EE.UU. se sale con la suya.
Del mismo modo, considere cómo EE.UU. espera utilizar el TPP para administrar el comercio en el ámbito de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras con sede en EE.UU. han utilizado mecanismos de adjudicación para inversores extranjeros, mismos que fueron creados mediante acuerdos similares al TPP, para luchar en contra de regulaciones destinadas a frenar el tabaquismo, un flagelo que afecta a la salud pública. Bajo estos sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por su denominativo en inglés: investor-state dispute settlement), los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones.
Los intereses corporativos internacionales promueven el uso de los sistemas ISDS, cuando ello se considere necesario, con el fin de proteger los derechos de propiedad donde no hay imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. EE.UU. está tras el logro de implementar el mismo mecanismo en el caso de un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, a pesar de que existen pocas dudas sobre la calidad del sistema legal y judicial de Europa.
Con toda certeza, los inversores – independientemente de donde estén ubicadas sus sedes principales – merecen protección frente a la expropiación o las regulaciones discriminatorias. Pero, los ISDS van mucho más allá: la obligación de compensar a los inversores por pérdidas de ganancias esperadas puede y se ha aplicado incluso cuando las reglas no son discriminatorias y las ganancias se obtienen causando daños a la comunidad.
La corporación conocida anteriormente como Philip Morris está actualmente tramitando casos de este tipo en contra de los gobiernos de Australia y Uruguay (que no es un socio del TPP) debido a que dichos gobiernos exigieron que los cigarrillos lleven etiquetas de advertencia. Hace unos años, Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, se retractó de introducir el uso de una etiqueta de advertencia que tenía una eficacia análoga.
Dado el velo del secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido de algunos aspectos de los ISDS. De cualquier manera, el tema más amplio continúa siendo el mismo: dichas disposiciones hacen que sea difícil para los gobiernos llevar a cabo sus funciones básicas – es decir, proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y proteger el medio ambiente.
Imagínese lo que hubiese sucedido si estas disposiciones hubieran estado establecidas cuando se descubrieron los efectos letales del asbesto. En lugar de clausurar a los fabricantes y obligarlos a indemnizar a quienes sufrieron daños, bajo las disposiciones de los ISDS, los gobiernos hubiesen tenido que pagar a los fabricantes para que dichos fabricantes no maten a sus ciudadanos. Los contribuyentes hubiesen sido gravados por doble partida – primero para pagar por los daños a la salud causados por el asbesto, y luego para pagar a los fabricantes por haber perdido ganancias cuando el gobierno intervino con el objetivo de regular un producto peligroso.
No debería sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de Estados Unidos produzcan comercio administrado en lugar de libre comercio. Eso es lo que sucede cuando se cierra el acceso al proceso de formulación de políticas a las partes interesadas no empresariales– sin tener que mencionar a los congresistas, quienes son los representantes elegidos por los ciudadanos.
Fuente: El País
* Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor de la Universidad de Columbia, fue Presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, y se desempeñó como Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial. Adam S. Hersh es Economista Sénior en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de la Universidad de Columbia.
