El 21 de febrero de este año, bajo el título: 18F, el bautismo de fuego del Partido Judicial, señalábamos la aparición pública del Partido Judicial, como el “Nuevo ariete contra los Gobiernos Populares, que suplanta al Partido Militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de Gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”.
“Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. O sea, un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular.”
Enumerábamos en dicha publicación un cúmulo de actos y decisiones de ciertos sectores del Poder Judicial tendientes a la desestabilización, y aún destitución del Poder Ejecutivo Nacional.
En el día de la fecha, una vez más, el inefable Juez Bonadío corrobora que no solamente son desestabilizadores y destituyentes, sino que además participan en forma militante para las elecciones que tendrán lugar este domingo 22, en ocasión de celebrarse el balotaje.
En el día de la fecha, siendo las 14:22hs, pleno horario cambiario, llegó a la mesa de operaciones del Banco Central la Metropolitana para realizar un allanamiento ordenado por el Juez Bonadío en el marco de la denuncia realizada por el Dip. Federico Pinedo del PRO y el Dip. Mario Negri de la UCR, sobre la operatoria de dólar futuro, interrumpiendo por primera vez en la historia en funcionamiento del Mercado Único de Cambios.
El primer punto a destacar es que este allanamiento se produce en el horario de funcionamiento de la mesa de operaciones del Banco Central, organismo que tiene como función nada menos que administrar todas las importaciones y las exportaciones del país, realizar los pagos de la deuda externa y controlar los movimientos del tipo de cambio y de la tasa de interés. O sea, que los funcionarios del Banco Central que están operando en la mesa tienen que estar no solo cumpliendo sus funciones, sino que además tienen que ponerse a trabajar en lo que la justicia les requiere, con el riesgo que esto conlleva para el normal funcionamiento del Mercado Único y Libre de cambios, y de la economía argentina en su conjunto.
Pero, además, lo que llama la atención es que este allanamiento se produce a solo dos días de que el Banco Central se haya presentado voluntariamente en la justicia (el pasado viernes) y haya ofrecido completa colaboración para cualquier tipo de requerimiento.
Cabe destacar que exactamente a la misma hora de iniciado el allanamiento, con precisión quirúrgica, el portal web “InfoBae.com” publicaba en twitter y en su portal web “La policía metropolitana allana el Banco Central por orden del juez Claudio Bonadio”, confirmando que el allanamiento está siendo llevado a cabo por la policía que depende del mismo partido político que realiza la denuncia: el PRO. Por otro lado, a las 14:14 (hora en la que la metropolitana y Bonadío estaban ingresando al BCRA), el diario “El Día” de La Plata informaba que “Allanan el Banco Central”, también destacando la participación de Bonadio y la Metropolitana.
Bonadío solicita información que, para colmo, es inexistente, puesto que intenta averiguar con qué contraparte operó el Banco Central en el mercado de dólar-futuro. Sucede que este mercado es lo que técnicamente se denomina “ciego”, puesto que el Banco Central no puede ver en su pantalla de operaciones quién es la institución que compra o vende este tipo de instrumentos, justamente para evitar que se puedan cometer hechos ilícitos por parte de la autoridad monetaria.
Cabe preguntarse ¿qué podría suceder si se interrumpe la normal y habitual intervención del Banco Central en el mercado de cambios debido a que la Metropolitana y Bonadío irrumpen, paralizando el normal funcionamiento del BCRA? Básicamente, el mercado pasaría a controlar el valor del dólar y con toda seguridad se generaría una devaluación o pérdida de reservas, como la que se tuvo hoy luego que hicieron público el allanamiento .
Ya no estaríamos ante una corrida bancaria, como las que hemos tenido que enfrentar durante nuestro Gobierno que, dicho sea de paso, ha sufrido y superado 9 de estas maniobras especulativas; sino que estaríamos ante un hecho inédito: una “corrida cambiaria judicial”. No cabe duda que el Partido Judicial sigue exhibiendo una anomia y desprecio por los intereses del País y el bolsillo de los argentinos francamente sorprendentes.
¿O tal vez la devaluación que Macri no cuenta, la quiere hacer por vía judicial? Sería lo último que falta judicializar en Argentina: el dólar y la política monetaria.
En el 2001 la Argentina y sus ciudadanos sufrieron la apropiación de todos sus ahorros (más conocido como “corralito”) y más tarde el “corralón”, sin que ningún Juez haya allanado ningún banco privado ni oficial, ni mucho menos aún el Banco Central de la República Argentina, máxima autoridad monetaria y responsable del Mercado Único y Libre de Cambios de nuestro País.
Acá bastó una simple denuncia, nada más ni nada menos, que de miembros del Partido del PRO, que integra la Alianza Cambiemos que lleva a Mauricio Macri como candidato a presidente, para que con la Policía Metropolitana que depende del Candidato, allanen la máxima autoridad monetaria del País, a tan sólo 5 días de la elección en que su candidato, el del PRO y el de Bonadío compite por la Presidencia de la Nación.
Que la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri sostenga que vienen por la calidad institucional y que el actual Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial, se constituye en un verdadero acto de cinismo e impunidad mediática. Los hechos son tan claros que huelgan los comentarios. No solamente esto que ha pasado el día de la fecha: el mismo Juez, con la misma policía, ha realizado estrepitosas maniobras de allanamientos,“a troche y moche”, contra candidatos del oficialismo; creando una nueva figura procesal: el allanamiento preelectoral.
Pero el Juez Bonadío parece no estar sólo.
Siento, como Presidenta de la República y también como ciudadana, una inmensa preocupación y también una gran responsabilidad sobre lo que está sucediendo en el más alto Tribunal de nuestro País.
La República Argentina necesita de su Corte Suprema de Justicia. Una Corte que actúe con independencia y autoridad. Que integre saberes, disciplinas y género para reflejar un país.Eso pensaba Néstor Kirchner cuando decidió autolimitarse en sus facultades -Dec. 222/03- para proponer un procedimiento y un modelo de CSJN no adicta.
Por supuesto, esa CSJN debe actuar aplicando la Constitución Nacional y la Ley sin depender tampoco de la oposición política ni de los factores de poder económico.
Pero para poder hacer eso debe estar completa.
Son sus cinco miembros, -porque también es bueno recordar que hemos renunciado a ampliarlamediante el Proyecto de Ley de mi autoría cuando era Senadora, para dejar bien claro que no queremos una Corte adicta- los que tienen que contrapesar criterios jurídicos entre sí para actuar como un verdadero cuerpo colegiado.
En síntesis: Néstor Kirchner dictó el Dec. 222/03 autolimitándose para designar miembros de la Corte. Y la que suscribe, cuando fue Senadora, presentó el Proyecto por el cual se redujo la Corte a 5 miembros. No es a este Gobierno al que le pueden reclamar independencia judicial, de la que sí parecen carecer los que vienen a cambiar todo. Viendo como actúan, es cierto: vienen a cambiar todo. De mínima, y para empezar, utilizar el Poder Judicial con fines políticos y electorales de una manera nunca vista, por el desparpajo de los actores y la impunidad mediática..
Hoy, lamentablemente, no contamos con aquella Corte. Un poco porque la cerrada oposición al gobierno esta encaprichada en no completarla y otro poco porque hay un evidente aprovechamiento de la situación.
En sus dos últimos fallos -nada menos que YPF y Clarín-, y en pleno proceso electoral se observa una cosa por lo menos extraña.Uno de sus miembros -la única mujer- ha votado en disidencia. Los otros tres -¿o dos?- decidieron otro camino, el de exponer a YPF y dar mas tiempo cautelar a Clarín.
Es claro que el Dr. Fayt no goza de buena salud. Tanto es ello así que ha presentado, por esa razón, su renuncia luego de un largo servicio.
Se conocen neurólogos que opinan que no está en condiciones de ejercer la magistratura o decidir hasta los temas más nimios de su vida cotidiana. Pocos lo ven y hace bastante que no opina, como era de su gusto, públicamente.
Más grave aún, hubo un confuso episodio, nada menos que con su firma, que obligó a una supuesta e inédita ratificación posterior de actos que se dieron por válidos desde la misma Corte Suprema, sin control alguno.
Lo que venimos apuntado nos asiste para preguntarnos con toda razón si no se trata de una Corte de dos miembros decidiendo en temas fundamentales o en cualquier otro que afecte los derechos y garantías constitucionales de cualquier ciudadano.
Dos personas no pueden ser nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estaríamos ante una situación única en la historia de nuestro país y una inadmisible violación de nuestra Constitución y del Sistema Republicano.
Es necesario que se completen los trámites para que las instituciones actúen en defensa del Sistema Republicano de Gobierno, que se basa, no sólo en la clara división de poderes y los roles de cada uno de ellos, sino también en la respeto de los Derechos y Garantías consagrados en la primera parte de nuestra Constitución.
Los argentinos, para estar tranquilos, necesitamos que se resuelva esta situación, que afecta la seguridad jurídica que un país debe garantizar, no sólo a sus ciudadanos, sino también frente al mundo.
Concluyendo: en poco menos de 3 semanas, y en medio de trascendentales eleccionesen las que se va a decidir el próximo Presidente de la Nación, sectores del Poder Judicial adoptan medidas de fuerte estrépito social y dudosa juricidad.
Y lo que es peor aún: fallos de consecuencias impredecibles que pueden afectar no sólo el patrimonio y los recursos naturales de los argentinos, sino además pretender incidir en la política monetaria de la Nación, facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y Legislativo, por imperio de la Constitución Nacional.
